PP y Vox reactivan la reforma encubierta de más de 70 leyes para alterar el modelo lingüístico, educativo y social de Balears

PP y Vox han reactivado decenas de enmiendas con las que pretenden reformar de forma encubierta más de 70 normas de Balears y alterar el actual modelo lingüístico, educativo y social de las islas. Si no hay cambios -ambas formaciones cuentan con mayoría parlamentaria para sacarlas adelante-, las correcciones serán incorporadas a la ley autonómica de aceleración de proyectos estratégicos, una norma cuyo contenido nada tiene que ver con los cambios que quieren realizar y que tanto conservadores como extrema derecha han convertido en instrumento para modificar buena parte del ordenamiento autonómico balear. Se trata de un movimiento que permitirá tramitar de forma conjunta modificaciones de gran calado sin el debate específico que requeriría cada una de ellas por separado.

Lo ha anunciado este miércoles la vicepresidenta segunda del Parlament balear, Mercedes Garrido, tras la Junta de Portavoces de la Cámara, donde ha detallado el giro producido en la tramitación de la norma y el alcance de las enmiendas en conflicto. En su intervención ante los medios, la diputada socialista ha aseverado que el paquete impulsado por PP y Vox introduce importantes cambios en múltiples áreas sin que ninguno de los dos partidos haya justificado su conexión con la ley enmendada. No en vano, el reglamento del Parlament, en su artículo 124, establece que las enmiendas deben guardar relación material con el texto en tramitación, mientras que el artículo 23 reconoce el derecho de los diputados a ejercer sus funciones con plenitud, lo que incluye participar en un debate informado y ordenado de las leyes.

Si bien las correcciones habían sido inicialmente rechazadas por la Mesa de la Comisión de Economía y Hacienda, tanto populares como extrema derecha han acabado recuperándolas, rechazando a su vez buena parte de las presentadas por los grupos de izquierdas. El portavoz de Més per Mallorca, Lluís Apesteguia, anunció en su momento que estudiará llevar las correcciones al Tribunal Constitucional al considerar que se estaría utilizando una ley de carácter económico para introducir cambios estructurales ajenos a su objeto y, potencialmente, vulnerando garantías del procedimiento legislativo.

Según las estimaciones de la formación ecosoberanista, un 70% de las enmiendas no guarda relación alguna con la ley de aceleración de proyectos estratégicos y, de hecho, una de ellas se traduciría en el impulso “por la puerta de atrás” de “una nueva ley” a la que los grupos no podrán realizar aportaciones. Desde el PSIB-PSOE, su portavoz adjunto, Marc Pons, ya advirtió de que las enmiendas plantean la modificación, sin informe previo, de hasta 74 leyes, decretos y órdenes.

PP y Vox defienden, sin embargo, que las modificaciones introducidas responden a la necesidad de agilizar la Administración y eliminar trabas burocráticas, negando que se trate de una maniobra irregular. Los populares presentan sus medidas como parte de una estrategia de simplificación administrativa orientada a reducir plazos y facilitar la actividad económica y la prestación de servicios públicos, mientras que su socio de investidura apela a un discurso de endurecimiento de las condiciones de acceso a las políticas públicas y refuerzo del orden público. En esencia, ambas formaciones sostienen que el uso de enmiendas es un instrumento legítimo dentro del procedimiento parlamentario.

Política lingüística

Uno de los bloques más relevantes de enmiendas incide directamente en la política lingüística. Por un lado, se introducen cambios en educación y función pública para flexibilizar la exigencia del catalán. La incorporación de estas medidas permitirían eximir del requisito lingüístico en plazas de difícil cobertura, eliminarlo en algunas categorías laborales básicas de la administración y abrir la puerta a excepciones cuando no haya suficientes aspirantes con el nivel requerido, una modificación con impacto directo en el modelo de acceso al empleo público y en el estatus de la lengua propia balear.

Asimismo, se pretende modificar la Ley de normalización lingüística -la norma que establece el marco para asegurar el conocimiento de la lengua catalana- para establecer que los topónimos de Balears tengan forma oficial en castellano y catalán sin preferencia entre ambas, eliminando la prevalencia de la lengua propia en la denominación oficial de lugares, rompiendo con ello el modelo lingüístico consolidado en la comunidad.

