La UCO abandona a Peinado a su suerte

La derecha confiaba en que la UCO fuera la última herramienta que salvaría a España y luego ya después la civilización occidental. Su penúltimo servicio –siempre hay uno más pendiente– era la causa contra Begoña Gómez que convencería a todos de que la mujer del presidente del Gobierno había construido un imperio a expensas del erario público. La decepción tiene que ser notable, porque su informe sobre el caso que investiga el juez Juan Carlos Peinado más que poner el último clavo en el ataúd ha descerrajado la tapa.

Como si eso preocupara mucho a Peinado. El informe llega cuando el juez ya ha decidido que el caso debe concluir ante un juicio con jurado, que la defensa quiere impedir. Una vez que la Audiencia Provincial bloqueó su intento de ir directamente contra el ministro Félix Bolaños, tuvo que admitir que su misión terminaba con la esposa de Pedro Sánchez. Que no es poco para las tertulias que tendrá con los amigos después de su jubilación cuando les cuente la historia de cómo él se enfrentó al sanchismo.

El rastro del dinero era un elemento esencial para los que esperaban el informe de la UCO. A fin de cuentas, uno de los delitos que se imputan a Gómez es el de apropiación indebida y la posibilidad de que aprovechara su condición de codirectora de la cátedra extraordinaria de la Universidad Complutense para beneficiarse económicamente. Sobre eso, la Guardia Civil no ha encontrado nada punible. No hay movimientos sospechosos u opacos en los movimientos de las cuentas de Gómez: “La información bancaria concuerda con el desarrollo de las actividades profesionales que Begoña Gómez ha venido desarrollando”. Es decir, no hay dinero por ningún lado que ayude a explicar los supuestos delitos.

La declaración se contradice con lo afirmado por Peinado en el auto en el que pedía que se celebrara un juicio contra ella. Ahí la acusó de apropiarse para su “patrimonio personal” de los fondos de empresas privadas obtenidos para la cátedra de la Complutense.

La universidad había valorado en 113.509 euros el coste del perjuicio sufrido. La mayor parte de ese dinero procedía de los contratos suscritos con terceros, unos 108.000 euros. La defensa de Gómez presentó un informe realizado por un profesor de Derecho Financiero y Tributario que negaba que ese dinero pudiera ser contabilizado como pérdidas: “Nunca puede suponer un perjuicio para la Complutense gastar unos fondos que proporcionan unos terceros, en las finalidades previstas por el convenio suscrito con tales terceros”.

Esos ingresos se emplearon en el desarrollo de un software para su posterior uso gratuito por pequeñas y medianas empresas. El dinero, por tanto, se utilizó para los fines pactados con las empresas donantes.

El informe confirma lo dicho antes por la defensa de Gómez, que sostiene que la plataforma desarrollada dentro de las actividades de la cátedra iba a ser propiedad de la Complutense.

El titular con la falta de beneficios económicos sospechosos de ilegalidad apareció en la mañana del lunes cuando la noticia fue adelantada por la Cadena SER. Eso molestó a Ester Muñoz, portavoz parlamentaria del PP, que lo consideró una manipulación del informe. Es de suponer que quedó satisfecha con la noticia del ABC, que dejaba ese hecho para el último párrafo del artículo.

El PP prefirió fijarse en otra parte del contenido del informe, la que dice que hubo irregularidades en la contratación de las compañías Making Science Group y Deloitte para el desarrollo de la plataforma. En el caso de la primera, se hizo “obviando cualquier trámite administrativo” a pesar de que la cuantía (24.200 euros) superaba el límite de 15.000 para los contratos menores. En el caso de Deloitte, la consultora empezó a trabajar antes de la adjudicación. Eso vulnera las normas a las que está obligada la Complutense como organismo público.

Todo ello escasamente justifica que las acusaciones populares, ligadas a organizaciones de extrema derecha, pidan 24 años de prisión para Gómez por varios delitos.

Begoña Gómez pagó con su dinero el registro de la marca y el dominio de internet de esa plataforma. Fueron 206 euros, una cantidad de escasa cuantía con la que no podría alegar después que el proyecto era de su propiedad. A pesar de ello, es suficiente para que el PP afirme en boca de Miguel Tellado que la UCO ha acorralado a la esposa de Sánchez. “El informe de la UCO desmiente y acorrala a Begoña Gómez. La Guardia Civil ve indicios de apropiación indebida porque registró a su nombre el software pagado por la Complutense”. La realidad nunca ha impedido que Tellado cumpla con su deber.

La cuenta de la que salió el dinero con el que Gómez hizo ese pago está compartida con su marido, un hecho nada extraño en un matrimonio, pero que era lo bastante jugoso para que varios medios lo convirtieran en sus titulares. Varios dirigentes del PP lo consideraron otro elemento incriminador. “Sánchez también pagó ese registro presuntamente fraudulento. Él siempre es el centro de todos los casos de corrupción. Él siempre es el UNO”, escribió Cuca Gamarra.

Todo eso por 206 euros. Al final, daba un poco igual lo que apareciera en el informe de la UCO. El PP ya ha ido demasiado lejos en el caso de Begoña Gómez como para dejar que la Guardia Civil le reviente la estrategia.