Adiós a los permisos previos: el PP apuntala su amnistía urbanística balear en plena pugna ante el Constitucional

El PP ha movido ficha para apuntalar una de las normas más controvertidas de la legislatura en Balears: la amnistía urbanística que permitirá legalizar viviendas construidas de forma ilegal en suelo rústico en determinadas condiciones so pretexto, según defiende el Govern de la popular Marga Prohens, de facilitar el acceso a la vivienda. Ocho meses después de aprobar, con el apoyo de Vox, la más conocida como ley de liberalización del suelo, los conservadores han presentado enmiendas que, en la práctica, no alteran el fondo de una norma que ya ha abierto las puertas a regularizar cientos de edificaciones, incluidas aquellas situadas en las áreas de máxima protección de la Serra de Tramuntana,  el pulmón verde de Mallorca declarado en 2011 Patrimonio Mundial por la UNESCO.

El texto nació con el propósito inicial de liberalizar suelo y construir 20.000 viviendas en Palma, si bien los conservadores acabaron cediendo ante la extrema derecha en su pretensión de extender la aplicación de la norma a los 24 municipios del archipiélago que cuentan con más de 10.000 habitantes. En otros 13, siempre que así lo decidan los ayuntamientos, se podrá recalificar suelo rústico para levantar más edificaciones. Por exigencia de los de Santiago Abascal, la normativa permitirá, también con la última palabra de los consistorios, construir en suelo rústico sin necesidad de haber agotado el urbanizable.

Una treintena de entidades así como 50 diputados de izquierdas decidieron impugnar el texto ante el Constitucional al considerar que supone “el ataque más grave” contra el suelo rústico de las islas y consolida un modelo que premia las construcciones ilegales e incrementa la presión urbanística sobre el territorio. El recurso, que abre un escenario de incertidumbre sobre las viviendas que ya se encuentran en proceso de ser regularizadas, fue admitido a trámite pero aún está pendiente de resolución.

Mientras el Alto Tribunal dirime sobre la constitucionalidad de la norma, el PP ha registrado ahora distintas correcciones con las que buscan enmendar algunos de los puntos más vulnerables desde el punto de vista jurídico. El principal radica en eliminar el silencio positivo, que permitía dar por aprobada la legalización si la Administración no resolvía en plazo, y sustituirlo por un silencio negativo.

Las enmiendas, sin embargo, amplían el uso de las declaraciones responsables no solo para iniciar actividades, sino también para sustituir documentación en numerosos procedimientos administrativos, evitando, como sostienen desde el PP, que los ciudadanos “tengan que aportar repetidamente documentos que ya están en su poder o la verificación de los cuales se puede hacer posteriormente”. En la práctica, este sistema permitiría impulsar actividades sin necesidad de autorización previa, trasladando el control a un momento posterior pero reforzando el régimen sancionador en caso de incumplimiento.

Como explica la formación en una nota de prensa, se trata de una medida que permitirá que ciudadanos y empresas puedan “ejercer derechos sin tener que esperar autorizaciones administrativas previas, sustituyendo trámites largos por procedimientos más rápidos y eficaces”. Los populares señalan en que este sistema “se basa en un principio de confianza con responsabilidad, similar al funcionamiento de la declaración de la renta”. “El ciudadano declara que cumple los requisitos, puede actuar de manera inmediata, y la Administración comprueba posteriormente”. En caso de falsedad o incumplimiento, subrayan, se establecen “consecuencias claras”, con un refuerzo e incremento del régimen sancionador y la posibilidad de suspender la actividad.

Otro de los puntos de la reforma pasa por incorporar a las entidades colaboradoras de certificación -como los colegios profesionales o las cámaras de comercio- para que puedan validar la documentación y los requisitos técnicos con eficacia administrativa. Se trata de un modelo que, aunque con la intención de reducir tiempos de revisión, supondrá en la práctica una externalización parcial de las funciones de control y una mayor agilización de licencias y trámites en un contexto marcado por la creciente saturación turística y el debate sobre los límites del crecimiento en Balears.

