Derecho a dudar

Absténganse los haters de esta lectura porque, en realidad, cualquier otra les provocaría la misma infame, difamatoria y odiadora reacción. Todos los que dudan, introducen matices, sospechan o no tienen certezas incontestables son, en el mejor de los casos, vendidos, pesebreros o lamebotas. En el peor -y siempre lo más pésimo recae sobre las mujeres que opinan-, son “prostitutas”, “zorras”, “chupapollas”... Argumentos no tienen, pero la amenaza, la descalificación, la injuria y la violencia verbal, la manejan con una impunidad pasmosa.

En el resto de los mortales, existe el derecho a la duda. Siempre es mejor el recelo y el matiz que estar seguro de todo, pese a que vivimos en una España en la que el titubeo pareciera un delito y la gradación, una señal de sumisión. En este marco se mueve hoy la política. Y el periodismo. En el de la tarascada y la verdad absoluta. Y si esta última llega en forma de informe policial o auto de procesamiento, el indicio es dogma de fe y una sentencia no recurrible.

José Luis Rodríguez Zapatero tiene que dar muchas respuestas ante el juez y ante la opinión pública sobre las actuaciones presuntamente punibles que se le atribuyen. Y el instructor, acreditar cada una de las acusaciones que la UDEF vierte sobre el expresidente del Gobierno, aunque en su escrito incomprensiblemente las haya asumido ya como propias. En el auto de procesamiento hay motivos para la investigación y también para la duda. Y no porque lo que describa sea incompatible con la personalidad que una inmensa mayoría de la izquierda conocía de Zapatero. Hay insinuaciones, sospechas, datos no contrastados, fechas que no cuadran… Hay, en esencia, un informe policial que el equipo de natación sincronizada de la derecha ha convertido en una retahíla de delitos en los prolegómenos de una investigación que se encuentra en fase embrionaria.

Y si de informes policiales hablamos es inevitable echar la vista atrás y dar un repaso a algunos de los que fueron portadas de diarios durante meses, abrieron telediarios y ocuparon horas y horas de tertulias para condenar social y mediáticamente a los investigados y, con el tiempo, quedaron en nada. Porque los casos fueron archivados judicialmente o porque los sospechosos fueron absueltos o sus condenas, anuladas por tribunales superiores. 

Aquí, algunos ejemplos: 

Caso Xavier Trias. En octubre de 2014, días antes de la consulta soberanista del 9-N, El Mundo publicó que el entonces alcalde de Barcelona ocultaba 13 millones de euros en Andorra, presuntamente procedentes de comisiones ilegales. Trias negó desde el primer momento la existencia de dicha cuenta y aportó un certificado bancario que desmentía la información publicada en portada y a toda página. La UDEF elaboró un informe con elementos indiciarios y solicitó comisiones rogatorias internacionales. El propio ministro del Interior anunció públicamente la existencia del informe en el Congreso. La Fiscalía Anticorrupción archivó la denuncia al no hallar indicios suficientes de que Trias tuviera dinero en el extranjero. Años después, el excomisario de Asuntos Internos Marcelino Martín Blas declaró ante la comisión parlamentaria del Congreso que el borrador de la UDEF era una fabricación sin respaldo oficial en el marco de la denominada Operación Cataluña.

Financiación Iraní de Podemos (Informe PISA). En enero de 2016, OK Diario publicó el denominado Informe PISA (Pablo Iglesias Sociedad Anónima), un supuesto documento policial que acusaba al Gobierno de Irán de financiar a Pablo Iglesias y a Podemos. El documento carecía del sello oficial de ninguna unidad policial y su publicación coincidió con los contactos para formar un gobierno progresista. Su autoría fue vinculada posteriormente a la brigada patriótica creada en el seno de la Policía Nacional durante el mandato del ministro Fernández Díaz. La UDEF llevó el caso al Tribunal de Cuentas y se presentaron denuncias en la Audiencia Nacional y en el Tribunal Supremo. La Audiencia Nacional rechazó la denuncia en junio de 2016, calificando el documento de «conjunto desordenado de reproducciones de noticias» sin virtualidad indiciaria. El Tribunal Supremo archivó en abril de 2016 la querella de Manos Limpias, respaldado por la Fiscalía, que calificó el Informe PISA de mero conjunto de informaciones «no autenticadas» que «no pueden suponer una base para un procedimiento penal». Ninguna de las dos vías judiciales prosperó. 

