Los agricultores de Aragón piden formar parte del operativo de incendios: “Somos los primeros interesados en apagarlos”

A mediodía, con el termómetro por encima de los 40 grados y el viento del sur resecando aún más los rastrojos, cientos de cosechadoras permanecían inmóviles en explotaciones de las tres provincias aragonesas. No era una avería ni una tormenta la que había detenido la campaña del cereal. Fue la orden del Gobierno de Aragón que activó la alerta roja plus por riesgo extremo de incendios y prohibió durante 48 horas las labores de cosecha y empacado en prácticamente toda la comunidad.

La decisión, adoptada en uno de los fines de semana de mayor tensión del inicio del verano, con incendios activos en Aragón, Cataluña, Castellón, Navarra y Castilla y León, según asegura el Gobierno de Aragón, buscaba reducir al máximo el riesgo de nuevos focos y garantizar la capacidad de respuesta de los servicios de extinción. “Había que poner en una balanza la pérdida de unos días de cosecha y la protección de las personas”, defendía el consejero de Hacienda e Interior, Roberto Bermúdez de Castro, al insistir en que se trataba de una decisión “técnica, no política”.

Pero mientras las máquinas han estado paradas, en el campo se ha desatado otro incendio, esta vez dialéctico. Las organizaciones agrarias consideran que la paralización de la cosecha no resuelve el problema de fondo. A su juicio, se está poniendo el foco sobre quienes trabajan la tierra cuando el verdadero debate debería centrarse en si Aragón dispone de “medios suficientes para prevenir y extinguir incendios” en campañas cada vez más largas, más secas y más exigentes.

“Tres días de prohibición no apagan los incendios”

“Somos los primeros interesados en evitar cualquier incendio, porque nadie tiene más que perder que quien ve arder su propia cosecha”, recuerda la Comisión Ejecutiva de UAGA-COAG, que califica la prohibición del fin de semana pasado como “uno de los mayores errores de gestión de una campaña agrícola”. La organización sostiene que detener la cosecha durante varios días no elimina el riesgo: “Tres días de prohibición de cosechado no apagan los incendios”, aseguran, pero lo que sí evidencia son, a su parecer, “las limitaciones del dispositivo de extinción”. 

La crítica no se queda únicamente en la prohibición. UAGA-COAG denuncia la forma en que se gestionó la alerta, con órdenes rectificadas en pocas horas y cambios que generaron “incertidumbre” entre miles de agricultores en plena campaña. Asimismo, la organización lamenta la ausencia de explicaciones políticas durante el fin de semana. “Quienes tienen responsabilidades de gobierno deben estar donde están los problemas. Y este fin de semana el problema estaba en Aragón, no en Madrid”, señalan en un comunicado, en referencia la consejera de Agricultura y el consejero de Medio Ambiente, ambos de Vox.

Las organizaciones también han cuestionado que la prohibición se aplicara de forma uniforme en todo Aragón. “No existe ninguna justificación técnica que explique por qué un agricultor de una zona de regadío, sin masas forestales próximas, debía dejar su cosechadora parada exactamente igual que otro en una zona con un riesgo mucho mayor”, cuestionan desde UAGA. En este sentido, el sindicato reclama que las restricciones que se tomen a futuro se adapten a las características de cada territorio. Y recuerdan que el sector lleva años adaptando la maquinaria y reforzando los protocolos de prevención para reducir al mínimo cualquier riesgo.

Convertir a los agricultores en aliados

Sin embargo, entre las reivindicaciones de profesionales de la agricultura y la ganadería ha emergido otra propuesta que va más allá de la crítica. El cambio climático está ampliando los periodos de riesgo extremo y el cereal se sigue cosechando precisamente en las semanas de mayor peligro de incendio. 

En este escenario, el Gobierno mantiene que la prioridad seguirá siendo la seguridad cuando concurran condiciones excepcionales. El sector, por su parte, responde con otra pregunta: si quienes conocen el territorio, disponen de maquinaria y son los primeros en llegar a un conato pueden convertirse en aliados de la extinción, ¿tiene sentido seguir viéndolos únicamente como un factor de riesgo?

Las organizaciones agrarias quieren cambiar el papel que tradicionalmente se atribuye a los agricultores durante los incendios. “Dotar de medios de autoextinción, formación para actuar de forma segura y rápida e incluir a los agricultores en los equipos de Protección Civil son claves para mejorar la respuesta”, es la propuesta que ASAJA Aragón ya ha trasladado Ejecutivo autonómico. 