Con estas modificaciones, el PP busca apuntalar la norma sin renunciar a su contenido esencial. No en vano, el núcleo de la ley permanece intacto: la norma posibilita legalizar viviendas fuera de ordenación en suelo rústico y cuya infracción haya prescrito, incluidas aquellas ubicadas en zonas de máxima protección. La regularización alcanza incluso a las edificaciones construidas sin licencia antes de 1991, año en que fue aprobada la ley balear de espacios naturales, que introdujo mayores restricciones en materia medioambiental ante la urgente necesidad de preservar el patrimonio natural y paisajístico de las islas.

El Ejecutivo de Prohens presenta esta regularización como una herramienta para tratar de dar solución a la grave situación que atraviesan las islas en materia de vivienda, y defiende tajante que la medida no supondrá de ningún modo la ejecución de nuevas construcciones. Las formaciones de izquierdas y las entidades sociales y ecologistas consideran, sin embargo, que la legalización de estos inmuebles no llegará a alcanzar a las familias trabajadoras.

No en vano, los colectivos consideran esta iniciativa como “el mayor pelotazo urbanístico de los últimos 50 años” y una “bomba demográfica” dentro de una isla saturada y con recursos como el agua al límite. En esta línea, alertan del sesgo ideológico de la norma al poner el foco, denuncian, en la liberalización del suelo y en la reducción de controles públicos mientras deja de lado la urgencia de garantizar el acceso a una vivienda digna para la población residente.

En esta línea, critican que el Ejecutivo no plantee medidas ambiciosas para regular, entre otros, los precios del alquiler en un contexto en el que gran parte de la población balear destina más del 40% de sus ingresos al pago de la vivienda y a pesar de que más de 105.000 viviendas se encuentran vacías en las islas. Una cifra que en 2021 suponía un 23,9% más de las que había una década antes. Los colectivos también denuncian que el texto no contemple frenar la presión de la vivienda turística ni ponga coto a la compra de segundas residencias por parte de extranjeros con elevado poder adquisitivo, garantizando por ley un parque de vivienda para los residentes dada la escasez de territorio y frenando con ello el incremento desbocado de los precios.

Según la entidad la entidad Mallorca per viure, no per especular, la ley de liberalización del suelo aprobada por PP y Vox abre las puertas a la construcción de más de 37.400 pisos en suelo rústico en Mallorca y a un crecimiento demográfico “sin precedentes”. Tras varios meses de investigaciones, el colectivo publicó un estudio que por primera vez cuantificaba el impacto territorial y demográfico del texto: según su diagnóstico: los siete municipios afectados por la norma podrían sumar 252.810 nuevas plazas residenciales, es decir, un 37% más de población respecto al censo de 2024. Para alcanzarlo, la ley permitiría levantar 37.432 nuevas viviendas en 1.246 hectáreas de suelo rústico hasta ahora protegido. La totalidad de hectáreas que pasarán a ser edificables será de 1.246, en su mayoría suelos agrarios y forestales.

Uno de los puntos más controvertidos de la normativa es la posibilidad de que las llamadas Áreas de Transición (AT) -franjas que, como recuerda el estudio, hasta ahora actuaban como cinturón de contención alrededor de los núcleos urbanos- puedan recalificarse como suelo urbanizable para permitir la construcción de nuevas viviendas. La función de las AT era clara: frenar la expansión urbanística y reservar espacio para infraestructuras básicas. Pero la ley las convierte en urbanizables con densidades propias de ciudad dormitorio: hasta 225 habitantes por hectárea.

La 'Ley de actuaciones urgentes destinadas a la obtención de suelo' es una bomba demográfica gráfica dentro de una isla saturada y con recursos como el agua al límite. El Govern la ha aprobado con la excusa de hacer más 'vivienda social', pero la realidad es que se trata de un regalo a las grandes promotoras urbanísticas sin ninguna previsión de las consecuencias ambientales, territoriales y demográficas que comportará la norma“, denuncian desde la plataforma ecologista.