La Guardia Civil de Baleares pide usar el barco que un narcoestibador del Puerto de València tenía en Ibiza con un testaferro

La Guardia Civil de las Islas Baleares ha solicitado el uso provisional del barco incautado en Ibiza a uno de los presuntos narcoestibadores del Puerto de València investigado en la 'operación Spider', que desarticuló una supuesta trama a gran escala de tráfico de cocaína, retirando del mercado ilícito europeo hasta 3,5 toneladas de polvo blanco. Así figura en un informe del Instituto Armado que consta en el sumario, al que ha tenido acceso elDiario.es. Los investigadores de la Unidad de Drogas y Crimen Organizado (Udyco) de la Policía Nacional, con la ayuda de ocho agentes encubiertos, detectaron que Iván T. R., uno de los presuntos capos de la red, tenía en el Club Deportivo Es Nàutic de Sant Antoni (Ibiza), a nombre de un supuesto testaferro, una embarcación Axe (modelo Axopar 37), de unos 11 metros de eslora.

El Servicio Marítimo de la Guardia Civil, que ha puesto el ojo en la lancha, reconoce en el informe que se enfrenta a un “desafío operativo creciente”, al estar en una “localización estratégica en el Mediterráneo Occidental” y en un ámbito territorial con una “particular incidencia del fenómeno del narcotráfico”.

“Las Islas Baleares constituyen un enclave geográfico de singular vulnerabilidad frente a las actividades de tráfico ilícito de estupefacientes”, abunda el informe, que alude a la “elevada movilidad marítima y aérea”, a la “intensa actividad turística” y a la “fragmentación territorial en múltiples islas y calas de difícil acceso”, en un “entorno especialmente propicio para la introducción, ocultación y distribución de sustancias prohibidas”.

“Estas características son aprovechadas por organizaciones criminales que emplean rutas discretas, embarcaciones de alta velocidad y métodos sofisticados de traslado y ocultación, incrementando la complejidad de las labores de vigilancia, investigación y persecución”, apostilla la Guardia Civil. 

El Instituto Armado alerta de que su capacidad frente a “redes criminales cada vez más estructuradas” se ve “comprometida” y lamenta la “situación preocupante” por el exceso de horas de motor y la “escasa renovación” de sus embarcaciones,a demás de la “merma de la fiabilidad” y el “incremento de la siniestralidad”. El “uso excesivo” de los barcos de la Guardia Civil incrementa la “frecuencia de las averías”, remacha el informe.

Además, la incorporación de barcos incautados en operaciones de narcotráfico como la del Puerto de València “permite el seguimiento de objetivos que se mueven con embarcaciones de marcas y modelos de alta gama”, cuyo precio es inasumible para las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y que, además, no están homologadas para su adquisición centralizada.

Uso de “personas interpuestas”

La lancha Axe “cumple” con los requisitos técnicos valorados por el Instituto Armado, según indica el informe, firmado por el capitán jefe del Servicio Marítimo de las Islas Baleares. En caso de obtener la autorización para su uso provisional, la embarcación se sumaría a los 26 vehículos y motocicletas (la mayoría de alta gama) intervenidas a la presunta trama cuya utilización también solicita la Udyco.

El titular del contrato de amarre era Salvador Julio C. M., portuario en València, según un informe policial. Los investigadores sostienen que el uso de “personas interpuestas” supone una “dinámica habitual” del investigado Iván T. R. (considerado como uno de los principales capos junto con Borja M. R.). El presunto narcoportuario, a consecuencia de antiguas pesquisas judiciales y policiales que le supusieron “consecuencias patrimoniales”, evita titularizar “propiedades inmobiliarias a su nombre” de cara a “proteger sus bienes”, según la Udyco de la Policía Nacional. El supuesto testaferro también está vinculado a una operación de compraventa de un inmueble con Iván T. R.

De los tres titulares registrales de la lancha de alto rendimiento, Jose R. M. mantiene una “relación de amistad” con el presunto narco, según la Policía. La Udyco dedujo de las conversaciones telefónicas intervenidas que Iván T. R. era el propietario “real” de la embarcación y que ostentaba “su posesión y disfrute”. 

Las cámaras del Es Nàutic

En una llamada pinchada el pasado 29 de agosto, Iván T. R. pregunta a un trabajador del club náutico ibicenco: “¿Cuándo le pegas un meneo al barco?”. Su interlocutor respondió: “A tu barco, cuando quieras”. La Policía detectó, gracias al posicionamiento del teléfono del presunto narco, que estaba situado en el Es Nàutic de Sant Antoni cuando el trabajador se acercó a la embarcación para ejecutar el encargo.

En otra llamada, un tal Quique manifestó: “Ya me han dicho que te has comprado un barquito, ¿no?”. Su interlocutor respondió: “Sí, de un amigo”. El mismo individuo advirtió en otra conversación sobre una autorización burocrática de la embarcación: “Hay que poner el nombre de la persona a que esté el barco”.  

Tras estas llamadas, los investigadores de la Udyco pidieron al club náutico las grabaciones de las cámaras de seguridad y comprobaron que Iván T. R. aparece realizando gestiones relativas a la embarcación, acompañado por su mujer.

Una lancha comprada por 60.000 euros

Ana María Lillo, la jueza sustituta del magistrado titular de Instrucción 15 de València, Vicente Ríos, acordó en un auto del pasado 31 de octubre la prohibición absoluta de disponer, vender o enajenar la embarcación amarrada en el Es Nàutic de Sant Antoni, para lo que se libró un oficio al club deportivo.

Poco después, el pasado 3 de noviembre, la abogada de Salvador Julio C. M., que no figura como investigado en la causa, remitió un escrito a la jueza lamentando los “perjuicios económicos” a consecuencia del bloqueo de la lancha (al tener que asumir el pago del amarre).

Además, también aportó el contrato de compraventa de la adquisición del barco, por un importe de 60.000 euros.