La organización plantea equipar cosechadoras y empacadoras con sistemas de primera intervención y formar a sus conductores para actuar coordinadamente con los servicios de emergencia durante los primeros minutos de un conato, cuando todavía es posible evitar que el fuego alcance grandes dimensiones. Porque, como resume UAGA: “Los agricultores no son el problema; forman parte de la solución”.

De potencial riesgo a primera respuesta

La colaboración entre agricultores y servicios de extinción no es una hipótesis. Es un gesto espontáneo que se repite episodio tras episodio, y que pone rostro y nombre a la reivindicación del sector y a la propuesta que hacen desde ASAJA. En declaraciones a Radio Huesca-Cadena SER, José Fernando Luna, el presidente de ASAJA Huesca y agricultor de profesión, explicaba que desde que aparecieron las primeras llamas en el incendio de Leciñena los agricultores de Robres y localidades próximas se lanzaron a colaborar junto a los medios municipales para impedir que el fuego avanzara hacia otras poblaciones.

El dispositivo INFOAR no se ha pronunciado públicamente sobre esa colaboración durante los incendios de este verano, aunque en la presentación de la campaña su jefa del Servicio de Gestión de Incendios Forestales y Coordinación, Maribel Ureta, recordó que la mayor parte de la superficie quemada en Aragón se concentra en muy pocos incendios, precisamente en jornadas de riesgo naranja o rojo, lo que explica la importancia que el operativo concede a la prevención en esos episodios. 

En muchos incendios agrícolas, los primeros minutos son fundamentales y la colaboración de los agricultores resulta importante siempre que se haga de manera coordinada y sin poner en riesgo su seguridad, ni la del resto de los profesionales que intervienen.

Un sector que se siente criminalizado

Algunas voces, como las que aglutina la organización agraria ARAGA, han exigido de manera formal a la administración autonómica “la máxima prudencia y el cese inmediato de cualquier declaración pública institucional que criminalice o culpe de manera anticipada a los agricultores aragoneses”, haciendo referencia al incendio declarado en el término municipal de Leciñena, donde la vicepresidenta del Gobierno de Aragón, Mar Vaquero, realizaba unas declaraciones en la televisión pública en las que, según denuncia ASAJA “atribuía de forma directa el origen del fuego a una cosechadora”. Sin embargo, continúa explicando la organización: “Las informaciones contrastadas sobre el terreno apuntan a que el origen real se debe a la reactivación del incendio causado un rayo caído el pasado domingo, descartando la intervención de maquinaria agrícola en el conato de ayer”.

En esta línea también se posicionan otros agricultores y ganaderos, que han mostrado su malestar en los canales en los que publican contenidos y a través de declaraciones a medios de comunicación, como este, donde piden “prudencia antes de hablar de causas” y que “se vea todo el trabajo que hacen para extinguir el fuego en los campos”. 

Este será, probablemente, uno de las cuestiones de fondo que marcarán los veranos del campo aragonés, comenzando por el que ya estamos viviendo. El pulso entre el Gobierno de Aragón y las organizaciones agrarias va más allá de la paralización de la cosecha que ha abierto el incendio de Tamarite de Litera, y la posterior activación de la alerta roja. La controversia está en cómo compatibilizar la protección frente a incendios con el desarrollo de una actividad agrícola imprescindible para la economía de Aragón, especialmente de las zonas rurales, y la conveniencia y capacidad de formar previamente a agricultores y ganaderos para actuar de manera coordinada con los servicios de emergencia.

Este diario ha contactado con los medios antiincendios, que se encuentran en este momento centrados en las labores de extinción del incendio de Leciñena. Han comunicado que valorarán más adelante tanto la propuesta como las actuaciones llevadas a cabo sobre el terreno. Ambas partes, tanto el Ejecutivo como los profesionales del sector agrario, coinciden al reconocer cuál es el desafío, aunque lo miran desde perspectivas diferentes. Para ambos, la clave es encontrar un equilibrio entre la protección del territorio y la continuidad de una campaña que depende, precisamente, de los días de mayor calor. Y cada verano volverá la misma pregunta: si el agricultor debe detener su cosechadora para evitar un incendio o si puede convertirse en quien ayude a apagarlo.