El paquete incluye también medidas en materia de seguridad que refuerzan el papel de los cuerpos policiales. Entre ellas, los de Santiago Abascal proponen modificar la normativa de coordinación de policías locales para permitir que los ayuntamientos reserven hasta un 20% de las plazas de policía local a militares de tropa y marinería con más de cinco años de servicio, así como la autorización del uso de pistolas eléctricas (taser) como equipamiento policial. También buscan introducir un cambio relevante en el acceso a los cuerpos policiales municipales, al abrir las puertas a una vía específica para perfiles procedentes del ámbito militar.

En el ámbito social, Vox plantea una reforma profunda de la renta social garantizada (Resoga). La enmienda introduce un requisito de tres años de residencia legal ininterrumpida en Balears, además de endurecer las condiciones de mantenimiento de la ayuda: los beneficiarios deberán aceptar ofertas de empleo y permanecer inscritos como demandantes de trabajo, con riesgo de perder la prestación en caso contrario. El PP, por su parte, propone vincular la actualización del Resoga al IPC para asegurar el mantenimiento de su poder adquisitivo. También se refuerzan los mecanismos de control, revisión y reintegro, reconfigurando el sistema de ayudas autonómicas. Esta modificación no es menor: altera el acceso a la principal red de protección social de la comunidad y redefine su lógica, introduciendo criterios más restrictivos que, según la propia exposición política de Vox, buscan frenar el “efecto llamada”.

Creación de una oficina antiocupación

En paralelo, en materia de vivienda, se propone la creación de una Oficina Antiocupación, un organismo administrativo orientado a asesorar, acompañar y coordinar la respuesta institucional frente a la ocupación ilegal. Aunque carecería de competencias ejecutivas, su creación institucionalizaría el enfoque antiocupación dentro de la política autonómica.

El PP también ha presentado enmiendas con las que pretende apuntalar otra de las normas más controvertidas de la legislatura en Balears, la ley de liberalización del suelo, que permite legalizar viviendas construidas de forma ilegal en suelo rústico en determinadas condiciones so pretexto, según defiende el Govern de la popular Marga Prohens, de facilitar el acceso a la vivienda. El texto abre además las puertas a regularizar cientos de edificaciones, incluidas aquellas situadas en las áreas de máxima protección de la Serra de Tramuntana, el pulmón verde de Mallorca declarado en 2011 Patrimonio Mundial por la UNESCO.

Las correcciones, además, buscan ampliar el uso de las declaraciones responsables no solo para iniciar actividades, sino también para sustituir documentación en numerosos procedimientos administrativos, evitando, como sostienen desde el PP, que los ciudadanos “tengan que aportar repetidamente documentos que ya están en su poder o la verificación de los cuales se puede hacer posteriormente”. En la práctica, este sistema permitiría impulsar actividades sin necesidad de autorización previa, trasladando el control a un momento posterior pero reforzando el régimen sancionador en caso de incumplimiento.

Externalización de controles y agilización de licencias

Otro de los puntos pasa por incorporar a las entidades colaboradoras de certificación -como los colegios profesionales o las cámaras de comercio- para que puedan validar la documentación y los requisitos técnicos con eficacia administrativa. Se trata de un modelo que, aunque con la intención de reducir tiempos de revisión, supondrá en la práctica una externalización parcial de las funciones de control y una mayor agilización de licencias y trámites en un contexto marcado por la creciente saturación turística y el debate sobre los límites del crecimiento en Balears.

Las enmiendas también alcanzan a ámbitos profesionales específicos, como el de los Agentes de la Propiedad Inmobiliaria (API), a través de modificaciones en su regulación. Los cambios planteados afectan al marco de acceso y ejercicio de la actividad, en línea con el objetivo declarado por el PP de simplificar trámites y reducir cargas administrativas. En este caso, la reforma se orienta a flexibilizar los requisitos y procedimientos vinculados al ejercicio de la actividad inmobiliaria, introduciendo mecanismos que faciliten la incorporación de nuevos operadores y reduzcan los controles previos en favor de sistemas de verificación posterior.

Las enmiendas se extienden a otros ámbitos. En sanidad, se busca crear la categoría de psicólogo general sanitario en Atención Primaria con el objetivo de intervenir en prevención y atención básica en salud mental. En comercio, prevén modificarse procedimientos de autorización de grandes establecimientos, reforzando el peso de informes municipales y certificados urbanísticos en la tramitación.