PP y Vox dan luz verde a la construcción en rústico y a la liberalización de suelo en Balears

PP y Vox han reforzado su alianza en Balears con la aprobación, este lunes, de una de las medidas más controvertidas de la legislatura, la ley de liberalización del suelo. Con sus votos, el Parlament ha dado luz verde a una norma que flexibiliza las restricciones urbanísticas y permitirá recalificar suelos rústicos en determinadas condiciones con el objetivo, defiende el Govern de la popular Marga Prohens, de facilitar el acceso a la vivienda. Mientras en el hemiciclo se debatía la nueva normativa, más de 200 personas convocadas por entidades ecologistas y plataformas ciudadanas se concentraban a las puertas de la Cámara para protestar contra un texto que, denuncian, pone en riesgo el territorio balear y reduce los controles públicos en un momento de creciente saturación turística y falta de recursos.

La votación ha generado un momento de gran tensión entre los grupos, después de que la izquierda acusara a PP y Vox de añadir un artículo que había sido eliminado en comisión parlamentaria. La oposición ha anunciado que llevará la norma ante el Tribunal Constitucional.

La 'ley de actuaciones urgentes destinadas a la obtención de suelo mediante proyectos residenciales estratégicos' recién aprobada contempla liberalizar suelo y construir 20.000 nuevas viviendas en Palma, si bien populares y extrema derecha prevén extenderla a los 24 municipios del archipiélago que cuentan con más de 10.000 habitantes. En otros 13, con más de 20.000 residentes, y siempre que así lo decidan los ayuntamientos, se podrá recalificar suelo rústico para llevar a cabo más edificaciones. Por exigencia de los de Santiago Abascal, la normativa permitirá, también con la última palabra de los consistorios, construir en suelo rústico sin necesidad de haber agotado el urbanizable.

El PP ha dado además apoyo a una enmienda de Vox con la que se permitirá legalizar centenares de edificaciones construidas en suelo rústico de la Serra de Tramuntana -el pulmón verde de Mallorca declarado en 2011 Patrimonio Mundial por la UNESCO-, cuya infracción haya prescrito, incluidas aquellas situadas en las áreas de máxima protección. Una regularización que alcanzará incluso a las viviendas erigidas fuera de ordenación antes de 1991, año en que fue aprobada la ley de espacios naturales, que introdujo mayores restricciones en materia medioambiental ante la urgente necesidad de preservar el patrimonio natural y paisajístico de las islas.

Durante su intervención en el pleno extraordinario de este martes, el conseller de Vivienda, Territorio y Movilidad, José Luis Mateo, la pretensión de la nueva ley pasa por dar respuesta a la situación de “emergencia social” por los graves problemas de acceso a la vivienda, una situación que en Balears “sufrimos y arrastramos desde hace años”. “Por ello, necesitamos medidas excepcionales para atacar de una vez por todas esta grave crisis. No podemos permanecer impasibles ni mirar hacia otro lado; es más que necesario, imprescindible, dar una respuesta. Una respuesta contundente con un único objetivo indiscutible: facilitar más vivienda asequible para los residentes en nuestras islas”, ha remarcado.

“Esta ley no prevé aumentar la presión demográfica, como falsamente difunden, sino ofrecer vivienda a quienes ya viven aquí”, ha aseverado dirigiéndose a los grupos de izquierdas. Mateo se ha referido, en concreto, a la figura de los Proyectos residenciales estratégicos (PRE) incluida en el texto y que, según el conseller, “facilitarán más vivienda asequible” que se destinará a personas con un mínimo de cinco años de residencia en el archipiélago. En concreto, el PRE establece que deberá reservarse el 50% del suelo desbloqueado a viviendas sometidas a un régimen de protección, con la creación de más de 10.000 viviendas a precio asequible en Palma, si bien la nueva normativa no detalla qué mecanismos garantizarán que no se inflen artificialmente los precios o que las nuevas viviendas acaben fuera del alcance de las familias trabajadoras.

La ley introduce, además, la posibilidad de que las llamadas “áreas de transición”, actualmente consideradas como suelo rústico, puedan recalificarse como suelo urbanizable para permitir la construcción de nuevas viviendas. Una decisión que quedará en manos de los ayuntamientos, siempre que estos cuenten con más de 20.000 habitantes, y se apruebe mediante votación en pleno municipal. El texto establece que el 50% de las edificaciones que se construyan en las áreas de transición deberán ser destinadas a viviendas de precio limitado (VPL), una nueva figura introducida por el PP en esta legislatura cuyo precio máximo, tal como denuncian desde la oposición, se ve incrementado en hasta un 33% sobre las Viviendas de Protección Oficial (VPO).

