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El ‘kioskogate’: el expediente de urbanismo bajo sospecha que inquieta al alcalde de Zaragoza

Los kioscos a los que se refiere el expediente que va a investigar el ayuntamiento se encuentran en el Parque Grande.

Eduardo Bayona

Zaragoza —

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El diccionario define “inquietar” como “quitar el sosiego, turbar la quietud”. Y el ‘kioskogate’, la investigación sobre la vertiginosa concesión de una licencia de derribo de un kiosco del Parque Grande José Antonio Labordeta a Martipan, una compañía de Juan Forcén Márquez, un empresario amigo del alcalde de Zaragoza, Jorge Azcón (PP), tiene ingredientes más que suficientes para provocar inquietud en el primer edil y, también, en su concejal de Urbanismo, Víctor Serrano, como responsable político del área en la que se produjo la tramitación.

Entre otros motivos, porque el legajo incluye peculiaridades como algunos tachones en datos clave de la documentación a los que se suman varios bailes en las fechas de entrega de documentos, frecuentes alternancias en las referencias a la ubicación del edificio a demoler, cambios sobre la superficie sobre la que se iba a actuar y, también, la aparente intervención de un mismo funcionario que usa firmas distintas de un folio para otro.

Y, también, porque el chequeo de ese expediente y del respeto a la legalidad durante su tramitación se va a producir en los tres meses previos a las elecciones municipales y autonómicas del 28 de mayo, en las que Azcón será el candidato de los conservadores al Gobierno de Aragón.

El legajo, de dos centenares de folios y al que ha tenido acceso elDiario.es Aragón tiene un algo de “chapuza”, de “trabajo hecho mal y sin esmero” si se entiende por esto último tener “sumo cuidado y atención diligente en hacer las cosas con perfección” y si se entiende que en ese concepto no acaba de encajar algo tan curioso como que la solicitud de licencia recibiera el visto bueno de Urbanismo un día antes de que sus servicios técnicos recibieran el proyecto técnico.

Un proceso de investigación reservada y la intervención del juzgado

El hecho de que como beneficiaria de esa celeridad apareciera una empresa de Forcén provocó una tormenta política en el Ayuntamiento, donde la oposición de izquierdas (PSOE, ZeC y Podemos) conseguía a finales de septiembre sacar adelante gracias a la abstención de Vox una propuesta para poner en marcha una investigación reservada sobre lo ocurrido con ese expediente.

Las normas bajo las que debe desarrollarse esa investigación serán acordadas en el pleno de este viernes, al que el secretario municipal debe llevar una propuesta.

Cuando eso ocurra, a tres meses para las elecciones municipales y autonómicas del 28 de mayo, la magistrada del Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 5 de Zaragoza, María José Cía, tendrá sobre la demanda para acceder al expediente (y a otros siete) que hace unas semanas presentó el Gobierno de Aragón dentro de su “competencia para la tutela económico-financiera de las entidades locales”, que le genera “la obligación de supervisar la actuación de las entidades en este sentido”.

La Dirección General de Administración Local envió un requerimiento al Ayuntamiento de Zaragoza ya en octubre, y de nuevo en noviembre, “para que remitiera una copia certificada del expediente tramitado, de forma que se pudiera comprobar la efectividad de la aplicación de la legislación autonómica en materia de urbanismo”.

Sin embargo, en ninguna de esas dos ocasiones logró que el consistorio o sus servicios de Urbanismo le remitieran la documentación.

Las peculiaridades del expediente

Los técnicos de Administración Local tendrán trabajo para analizar el expediente, en el que aparecen peculiaridades como las siguientes:

Localización: En los 200 folios aparecen referencias a tres ubicaciones distintas en otros tantos paseos del parque: el Manuel Azaña, donde una empresa de Forcén tiene la concesión para explotar un kiosco conocido como “Lote 2”; el de los Bearneses o de Flandes y Fabiola, en el que su grupo dispone de otra denominada “Lote 1”, y el de San Sebastián, que enlaza ambas calles, y que es al que se refieren tanto la resolución final del gerente de Urbanismo como la que aprueba el Consejo de Gerencia, en este caso con el voto a favor de PP, Cs y Vox y la abstención de PSOE, ZeC y Podemos.

Añadidos a mano: Ese desbarajuste con las ubicaciones, que combina la inclusión de un certificado de desratización del Lote 2 mientras las tasas de derribo se aplican en el Lote 1, comienza en la propia carátula de la carpeta del expediente, donde bajo la ubicación en Bearneses impresa en ordenador se añade a mano la de San Sebastián. Eso ocurre unas páginas antes de que la expresión “Lote 1” impresa con ordenador se corrija a mano a “Lote 2”.

Baile de superficies: El presupuesto de la obra visado por el Colegio de Arquitectos asciende a 6.100 euros para actuar sobre una superficie de 306,55, estimación que no cambia cuando semanas después la extensión sube a 369,19.

Los planos: No los hay en el expediente sobre el que en su día se pronunciaron los miembros de la Gerencia de Urbanismo.

¿Un proyecto doble? En el legajo existe una anotación según la cual un funcionario recibe dos proyectos de derribo de kioscos, aunque no especifica si se trata de una misma ubicación o de dos distintas, y la empresa municipal Ecociudad llega a emitir un informe sobre “Lote 1 y Lote 2”, mientras otro mandamiento riza el rizo al remitir a varios órganos documentación sobre una actuación en el segundo de esos paquetes pero ubicado en el Paseo Bearneses.

Firmas distintas: En los folios 28 y 29 del expediente aparecen tres firmas distintas, dos de ellas atribuidas al mismo funcionario, el jefe del Servicio de Licencias, y una tercera cuyo autor no está reseñado. Se trata de un pasaje tan clave como contradictorio, ya que en él se afirma que el proyecto técnico fue enviado a consultas el 10 de junio y, al mismo tiempo, que ese documento fue recibido el 13 de julio, es decir, después de la aprobación.

Folios tachados: Ocurre con un 33, cruzado por una línea que lo tacha y al lado del cual aparece como 45. Hay varios números de página, anotados a mano, que resultan ilegibles.

El 31 de mayo: Esa fecha aparece reseñada en varias ocasiones como 31/06, quizás por un error de anotación ya que parece referirse a un documento visado el 31 de mayo.

Informes: En el expediente no consta el informe de la Comisión de Patrimonio a partir del que, según se indica en el propio legajo, el ayuntamiento aprueba la concesión de la licencia.

Las obras: A fecha de hoy han sido demolidos los dos kioscos y han comenzado los trabajos de construcción de las nuevas instalaciones del ubicado en el Paseo Manuel Azaña.

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