Una “bomba” territorial: PP y Vox permitirán construir más de 37.400 pisos en rústico en Mallorca, según una investigación

La ley de liberalización del suelo aprobada con los votos de PP y Vox en Balears se ha convertido, so pretexto de favorecer el acceso al mercado de la vivienda, en una normativa que abre las puertas a la construcción de más de 37.400 pisos en suelo rústico en Mallorca y a un crecimiento demográfico “sin precedentes”. Lo denuncia la entidad Mallorca per viure, no per especular, que, tras varios meses de investigaciones, ha publicado un estudio que por primera vez cuantifica el impacto territorial y demográfico de la norma.

El trabajo, titulado 'El mapa de la especulación' y realizado por un grupo de expertos liderados por Gabriel Garcies, ofrece datos cuantitativos y grafía las nuevas zonas de crecimiento municipio a municipio. El diagnóstico es demoledor: los siete municipios afectados por la nueva norma podrían sumar 252.810 nuevas plazas residenciales, es decir, un 37% más de población respecto al censo de 2024. Para alcanzarlo, la ley permitiría levantar 37.432 nuevas viviendas en 1.246 hectáreas de suelo rústico hasta ahora protegido. La totalidad de hectáreas que pasarán a ser edificables será de 1.246, en su mayoría suelos agrarios y forestales.

La 'ley de actuaciones urgentes destinadas a la obtención de suelo mediante proyectos residenciales estratégicos' contempla, en concreto, liberalizar suelo y construir 20.000 nuevas viviendas en Palma, si bien populares y extrema derecha prevén extenderla a los 24 municipios del archipiélago que cuentan con más de 10.000 habitantes. En otros 13, con más de 20.000 residentes, y siempre que así lo decidan los ayuntamientos, se podrá recalificar suelo rústico para llevar a cabo más edificaciones. Por exigencia de los de Santiago Abascal, la normativa permitirá, también con la última palabra de los consistorios, construir en suelo rústico sin necesidad de haber agotado el urbanizable.

Uno de los puntos más controvertidos de la normativa es la posibilidad de que las llamadas Áreas de Transición (AT) -franjas que, como recuerda el estudio, hasta ahora actuaban como cinturón de contención alrededor de los núcleos urbanos- puedan recalificarse como suelo urbanizable para permitir la construcción de nuevas viviendas. La función de las AT era clara: frenar la expansión urbanística y reservar espacio para infraestructuras básicas. Pero la ley las convierte en urbanizables con densidades propias de ciudad dormitorio: hasta 225 habitantes por hectárea.

De acuerdo a las investigaciones llevadas a cabo, Palma es el municipio en el que se dan más posibilidades de crecimiento, con un total de 634 hectáreas rurales que pasan directamente a urbanitzables. De éstas, se podrán edificar hasta 26.359 nuevas viviendas. La normativa provocará que Palma cuente con más densidad de edificación que el resto de municipios, con 142.650 nuevas plazas residenciales potenciales, lo que equivaldría a un crecimiento del 33% de su población actual.

El estudio, sin embargo, también alerta de fuertes impactos en Marratxí crecimientos en Marratxí (27.180 plazas dentro de 151 hectáreas), Manacor (24.480 plazas en 136 hectáreas) o en Calvià (21.240 plazas dentro de 118 hectáreas). El estudio señala que todo el crecimiento estudiado es exclusivo de las AT y no cuantifica otros aspectos de la ley “que permiten acelerar el crecimiento dentro de suelos urbanos y urbanizables que todavía no se han desarrollado.

“La 'Ley de actuaciones urgentes destinadas a la obtención de suelo' es una bomba demográfica gráfica dentro de una isla saturada y con recursos como el agua al límite. El Govern la ha aprobado con la excusa de hacer más 'vivienda social', pero la realidad es que se trata de un regalo a las grandes promotoras urbanísticas sin ninguna previsión de las consecuencias ambientales, territoriales y demográficas que comportará la norma”, denuncian desde la plataforma ecologista.

Cabe recordar que el PP dio además apoyo a una enmienda de Vox con la que se permitirá legalizar centenares de edificaciones construidas en suelo rústico de la Serra de Tramuntana -el pulmón verde de Mallorca declarado en 2011 Patrimonio Mundial por la UNESCO-, cuya infracción haya prescrito, incluidas aquellas situadas en las áreas de máxima protección. Una regularización que alcanzará incluso a las viviendas erigidas fuera de ordenación antes de 1991, año en que fue aprobada la ley de espacios naturales, que introdujo mayores restricciones en materia medioambiental ante la urgente necesidad de preservar el patrimonio natural y paisajístico de las islas.

Los críticos con esta normativa coinciden en que se trata de una reforma regresiva, que invierte la lógica de planificación territorial de las últimas décadas y deja la gestión del crecimiento en manos del mercado. El resultado: un modelo expansivo que amenaza con agravar los problemas estructurales de Mallorca —escasez de agua, pérdida de suelo agrícola y forestal, congestión urbana y deterioro paisajístico— en nombre de una supuesta solución habitacional que nadie garantiza.