El PP da mucho trabajo a una jueza

El Gobierno de Aragón y el Ayuntamiento de Zaragoza están dando mucho trabajo a la titular del Juzgado de lo Mercantil nº2 de Zaragoza, Carmen Villellas. Con dos asuntos estrella, al menos que se sepan: el antiguo centro termal y spa de Ranillas, en el recinto de la Expo, y la Fundación Zaragoza Ciudad del Conocimiento, gestora de Etopia.

El primer caso ha cobrado fuerza en los últimos días. La historia tiene su aquel, no es fácil de resumir. Intentamos hacerlo en este artículo, en el que señalamos la posibilidad –ahora mismo muy lejana, ya que todo está en fase incipiente– de que pueda terminar en una inhabilitación para administrar bienes ajenos para los nueve dirigentes citados, entre ellos Jorge Azcón, Natalia Chueca y María Navarro, según recoge la Ley Concursal.

La situación del spa de Ranillas, tal y como expone el artículo que te he enlazado, se dirime en estos momentos en dos jurisdicciones –la mercantil y la contencioso-administrativa–, a la que se puede añadir también la social, por cuestiones laborales. La única sentencia firme, del Tribunal Superior de Justicia de Aragón, condenó al Ayuntamiento de Zaragoza por haber denegado la licencia de funcionamiento a la empresa concesionaria, Cublan Inversiones. Esta denegación –injusta, según el TSJA– justificó en su momento el rechazo a un aval a Cublan para un préstamo que le podría haber salvado. Finalmente, la compañía no pudo asumir sus deudas: el centro termal cerró sus puertas y el Consistorio revirtió la concesión administrativa.

¿De quién fue la responsabilidad? Eso lo dirán los tribunales. Es muy raro que representantes políticos acaben siendo culpables en casos como este, pero hay al menos un precedente, como también te contamos: la alcaldesa de Alcorcón fue inhabilitada para cinco años –insisto: para administrar bienes ajenos, no para cargo público– en 2022, lo que influyó en que un año más tarde no repitiera en el cargo.

Lo que desde luego no ayuda es que en 2023, meses antes de que el Ayuntamiento de Zaragoza concediera de manera inopinada la licencia al centro termal, trascendiera el interés del constructor Juan Forcén por hacerse con el complejo... a un precio muy inferior sobre el coste de las instalaciones. “A precio de saldo”, denunció en su día Fernando Rivarés, concejal de Podemos en la capital aragonesa. Finalmente, la operación no fructificó y el spa continúa clausurado.

Mientras, el caso de la Fundación Zaragoza Ciudad del Conocimiento (FZCC) es distinto, pero igualmente llamativo.

Viene de lejos: comenzó cuando, en marzo de 2024, el Ayuntamiento renunció a participar en la Fundación que gestiona Etopia, lo que propició el desmantelamiento de una entidad que, como es lógico, se sostiene con fondos públicos. El problema para el Consistorio es que hay unos proyectos europeos asignados a FZCC que se pueden perder y unos trabajadores que llevan desde febrero sin cobrar: no se puede desentender de todo ello así como así.

Eso mismo parece entender por ahora la jueza Villellas, que –tal y como publicamos este jueves– ha acordado a propuesta de los empleados nombrar un administrador concursal para analizar si existen indicios de irregularidades en el concurso. Habrá que esperar: el administrador tiene un mes de plazo para el elaborar el informe.

El Ayuntamiento argumenta que ha dado todos los pasos “cumpliendo la ley” –nadie esperaba que afirmara lo contrario–. Pero, teniendo en cuenta lo sucedido con la huerta de Movera, todo puede pasar: el TSJA acaba de sacar los colores al Gobierno municipal y también al Instituto Aragonés de Gestión Ambiental (Inaga) al tumbar la modificación urbanística para impulsar plantas de renovables en el regadío de la capital aragonesa. “Las cosas en Derecho son como son, no como queramos que sean”, llega a decir el Alto Tribunal en su sentencia. Tomen nota.

Los incendios forestales no dan tregua

Aragón vive como sabes un episodio meteorológico de calor seco que se ha traducido, al igual que gran parte de España, en la proliferación de incendios forestales. En los últimos días hemos vivido otros dos importantes focos: uno, el de Loporzano, que llegó a entrar en la Sierra de Guara pero que pudo ser contenido a tiempo, y otro el de Castillonroy, que también ha tenido menos consecuencias –está controlado, pero aún no se da por extinguido– de las que podíamos prever.

Ninguno de estos dos fuegos ha alcanzado la categoría de gran incendio forestal (GIF), reservada para los que arrasan más de 500 hectáreas. En gran parte, por un ingente despliegue de medios proveniente de los tres niveles administrativos: Gobierno de Aragón –al frente del mando operativo de extinción–, Administración General del Estado –con medios del Ministerio de Transición Ecológica y de la Unidad Militar de Emergencias– y entidades locales, ya sean las diputaciones provinciales o los ayuntamientos. También gracias a la labor de los agricultores, que como ellos mismos recuerdan son los primeros interesados en que las llamas no vayan a más.

Respecto a estos últimos, el Ejecutivo autonómico ha vuelto a decretar la alerta rojo plus para este fin de semana en seis comarcas altoaragonesas, pero con un guiño al sector primario tras las críticas de la anterior ocasión: permitirá las labores agrarias bajo determinados criterios, como que la cosecha se lleve a cabo entre las 6:00 y las 12:00 horas.

Es cierto que está siendo un mal año en cuanto a incendios forestales, pero dadas las circunstancias y viendo lo que sucede a nuestro alrededor podemos sentirnos satisfechos –escucho mientras escribo la fatalidad vivida en Almería, con once muertos en Los Gallardos–. Toquemos madera, pero así es por ahora. Los servicios de extinción en nuestra comunidad tienen buena fama, empezando por la dirección operativa. Y la coordinación entre administraciones está siendo muy buena; esperemos que siga siendo así.