El 'yonqui del dinero' reaparece en su cuarto juicio del 'caso Taula': “Yo no soy trabajador zombi, los zombis son otros”

La defensa de Marcos Benavent, autodenominado 'yonqui del dinero', ha vuelto a cuestionar los registros del 'caso Taula', acaecidos hace una década exacta, en el cuarto juicio de la macrocausa en el que se sienta en el banquillo de los acusados, correspondiente a la pieza separada E, sobre las presuntas mordidas repartidas en el marco de contratos municipales de la etapa de Rita Barberá en el Ayuntamiento de València. Se trata del cuarto juicio, esta vez ante la sección quinta de la Audiencia Provincial de Valencia, tras su condena en las piezas J (casi ocho años de cárcel) y B (cinco años) y su absolución en la D.

Benavent, antes de la vista, ha asegurado que sí que trabajaba en la Fundación Jaume II El Just, cuyo contrato cuestiona la acusación pública.

El 'yonqui del dinero' ha asegurado a la entrada de la Ciudad de la Justicia: “Yo no soy trabajador zombi, los zombis son otros”. “Claro que trabajaba”, ha agregado.

Por su parte, el gerente de la fundación pública, Vicente Burgos, también acusado en la causa, también antes de la vista, se ha declarado inocente y ha asegurado que Benavent “sí que trabajaba”, aunque era una época “del fax”, en la que “no había redes sociales” y se usaba el Nokia: “No nos hacíamos seflies”, ha rememorado.

Ya en la sala, el abogado de la defensa de Marcos Benavent, el penalista Juan Carlos Navarro, ha recordado que las sentencias dictadas en el seno del 'caso Taula' están pendientes de sendos recursos ante el Tribunal Supremo. Cada pieza separada de una macrocausa se erige en un “proceso autónomo”, tal como establece la jurisprudencia del alto tribunal.

La defensa ha solicitado la nulidad del auto del 25 de enero de 2016 del Juzgado de Instrucción número 18 de València, que autorizó los registros policiales del día siguiente. La primera vista del juicio se celebra una década exacta después del despliegue por parte de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil. “Entendemos que no está suficientemente motivado”, ha afirmado el letrado.

También ha cuestionado la prueba volcada de los ordenadores intervenidos, así como los audios secretos que grabó Marcos Benavent y que su exsuegro, el empresario Mariano López, entregó a Rosa Pérez Garijo, entonces diputada provincial de Esquerra Unida.

La causa se centra en la contratación del 'yonqui del dinero' en la Fundación Jaume II El Just, de la cual Vicente Burgos (también acusado) era gerente, sin que asistiera a su puesto de trabajo, según la tesis de Anticorrupción, representada por el fiscal Fernando Maldonado.

Además, también se enjuician presuntas comisiones en el marco de contratos del área de Cultura del Ayuntamiento de València, encabezada por la concejal María José Alcón (fallecida).

El fiscal anticorrupción, tal como informó elDiario.es, solicita seis años de prisión para Benavent por los presuntos delitos de cohecho, prevaricación administrativa y malversación de caudales públicos. A Burgos le pide cinco años de prisión por un presunto delito continuado de malversación.

En el banquillo se sientan también los empresarios Carlos Vicent Gil, Carlos Turró y Enrique Aleixandre, para quienes el Ministerio Público solicita una pena de tres años de prisión por un presunto delito de cohecho.

Audios “válidos”, según Anticorrupción

El fiscal Maldonado ha manifestado que los audios son “válidos” y ha recordado que el autor de las grabaciones, el acusado Marcos Benavent, “dio fe” de su contenido en la primera fase de la causa, cuando colaboraba con la investigación del 'caso Taula'.

Anticorrupción considera que Burgos tenía “perfecto conocimiento” de que Benavent “no trabajaba en la entidad” pública de la que era gerente y que, por o tanto, “estaba cobrando sin estar trabajando”. El 'yonqui del dinero' reconoció durante la fase de instrucción que trabajaba para el PP, pese a estar contratado en la Fundación Jaume II El Just.

También ha recordado el representante del Ministerio Fiscal que la Audiencia Provincial de Valencia avaló la instrucción. “Donde hay patrón, no manda marinero”, ha dicho Fernando Maldonado.

El abogado de Carlos Turró ha pedido que se le dispense de la asistencia a todas las vistas del juicio dada su “situación anímica bastante complicada”.

El abogado que representa a la acusación que ejerce el Ayuntamiento de València ha pedido la renuncia al testigo Pedro Aracil, exasesor del PP.

La defensa de Vicente Burgos apunta a González Pons

Por su parte, la defensa del acusado Vicente Burgos ha asegurado que los delitos que se le imputan habrían prescrito.

El abogado también ha recordado que el cuestionado contrato de Marcos Benavent en la Fundación Jaume II El Just fue firmado por el entonces conseller Esteban González Pons, actual eurodiputado del PP.