Municipios afectados por el incendio de Riglos piden investigar al Gobierno de Aragón por las obras de la A-132

Los ayuntamientos del Reino de los Mallos han cargado contra el Gobierno de Aragón tras su anuncio de personarse como perjudicado en la causa por el incendio de Peñas de Riglos y han reclamado que se investigue su actuación en las obras de la A-132. Los municipios denuncian que llevan meses solicitando documentación sobre los trabajos y advierten de que la decisión del Ejecutivo puede “desviar la atención” sobre estas cuestiones.

La iniciativa reúne a municipios gobernados por distintas formaciones políticas, entre ellos varios con alcaldías del PP, además de PSOE, CHA, PAR y otras formaciones locales. En un comunicado conjunto, los ayuntamientos aseguran que el Ejecutivo autonómico “no ha aportado ni demostrado disponer” de la documentación técnica que le han solicitado sobre la A-132. Entre ella citan “autorizaciones, informes de seguridad, evaluaciones de riesgo, protocolos de obra y documentación medioambiental”. Para los municipios, la falta de respuesta a estos requerimientos es “un hecho objetivo”.

El incendio se declaró el pasado 10 de agosto en el entorno de Santa María de la Peña, cerca de la zona donde se estaban ejecutando las obras de la A-132. Las primeras investigaciones situaron el inicio del fuego en la zona de la campa donde se desarrollaban los trabajos, aunque por el momento no se ha establecido que las obras fueran la causa del incendio. La Guardia Civil detuvo posteriormente a un hombre como presunto autor del fuego, que permanece en prisión provisional sin fianza por orden judicial.

El Gobierno de Aragón ha anunciado que se personará “como perjudicado” en el procedimiento. El consejero de Interior, Roberto Bermúdez de Castro, ha rechazado que hubiera maquinaria trabajando cuando comenzó el fuego y ha criticado las versiones que relacionaban las obras con su origen. “Aquí no hubo ninguna máquina trabajando”, ha afirmado, después de señalar que durante los primeros días “se dijeron barbaridades”.

Por su parte, el consejero de Medio Ambiente, Luis Biendicho, ha confirmado la personación del Ejecutivo autonómico. “Nos vamos a presentar como perjudicados en el proceso”, ha señalado. Biendicho ha apuntado que si el detenido se encuentra en prisión provisional sin fianza por orden judicial “es que hay claros indicios de lo que sucedió y lo que hizo” y ha defendido que debe esclarecerse por qué se produjo el incendio.

Chunta Aragonesista (CHA) también ha respaldado la reclamación de los municipios y ha anunciado que trasladará la cuestión a las Cortes de Aragón para exigir al Gobierno autonómico que aclare la situación de las obras de la A-132, los controles realizados y el cumplimiento de los requisitos de seguridad y prevención. Su portavoz y secretaria general, Verónica Villagrasa, ha defendido que los ayuntamientos tienen derecho a disponer de “toda la documentación técnica” y a exigir “garantías sobre la seguridad de sus vecinos y vecinas”.

Los ayuntamientos recuerdan sus advertencias

Hace semanas, representantes municipales, vecinos y empresarios del Reino de los Mallos se movilizaron contra el cierre total de la carretera previsto durante el verano y advirtieron de los problemas que podía generar tanto para la movilidad como para la respuesta ante una emergencia. Los ayuntamientos recuerdan ahora aquellas advertencias y reclaman que se acredite que los trabajos cuentan con “todos los permisos, informes y controles exigibles”. También sostienen que el Gobierno de Aragón “no ha aportado ni demostrado disponer” de la documentación solicitada.

Los afectados cuestionaban que la carretera alternativa, la A-1205, pudiera asumir todo el tráfico desviado durante un corte total. Finalmente, las reivindicaciones vecinales consiguieron que la A-132 permaneciera abierta. Poco después, llegó el fuego que obligó a evacuar a cientos de personas y amenazó a numerosos núcleos del entorno.

Los ayuntamientos reclaman que se esclarezca la actuación administrativa relacionada con las obras. También rechazan cualquier intento de “desviar la atención” de las cuestiones que llevan meses planteando. En su comunicado, los municipios califican lo ocurrido como “la crónica de un desastre anunciado, prevenible y previsible” y reclaman un “cambio radical en la gestión del medio rural aragonés y de los incendios forestales”.

Los ayuntamientos del Reino de los Mallos hacen un llamamiento a otras localidades que estén sufriendo daños directos o indirectos por el incendio para que se sumen a la causa judicial abierta. También reclaman un pronunciamiento del Tribunal Superior de Justicia de Aragón que aporte “claridad, tutela efectiva y garantías jurídicas”.

El incendio de Peñas de Riglos, declarado el 10 de agosto, ha obligado al desalojo de alrededor de un millar de personas de 19 poblaciones y ha calcinado miles de hectáreas. La investigación sobre sus causas continúa abierta mientras el detenido permanece en prisión provisional sin fianza.