No faltan helicópteros; faltan gestores del monte: la otra cara de los incendios en Aragón

Helicópteros, aviones anfibios, brigadas helitransportadas, autobombas, drones y centenares de profesionales desplegados sobre el terreno. Nunca Aragón había contado con un dispositivo de extinción tan potente como el actual y, sin embargo, el verano de 2026 está dejando una de las campañas de incendios más complejas de los últimos años.

La paradoja es evidente. Si los medios para apagar el fuego son cada vez mejores, ¿por qué los grandes incendios siguen creciendo en intensidad, velocidad y superficie quemada?

Para Ignacio Pérez-Soba, decano del Colegio Oficial de Ingenieros de Montes en Aragón, la respuesta no está en el aire, sino bajo los pies de quienes combaten las llamas. El problema, sostiene desde hace años, no es únicamente cómo se extinguen los incendios, sino cómo se está gestionando el territorio mucho antes de que aparezca la primera columna de humo. Su tesis, compartida recientemente junto al decano del Colegio Oficial de Ingenieros Agrónomos de Aragón, Navarra y País Vasco, Jesús Ángel Betrán, es clara: los incendios forestales no pueden seguir abordándose como una emergencia estacional, sino como un problema estructural de ordenación del territorio.

En este sentido, Pérez-Soba va un paso más allá. En el capítulo que acaba de publicar sobre la problemática de los incendios forestales en España sostiene que en la actualidad los “incendios forestales” son cada vez menos exclusivamente forestales. “Los incendios forestales son, ante todo, un fenómeno rural”, escribe, porque es en el territorio rural donde confluyen las condiciones que explican su origen, su propagación y sus consecuencias. Esa afirmación obliga, a su juicio, a cambiar también el enfoque de las políticas públicas: la prevención no puede recaer únicamente en los servicios forestales, sino que debe implicar a la agricultura, la ganadería, la planificación territorial y el desarrollo rural.

Ni basta con “limpiar” el monte ni con contratar más helicópteros

Durante años, el debate público sobre los incendios ha girado casi exclusivamente alrededor de dos preguntas: si hacen falta más medios de extinción y si basta con “limpiar el monte”.

Cuando un incendio alcanza un comportamiento extremo, genera su propia meteorología y supera la capacidad de ataque de los equipos terrestres y aéreos, el margen de actuación es muy reducido. El trabajo de los quipos de extinción (que en Aragón son principalmente las brigadas forestales del Gobierno de Aragón, conocido como “dispositivo INFOAR”) consiste entonces en proteger vidas humanas y evitar que el fuego alcance los núcleos habitados.

Por eso, la verdadera prevención empieza mucho antes. “Solo con un sector profesional forestal fuerte podremos tener incendios más débiles”, ha repetido Pérez-Soba en distintas intervenciones públicas, defendiendo que la gestión activa del monte constituye la herramienta más eficaz frente a los grandes incendios.

Además, el decano del Colegio de Ingenieros de Montes de Aragón incide en denunciar que “expresiones como ”los incendios se apagan en invierno“ o ”hay que limpiar el monte“ simplifican en exceso una realidad en la que intervienen factores ecológicos, económicos, sociales y culturales”, al mismo tiempo que recuerda que “un problema tan complejo” no debe ser abordado con “explicaciones o soluciones extremadamente simplistas”.

Una vegetación que se expande, y sin nadie que la gestione

Los expertos explican que el gran cambio sufrido por Aragón en las últimas décadas no ha sido únicamente, ni siquiera principalmente, climático. También han cambiado tanto el paisaje como la sociedad rural.

El abandono de la explotación de las leñas y el marcadísimo descenso de la agricultura de montaña o marginal y de la ganadería extensiva han causado y causan que el paisaje rural haya perdido cultivos agrícolas, eriales y pastizales, ganando matorrales y cubiertas arboladas. Esta realidad es en sí positiva: es la cicatrización de las heridas causadas por siglos de sobreexplotación y maltrato humanos.

El problema no es la expansión de la vegetación forestal, sino que ésta se haya producido a la vez que pasaban dos cosas en España: había un cambio estructural profundísimo de la actividad agroforestal, que pasó a hacer una agricultura y una ganadería mucho más intensivas, y en muchos lugares abandonó los montes, dejando de tener actividad profesional en ellos; y disminuyó, en casi todas las Comunidades Autónomas, la inversión pública en gestión forestal. En esta disminución influyó mucho que se difundieran entre la sociedad urbana (y por tanto, también en la clase política), prejuicios contra la corta de madera: lamentablemente el ciudadano español medio actual cree poco menos que un crimen la corta de cualquier árbol. Nada más falso: la ingeniería de montes lleva casi 180 años demostrando en España que unas cortas bien hechas, que imiten los procesos naturales de muerte del arbolado, son una magnífica herramienta para mejorar y rejuvenecer los bosques.