“Extinción” de las VPO y los mecanismos de protección

Al respecto, el portavoz parlamentario del PSIB-PSOE, Iago Negueruela, ha acusado al Govern de “extinguir las VPO” y “los mecanismos de protección para evitar que gente con carencias pueda acceder a una vivienda”. “No son Viviendas de Precio Limitado, sino Ilimitado, con las que los ciudadanos se verán expulsados de estas islas. Son viviendas para gente de fuera con más recursos con las que podrán seguir especulando”, ha incidido el socialista, quien ha estimado en unos 350.000 euros el precio en el que quedará fijado el precio de una vivienda de 60 metros cuadrados al abrigo de esta ley.

Dirigiéndose a Mateo, Negueruela ha aseverado que “de todas las personas a las que les ha dado las gracias” en su intervención previa “se ha olvidado de la asociación de promotores que le ha ayudado a sacar adelante esta normativa, pensada para generar y consolidar los derechos de promotores que se pasan por encima todos los planes generales de las islas”. “En ningún caso esta ley es para hacer vivienda asequible para los ciudadanos”, ha espetado.

En esta misma línea, el diputado de Més per Mallorca Ferran Rosa ha considerado la nueva ley como “la mayor perversión” llevada a cabo en Balears “tanto por las formas como por su contenido”: “Una ley con supuestas medidas urgentes para paliar el problema de la vivienda pero que no contiene ni una sola medida para la gente abocada a vivir en caravanas, la que no llega a fin de mes, para las familias que tienen que vivir juntas en una sola habitación, para quienes no se puede emancipar y que, en cambio, permitirá crecer más y vender más caro y retrotraerá las islas al desarrollo masivo en suelo rústico como en los años 60 sin garantizar servicios, equipamientos ni movilidad”.

Asimismo, el ecosoberanista ha acusado al Govern de emplear el acceso a la vivienda “como excusa” y ha puesto nombre y apellidos a algunos de los promotores que, como ha asegurado -y publicó en mayo Diario de Mallorca-, “se beneficiarán” de la norma: “Jaime Bibiloni y Eduardo Soriano [presidente de la entidad financiera ISBA, de la empresa Ciments de Balears SA y de la Cámara de Comercio de Mallorca], que solo por una parcela en Son Güells obtendrán unos beneficios de 17,5 millones de euros”. También ha aludido a la constructora y promotora inmobiliaria La Llave de Oro, que “recibirá 13,8 millones de euros en beneficios extraordinarios”, así como a Oaktree Opportunities, fondo de inversión con sede en el paraíso fiscal de Islas Caimán, con unos beneficios complementarios previstos de 38,7 millones de euros, tal como ha puesto de manifiesto Rosa.

Por su parte, el portavoz de Més per Menorca, Josep Castells, ha lamentado que el Parlament haya escenificado este martes “un chantaje, el de Vox”, a cuyas exigencias ha acusado al PP de acceder a cambio de obtener el apoyo de la extrema derecha a los presupuestos autonómicos de 2025, que comenzarán a debatirse esta tarde y prevén aprobarse el próximo miércoles. “Esta ley es una cacicada”, ha insisido. Mientras tanto, la diputada de Podem Cristina Gómez ha criticado que populares y Vox “están usando la emergencia habitacional para dar premios a los promotores inmobiliarios”.

“Lo destruirán todo, no quedará nada. Esta ley es de sinvergüenzas. Si hubiesen leído la exposición de motivos no votarían a favor”, ha subrayado dirigiéndose al Ejecutivo del PP. La parlamentaria morada ha recriminado que la normativa se plantee como “coartada” para “modificar el suelo rústico y beneficiar a unos pocos propietarios privilegiados”, un “fraude político y una bomba ambiental con efectos a largo plazo que pagarán las generaciones futuras”.

Más de 105.000 viviendas vacías

Frente a la aprobación de la ley de liberalización del suelo, tanto los grupos de izquierdas como las organizaciones sociales critican que el Govern balear no plantee medidas ambiciosas para regular, entre otros, los precios del alquiler en un contexto en el que gran parte de la población balear destina más del 40% de sus ingresos al pago de la vivienda y a pesar de que más de 105.000 viviendas se encuentran vacías en las islas. Una cifra que en 2021 suponía un 23,9% más de las que había una década antes. Los colectivos también denuncian que el texto no contemple frenar la presión de la vivienda turística ni ponga coto a la compra de segundas residencias por parte de extranjeros con elevado poder adquisitivo, garantizando por ley un parque de vivienda para los residentes dada la escasez de territorio y frenando con ello el incremento desbocado de los precios.

Balears es, además, la séptima Comunidad Autónoma que cuenta con un mayor número de viviendas en manos de grandes tenedores, es decir, de aquellos que poseen más de una decena de inmuebles: en total, 26.061 viviendas, una cifra que supone el 4,53% del parque total del archipiélago, compuesto por 574.813 inmuebles. Los datos arrojan, además, que 6.672 viviendas en las islas pertenecen a tenedores que poseen más de cien inmuebles (un 1,16% del total), de acuerdo a la investigación llevada a cabo por elDiario.es con datos inéditos del Catastro a los que tuvo acceso este medio a través de una solicitud pública al Ministerio de Hacienda amparada en la ley de transparencia.