La UCO no encuentra ingresos opacos de Begoña Gómez en su último informe sobre el caso

El último informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil aportado al sumario del caso contra Begoña Gómez aleja la tesis del juez Juan Carlos Peinado de que la mujer del presidente del Gobierno se dedicaba a conseguir dinero de empresas para enriquecerse. Tras analizar sus cuentas bancarias, los agentes concluyen que la información recogida en ellas “concuerda con el desarrollo de las actividades profesionales que Begoña Gómez ha venido desarrollando”.

En el auto en el que proponía que Begoña Gómez fuera juzgada por un tribunal formado por ciudadamos, el juez Peinado llegó a acusar a la mujer de Pedro Sánchez de apropiarse para su “patrimonio personal” de los fondos privados que captaba para la cátedra que codirigió en la Universidad Complutense. 

Los investigadores detallan en el informe, adelantado por la Cadena SER y al que ha tenido acceso elDiario.es, que los ingresos de sus cuentas personales provienen de pagadores conocidos con los que tiene o ha tenido vinculación profesional, como la propia Complutense, la Fundación Instituto de Empresa o el Grupo Empresarial Inmark, además de ingresos regulares por el alquiler de un inmueble.

El informe también aborda tanto la creación de Cátedra para la Transformación Social Competitiva (TSC) de la que Begoña Gómez fue nombrada codirectora en 2020, como su posterior gestión. Esta es la actividad de la que derivan parte de las sospechas del juez Peinado. Los agentes consideran que se creó siguiendo los cauces y la normativa establecidos por la Complutense, si bien apuntan algunas irregularidades en la contratación de las empresas que desarrollaron la plataforma informática vinculada a esa cátedra. 

Así, el atestado sostiene que la contratación de una de esas empresas —Making Science, que cobró 24.200 euros por realizar el back end de la plataforma— se hizo “obviando cualquier trámite administrativo” a pesar de que la cuantía superaba el límite de 15.000 euros para los contratos menores. En el caso de Deloitte, que cobró 78.648,79 euros, sí se firmaron dos contratos, aunque la UCO concluye que se crearon como “mero marco administrativo” para dar “apariencia de legalidad” a la contratación porque la consultora había iniciado sus funciones antes de la adjudicación.

La defensa de Gómez presentó el pasado lunes el escrito de defensa en el que solicita su libre absolución ante su posible juicio por delitos de malversación, tráfico de influencias, corrupción en los negocios y apropiación indebida. En su escrito, el letrado Antonio Camacho argumenta que los hechos investigados no son constitutivos de ningún delito: “No procede la imposición de pena ni sanción de ninguna clase”. Además, la defensa solicita que se impongan las costas procesales a las acusaciones de extrema derecha que han impulsado la causa por actuar con “temeridad y mala fe”.

Su defensa recuerda también que su vinculación con la Complutense comenzó en 2012, cuando Pedro Sánchez “no ostentaba responsabilidad pública alguna”. Tras codirigir varios másteres, en 2020 asumió la dirección de la Cátedra Extraordinaria en “Transformación Social Competitiva”, un término “que ella inventó, que antes no existía y que de ninguna manera estaba registrado por la Universidad en registro alguno”, recoge el escrito.