Así pues, justo cuando se planteó un nuevo y amplio reto de gestión de la vegetación forestal, descendieron los presupuestos dedicados a la ingeniería de montes, y la sociedad se desvinculó de los montes. El resultado: millones de metros cúbicos de madera se incorporan cada año a nuestros bosques, sin adecuada gestión.

A ello se suma otro factor que este verano ha sido especialmente determinante: una vegetación extremadamente seca tras semanas sin precipitaciones significativas y varios episodios consecutivos de calor extremo. Esa combinación ha incrementado la energía liberada por los incendios y ha reducido enormemente la capacidad de controlarlos durante las primeras horas.

Poner el foco sobre: ¿quién gestiona realmente el monte?

En un artículo publicado en el Heraldo de Aragón, firmado por los decanos Pérez-Soba y Betrán, y secundado por el resto de decanos de los Colegios Profesionales de Ingeniería de Aragón, defienden que la prevención de incendios es “asunto de todas las ingenierías”. Una frase que encierra una idea mucho más profunda de lo que parece.

“Gestionar el territorio no consiste únicamente en apagar incendios”, explican. “Consiste en decidir qué cultivos permanecen activos, qué montes se aclaran, qué caminos forestales nuevos son precisos, dónde y cómo pasta el ganado, cómo se aprovecha la biomasa o quién se responsabiliza del mantenimiento de miles de hectáreas forestales”, apuntan.

Y es justo en este punto donde aparece uno de los problemas que arrastra Aragón: cerca de la mitad de la superficie forestal pertenece a propietarios privados. En numerosos casos se trata de parcelas extremadamente fragmentadas, heredadas durante generaciones, con titulares difíciles de localizar o cuya rentabilidad económica resulta insuficiente para justificar inversiones periódicas en trabajos selvícolas.

El Diagnóstico del Plan Forestal de Aragón, elaborado por el Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente, indica que: el 58,5 % de la superficie forestal aragonesa es de titularidad pública (1.475.140 hectáreas), y el 41,5 % restante es de titularidad privada, lo que supone más de un millón de hectáreas en manos alrededor de 158.000 propietarios particulares de monte privado diseminados por toda la comunidad.

La propiedad está muy fragmentada, y esa fragmentación dificulta la gestión forestal. El Plan Forestal propone un “Plan de dinamización y concentración de la propiedad forestal privada aragonesa”. Mientras existan millones de hectáreas con propietarios desconocidos, dudosos o incapaces de gestionar individualmente sus parcelas, resulta muy complicado planificar tratamientos forestales, restauraciones o infraestructuras de prevención. Por ello, Pérez-Soba recuerda que, uno de los principales obstáculos para desarrollar una gestión preventiva eficaz, es precisamente la falta de claridad en la propiedad del monte.

El monte no puede mantenerse solo con subvenciones

Otra de las ideas que el decano del Colegio de Ingenieros de Montes pone sobre la mesa rompe con uno de los planteamientos más habituales sobre la conservación de los bosques. Un monte no puede mantenerse solo mediante inversiones públicas. “Permanece bien gestionado cuando genera actividad económica”.

Durante siglos, el bosque fue un espacio productivo. Proporcionaba madera, carbón vegetal, leña, resina, pastos, caza o setas. Esa actividad obligaba a mantener caminos abiertos y realizar aprovechamientos periódicos que reducían de forma natural la carga de combustible. Cuando esa economía desaparece, también desaparecen quienes trabajan diariamente en el monte.

La vegetación crece durante décadas sin apenas intervención humana y el resultado es un bosque más denso, con árboles compitiendo por el agua, abundante matorral y grandes cantidades de biomasa seca acumulada. Esta fotografía fija se convierte en el escenario perfecto para que cualquier chispa termine convirtiéndose en un incendio de comportamiento extremo como los que se están viviendo este verano en Aragón y en el resto de España.

De apagar incendios a gestionar paisajes

El cambio de estrategia frente a los incendios forestales pasa, según defienden los decanos de los colegios de Ingenieros de Montes y de Ingenieros Agrónomos, por actuar sobre el territorio mucho antes de que llegue el verano. Ignacio Pérez-Soba y Jesús Ángel Betrán sostienen que la prevención no puede limitarse a abrir cortafuegos o reforzar los dispositivos de extinción cuando comienza la campaña estival. La clave está en recuperar una gestión integral del territorio, en el que bosques, cultivos y pastos sean espacios gestionados y activos. Se trata, en definitiva, de “diseñar un territorio más resistente al fuego y menos vulnerable a los incendios de alta intensidad”.

