PP y Vox abren la puerta a que las grandes superficies comerciales operen con menos controles ambientales en Balears

El PP estudia apoyar una enmienda de Vox que busca reconfigurar aspectos clave de la tramitación ambiental de las grandes superficies comerciales en Balears, abriendo las puertas a procedimientos más ágiles y con un menor número de controles previos. Aunque la propuesta mantiene la obligatoriedad de la evaluación ambiental de los proyectos -uno de los pilares del modelo vigente-, reduce en la práctica la capacidad de controlar el proyecto desde el inicio al permitir que su tramitación avance sin el preceptivo informe municipal -pieza clave en este proceso- cuando el promotor aporte un certificado de conformidad urbanística emitido por una entidad colaboradora. De este modo, el control ambiental deja de operar como filtro previo y queda desplazado a fases más avanzadas del procedimiento.

La formación de extrema derecha quiere introducir la enmienda a través de la ley autonómica de aceleración de proyectos estratégicos, una norma concebida para agilizar inversiones pero que, a su paso por el Parlament balear, se ha convertido en herramienta para intentar modificar buena parte del ordenamiento autonómico balear: tanto PP como Vox han presentado a la misma decenas de correcciones que, de prosperar, permitirán reformar de forma encubierta, como denuncian desde la oposición, más de 50 leyes autonómicas.

Una de las enmiendas es la que Vox ha registrado en relación a la tramitación de los proyectos de grandes superficies. En la actualidad, estos deben someterse, en función de sus características, a procedimientos de evaluación de impacto ambiental dirigidos a analizar sus efectos sobre el territorio, la movilidad, el consumo de recursos o la generación de residuos, un trámite que requiere de informes previos, especialmente por parte del ayuntamiento afectado. Ese informe municipal es precisamente el que actúa como órgano sustantivo en la tramitación ambiental ante la Comisión de Medio Ambiente, encargada de canalizar la evaluación.

Desde el Govern de Marga Prohens (PP), su conseller de Empresa, Autónomos y Energía, Alejandro Sáenz de San Pedro, aseguró este martes que “no se abrirá ninguna puerta a atajos”, aseverando que los populares están estudiando la propuesta de Vox “con rigor, escuchando al sector y evaluando el alcance real” de la misma. Preguntado por el Grupo Socialista en el pleno de la Cámara autonómica, el titular del área señaló que el comercio necesita simplificación y agilización administrativa y aprovechó para arremeter contra las políticas del anterior Ejecutivo de izquierdas: “No hay ningún tipo de desregulación, lo que estamos haciendo es corregir la incoherencia que ustedes dejaron en 2023. Aplicamos el mismo criterio que ya existía para la evaluación simplificada, también para la ordinaria”, espetó.

Frente a ello, la diputada del PSIB-PSOE Mercedes Garrido reprochó que la enmienda de Vox pretende suprimir en la práctica la evaluación del impacto ambiental de los nuevos grandes supermercados y las ampliaciones de los grandes centros comerciales: “Esta supresión del tramite ambiental supondrá que no se evalúe la movilidad que puedan generar las nuevas grandes superficies”. Por su parte, desde Més per Mallorca acusan al PP de “querer desmantelar por la puerta de atrás” el modelo comercial de la isla, debilitando el papel de la evaluación ambiental como filtro previo a la autorización de grandes proyectos.

Desde el PP, su portavoz parlamentario, Sebastià Sagreras, señaló el lunes que su formación comparte el objetivo de agilizar los procedimientos administrativos que afectan a proyectos estratégicos. No obstante, subrayó que cualquier modificación deberá respetar el Plan Director Sectorial de Equipamientos Comerciales de Mallorca (Pecma), uno de los instrumentos que regulan la implantación de este tipo de infraestructuras en la isla.

La puesta en marcha de grandes superficies está sujeta a un entramado normativo que combina legislación autonómica, planificación insular y controles ambientales. La referencia principal es la Ley 11/2014 de comercio de las Illes Balears, que establece la obligación de obtener una autorización comercial autonómica para los grandes establecimientos, además de las licencias urbanísticas y de actividad municipales. La norma se complementa con el Pecma, que fija los criterios territoriales y los límites al crecimiento de este tipo de infraestructuras. El plan define qué se considera gran establecimiento comercial -generalmente a partir de determinados umbrales de superficie de venta- y condiciona su implantación a factores como la localización, la accesibilidad o la integración en el entorno urbano. Uno de los pilares del sistema actual es la evaluación ambiental de los proyectos.

La enmienda de Vox también propone que los informes sobre impacto en infraestructuras y servicios puedan imponer medidas compensatorias por las externalidades negativas, pero dentro de un procedimiento más flexible. Asimismo, introduce la posibilidad de autorizar ampliaciones de la superficie comercial sin aumentar la edificabilidad, lo que podría incrementar la intensidad de uso de grandes superficies ya existentes sin someterlas necesariamente a nuevos procesos completos de evaluación.

El posible apoyo del PP se inscribe en un cambio más amplio en la política comercial de la legislatura, marcado por un giro hacia posiciones más favorables a los grandes operadores. En 2025, conservadores y extrema derecha ya rechazaron en el Parlament la toma en consideración de una ley que, bajo el impulso de Més per Mallorca, planteaba crear un impuesto específico a las grandes superficies con el objetivo de compensar su impacto territorial, ambiental y sobre el comercio de proximidad. La propuesta contemplaba gravar los metros cuadrados de superficie comercial y destinar la recaudación a reforzar el tejido urbano y mitigar externalidades como el aumento del tráfico o la presión sobre el suelo.

Ahora, el foco se desplaza de la fiscalidad al procedimiento: menos cargas, más rapidez y un papel creciente de entidades colaboradoras en la validación urbanística que, como advierten desde a oposición, amenazan con reducir garantías en un territorio especialmente tensionado por la presión urbanística, turística y comercial.