¡Es la vivienda, estúpido!

En Aragón, los gastos de vivienda (hipoteca o alquiler) sumados a los suministros básicos (agua, electricidad y gas) se “comieron” 10.985 euros anuales por hogar de media, según la Encuesta de Presupuestos Familiares de 2025 del Instituto Nacional de Estadística (INE).

Esa cantidad representaba el 31,3 por ciento de todo el gasto anual de las familias aragonesas cuyo promedio ascendía a 35.024 euros. Estamos en el límite recomendado por las organizaciones financieras para evitar el sobreendeudamiento y, atención, los tipos de interés han empezado a subir.

Si tenemos en cuenta que en Aragón una hipoteca se lleva de media el 29 por ciento del salario medio y un alquiler medio alcanza los 824 euros a los que sumar agua, electricidad y gas, los gastos de la vivienda se sitúan entre el 35 y el 38 por ciento de los ingresos individuales o de los hogares en los que entra un único sueldo.

A pesar de estos datos, el Gobierno de Aragón ha descartado de plano aplicar la Ley por el derecho a la vivienda, de 24 de mayo de 2023, que permite que los ayuntamientos puedan limitar el precio de los nuevos alquileres en áreas tensionadas donde el acceso a la vivienda resulta especialmente difícil.

En concreto, en aquellas en las que el coste medio de la hipoteca o del alquiler, más los suministros básicos, superen el 30 por ciento de los ingresos medios de los hogares de la zona o en las que el precio del alquiler o de la compra de una vivienda haya subido en los últimos 5 años más de 3 puntos porcentuales por encima del Índice de Precios al Consumo (IPC) autonómico de referencia. La limitación de precios tiene 3 años de vigencia prorrogables. La autorización la dan las comunidades autónomas a petición de los ayuntamientos.

El Ejecutivo autonómico mantiene que esta medida reduce la oferta de viviendas en alquiler y la desplaza hacia el alquiler de temporada o por habitaciones, al uso turístico o a la compraventa. La apuesta es construir más viviendas privadas y públicas, principalmente privadas, y reclamar más cesiones de suelo a las sociedades públicas recién creadas por el Gobierno de España como Casa 47, antigua Sareb o “banco malo”, que es la que gestiona ahora los activos inmobiliarios problemáticos de los bancos rescatados durante la crisis financiera de 2008. 

El consejero Octavio López proclamaba el pasado martes que el actual Gobierno de Aragón ya ha puesto en marcha 3.700 viviendas públicas en 37 meses de gestión y añadía que son solo tres las comunidades autónomas que están aplicando la declaración de zonas tensionadas.

Las imágenes del desahucio en Madrid de Maricarmen, una mujer de 87 años que llevaba viviendo de alquiler 70 en la misma casa, le habrá hecho reflexionar. A muchos nos ha generado rabia y alguna que otra lágrima por la dejadez de las administraciones o, lo que es lo mismo, porque el mercado esté pasando por encima de la regulación y de la humanidad. ¿Cómo puede continuar pasando esto?

También le habrá hecho reflexionar a Octavio López el hecho de que adorando al Dios de la oferta ya tuvimos en 2008 una burbuja inmobiliaria y un gravoso rescate bancario con dinero público que nunca se devolvió. En Aragón, a pesar del aumento de licencias de viviendas públicas en los últimos meses, el 63 por ciento continúan siendo de promoción privada o libres y el 37 por ciento públicas o protegidas. El precio del metro cuadrado está en los 2.200 euros, con un incremento acumulado anual del 11,4 por ciento, según la cátedra en Mercado Inmobiliario de la Universidad de Zaragoza

Por cierto, una de las tres comunidades autónomas que están aplicando la declaración de zonas tensionadas es Galicia, gobernada por el PP, tras pedírselo al Ejecutivo de Alfonso Rueda los ayuntamientos de La Coruña y de Santiago de Compostela, con alcaldesas del Partido Socialista y del Bloque Nacionalista Gallego. 

En Cataluña y en Barcelona, que son la comunidad y la ciudad que están yendo más lejos aplicando políticas de defensa de la vivienda, los alquileres han descendido un 3,7 por ciento de media en los municipios declarados zona tensionada y un 6,4 por ciento en la capital, según el registro de fianzas.

El Parlamento de Cataluña aprobó regular el precio del alquiler, impedir el uso fraudulento del alquiler de temporada, y dos leyes que permiten expropiar el uso de viviendas vacías y que impiden desahuciar a familias vulnerables.

Además, a través de un decreto autonómico el equipo de gobierno de Barcelona cerró 10.000 pisos turísticos que eran legales con la finalidad de que volvieran al mercado residencial y prohibió la apertura de nuevos establecimientos turísticos.

Han sido estas políticas las que llevaron al alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, a una cumbre de ciudades de todo el mundo, Urban20, promovida la pasada semana por el alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani.

Mamdani, que desde la izquierda se guía por el principio de la asequibilidad, de prestar más atención a las necesidades de las familias trabajadoras y de las clases medias y menos a la perspectiva de género, ha congelado los alquileres de 1 y 2 años del millón de apartamentos con renta controlada. Representan el 40 por ciento de todos los apartamentos en los 5 distritos de la ciudad. Simultáneamente, ha aprobado un impuesto a los propietarios de grandes mansiones que no viven la mayor parte del tiempo en Nueva York.

Su última iniciativa ha sido promover supermercados públicos asequibles para contrarrestar las subidas de precios de productos básicos. Alguien ya los ha comparado con los economatos que pusieron en marcha algunas grandes compañías públicas y privadas en España hace muchos años, por ejemplo en el extinguido sector de la minería del carbón, para vender productos de primera necesidad a precios más baratos que en el mercado habitual.

Mamdani es uno de los líderes progresistas que ha decidido competir no solo con limitaciones normativas sino también en el plano emocional, con una presencia constante en la calle y en las redes sociales, contra lo que el canciller alemán Merz ha denominado fascinación cada vez más profunda por lo autoritario.

Cuando el consejero aragonés de Vivienda, Octavio López, contrapone el aumento de la oferta de los Gobiernos de la derecha, más privada que pública, a la regulación e intervención del mercado de los de la izquierda, debería tener en cuenta que estamos ante un mandato constitucional para garantizar el derecho a una vivienda digna a todos los españoles.

Ambas propuestas no deberían ser incompatibles, tampoco el trabajo conjunto de las administraciones sean del color que sean, para evitarnos la vergüenza de tener que contemplar cómo una inmobiliaria consigue desahuciar de su casa y de su barrio a una casi nonagenaria tan vulnerable como digna.