Ese modelo requiere devolver al monte su función productiva y favorecer actividades que contribuyen a su mantenimiento. La ganadería extensiva ayuda a controlar de forma natural la vegetación que alimenta los incendios; el aprovechamiento de la biomasa convierte un exceso de combustible forestal en un recurso con valor energético; y en general los proyectos de ordenación de montes permiten planificar una gestión integral.

Los ingenieros inciden en que la prevención debe dejar de entenderse como un gasto asociado a la campaña de incendios para convertirse en una inversión permanente en gestión del territorio y desarrollo rural, capaz de generar actividad económica, fijar población y reducir el riesgo de que una chispa termine convirtiéndose en un gran incendio forestal.

Una nueva política para el monte

Para Pérez-Soba y Betrán, la prevención de los incendios forestales no puede seguir siendo una responsabilidad exclusiva de los servicios de extinción o de un único departamento de la Administración. Exigen una estrategia compartida en la que participen ingenieros de montes, ingenieros agrónomos, administraciones públicas, propietarios forestales, agricultores, ganaderos y ayuntamientos. La gestión del territorio, defienden, debe convertirse en una política permanente que trascienda la campaña de verano y que integre la actividad agrícola, ganadera y forestal como herramientas clave para reducir el riesgo de grandes incendios.

Ese cambio de modelo pasa por adoptar medidas concretas que permitan recuperar un territorio más resiliente frente al fuego. Entre ellas, proponen favorecer la creación de agrupaciones de propietarios para gestionar de forma conjunta parcelas forestales muy fragmentadas, actualizar la información catastral y registral para identificar con claridad la titularidad de los montes, incentivar fiscalmente la gestión forestal sostenible y consolidar un mercado estable para todos los productos forestales, que dé valor añadido al monte.

También consideran prioritario apoyar la ganadería extensiva como método natural para reducir la carga de combustible y sobre todo promover trabajos y actividades forestales, no solo de las brigadas de la Administración Forestal, sino de empresas privadas y de otras Administraciones Públicas, como las locales.

Las cifras del fuego: las series históricas demuestran que no hay más incendios que en los años 80

La sensación de que cada verano arden más montes forma parte ya del imaginario colectivo. Sin embargo, las estadísticas oficiales dibujan un panorama más complejo. Pérez-Soba recuerda que el análisis de los incendios debe hacerse sobre series históricas largas y no a partir de una campaña concreta. “En el sector forestal toda tendencia se manifiesta en plazos largos”, advierte.

Los datos de la Estadística General de Incendios Forestales (EGIF), que recopila información homogénea desde 1968, muestran que el número de incendios en España lleva años descendiendo. Tras alcanzar máximos superiores a los 25.000 incendios anuales en la década de los noventa, desde 2012 la cifra se estabiliza en torno a los 12.000, menos de la mitad del máximo histórico. También ha disminuido el número de grandes incendios forestales y la superficie media quemada por incendio respecto a los peores años registrados.

Entonces, ¿por qué existe la percepción de que los incendios son cada vez peores? El ingeniero de montes apunta varias razones. Por un lado, la enorme repercusión mediática que tienen los grandes incendios durante el verano; por otro, la espectacularidad de las imágenes aéreas y la falta de especialización técnica en buena parte de la información publicada. Todo ello contribuye, sostiene, a construir una visión parcial de un fenómeno mucho más complejo de lo que suele reflejar el debate público.

¿El incendio se apaga en invierno? No: se apaga todo el año, todos los años

La campaña de 2026 ha demostrado que Aragón dispone de profesionales altamente cualificados para combatir el fuego. Pero también está poniendo de manifiesto que existe un límite que los medios de extinción no pueden superar cuando el territorio acumula décadas de abandono.

La reflexión que plantean Ignacio Pérez-Soba y Jesús Ángel Betrán trasciende la gestión de una emergencia concreta. Su mensaje apunta a un cambio de modelo: dejar de considerar el incendio como un problema exclusivamente de extinción y empezar a entenderlo como la consecuencia visible de un territorio cada vez más abandonado.

Porque, cuando el fuego llega en verano, las decisiones que realmente podían haber reducido su intensidad se tomaron —o se dejaron de tomar— muchos meses, o muchos años, antes. Y en ese tiempo, concluyen los ingenieros, el protagonista ya no es el helicóptero ni la autobomba. Es el propietario forestal, el agricultor, el ganadero, el técnico y la administración capaces de mantener un monte vivo, rentable y gestionado durante los doce meses del año.

La diferencia entre un monte que arde y otro que resiste no empieza cuando despega el primer helicóptero. Empieza en la forma en que una sociedad decide gestionar -o no- su territorio rural.