Caso Miguel Urbán. El 21 de enero de 2016, ocho días después de la publicación del Informe PISA, el director del CITCO (Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado), el comisario José Luis Olivera, envió a la Fiscalía Antidroga un informe basado en una fuente anónima que acusaba al eurodiputado de Podemos Miguel Urban de vender 40 kilos de cocaína en un pub de Malasaña por valor de 1,2 millones de euros. La denuncia era manifiestamente inverosímil y fue utilizada como pretexto para acceder a las cuentas bancarias del político e investigar la financiación de Podemos. El comisario Olivera está procesado en el caso Kitchen. La UDEF investigó las cuentas bancarias de Urbán y solicitó informes a la Agencia Tributaria. El 20 de julio de 2016, el fiscal jefe Antidroga, José Ramón Noreña, archivó las diligencias con la conclusión expresa de que «no se ha podido acreditar, ni siquiera indiciariamente, la comisión de hechos delictivos». En marzo de 2026, la Sección Tercera de la Audiencia Nacional ordenó al juez Santiago Pedraz que investigara las maniobras policiales contra Urbán como parte de la causa más amplia sobre la guerra sucia del Ministerio del Interior contra Podemos durante el Gobierno de Rajoy, otorgándole la condición de perjudicado. 

Caso Artur Mas (Operación Cataluña). En noviembre de 2012, en plena campaña para las elecciones catalanas, de nuevo El Mundo publicó un supuesto borrador de la UDEF que atribuía cuentas en Suiza y paraísos fiscales al entonces president Artur Mas, al expresident Jordi Pujol y al exconseller Felip Puig. El documento fue la pieza central de la Operación Cataluña, coordinada desde el Ministerio del Interior con participación del excomisario Villarejo. El jefe de la UDEF, el comisario Manuel Vázquez López, negó públicamente que el borrador fuera un documento oficial de su unidad. En noviembre de 2024, el excomisario de Asuntos Internos Marcelino Martín Blas confirmó ante la comisión parlamentaria del Congreso que en los archivos oficiales de la UDEF no existe ningún informe borrador con esas acusaciones, calificándolo de «película» que «nace manipulado». Ninguna causa judicial prosperó contra Mas, Pujol ni Puig por las acusaciones concretas de cuentas en Suiza contenidas en aquel informe. Mas y Pujol sí han sido investigados o juzgados en procedimientos independientes y por hechos distintos. Mas, por la consulta del 9-N (inhabilitación confirmada por el Tribunal Supremo en 2017) y Pujol, por corrupción en el caso que lleva su nombre, pero esas causas son ajenas al informe falso de la UDEF y a la Operación Cataluña.

Caso ERE de Andalucía. La instrucción, iniciada por la juez Mercedes Alaya, fue la mayor causa de corrupción política investigada en esa comunidad y se prolongó durante más de quince años. La UDEF participó activamente en la investigación económica del caso, elaborando informes sobre el flujo de fondos públicos y las irregularidades en la gestión de las ayudas, que sirvieron de base para la instrucción. En julio de 2024, el Tribunal Constitucional anuló las condenas de los principales acusados —Griñán (6 años de prisión) y Chaves (9 de inhabilitación), entre otros— al estimar que se vulneraron sus derechos fundamentales: tanto la presunción de inocencia como el principio de legalidad penal, ya que las ayudas estaban amparadas en las leyes de Presupuestos autonómicos. El Tribunal Supremo, en sentencia de noviembre de 2024, redujo el caso a conductas muy puntuales, dejando fuera los hechos de la pieza principal. 

Hay antecedentes, por tanto, para dudar aunque, por el camino, Zapatero haya sido ya condenado social, política y mediáticamente. Eso sí es una certeza.