Una investigación iniciada en Zaragoza desmantela una red que explotaba sexualmente a 26 mujeres en 5 provincias
La investigación iniciada en Zaragoza ha permitido desarticular una organización criminal de origen chino dedicada presuntamente a la trata de seres humanos con fines de explotación sexual que mantenía a 26 mujeres en condiciones de esclavitud en prostíbulos repartidos por varias provincias españolas. La operación, desarrollada por la Policía Nacional junto con el Servicio de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria y con la colaboración de la ONG Our Rescue, se ha saldado con 16 detenidos —tres de ellos en Zaragoza—, el cierre de 11 prostíbulos y el embargo de cinco inmuebles valorados en más de medio millón de euros.
Las pesquisas comenzaron tras detectarse en Zaragoza un piso donde varias mujeres de nacionalidad china ejercían la prostitución. A partir de ese hallazgo, los agentes descubrieron la existencia de una organización criminal asentada en distintas provincias españolas que explotaba sexualmente a mujeres de origen chino y latinoamericano y que había desarrollado una estructura estable para captar víctimas, trasladarlas, explotarlas y blanquear los beneficios obtenidos.
La operación ha culminado con la detención de 16 personas en Madrid (4), Valencia (4), Zaragoza (3), Barcelona (2), Tarragona (2) y Figueres (1). Entre los arrestados se encuentra la principal responsable de la organización, que ha ingresado en prisión provisional. Además, la Policía ha clausurado 11 prostíbulos situados en Madrid, Valencia, Tarragona, Barcelona y Zaragoza.
Falsas ofertas de empleo como masajistas y estilistas
Según la investigación, la organización captaba a mujeres mediante anuncios publicados en redes sociales y aplicaciones chinas de mensajería instantánea. En ellos ofrecía supuestos puestos de trabajo como masajistas o estilistas en España.
Las víctimas, muchas de ellas en una situación de necesidad económica y, en algunos casos, en situación administrativa irregular, aceptaban las ofertas sin conocer que realmente iban a ser obligadas a ejercer la prostitución.
Para facilitar su llegada a España, la organización proporcionaba documentación falsa a algunas de las mujeres antes de viajar. Una vez en el país, les entregaban tarjetas de residencia y trabajo pertenecientes a otras mujeres en situación regular para que pudieran suplantar su identidad en caso de inspecciones en los prostíbulos o identificaciones policiales.
Un régimen de esclavitud
Las mujeres eran alojadas en los prostíbulos gestionados por la red, donde permanecían sometidas a un régimen que la Policía describe como de esclavitud. Debían estar disponibles las 24 horas del día, los siete días de la semana, sin jornadas de descanso y sin posibilidad de rechazar a ningún hombre que acudía.
Además, eran vigiladas permanentemente mediante cámaras de videovigilancia y obligadas a realizar servicios sexuales tanto en los prostíbulos como a domicilio. Según la investigación, también eran forzadas a mantener relaciones sexuales sin preservativo cuando así lo exigían los demandantes de prostitución.
Todas las ganancias obtenidas eran entregadas íntegramente a la organización. Solo cuando los responsables consideraban que la deuda generada por su traslado y manutención había sido saldada, las víctimas comenzaban a recibir el 50% de los beneficios.
Rotación constante entre prostíbulos
Los investigadores sostienen que la organización gestionaba al menos 11 prostíbulos distribuidos entre Madrid, Valencia, Tarragona, Barcelona y Zaragoza, algunos de ellos explotados junto a otros socios. Las mujeres eran trasladadas continuamente entre los distintos locales para dificultar su identificación y maximizar los beneficios económicos.
Además, la red había desarrollado otro modelo de negocio consistente en crear prostíbulos clandestinos desde cero. Para ello alquilaban pisos o locales, los acondicionaban y los explotaban hasta consolidar una cartera de demandantes de prostitución. Una vez el negocio era rentable, lo traspasaban a otros gestores a cambio de importantes cantidades de dinero.
Armas, dinero y bienes embargados
En los registros realizados durante la operación, los agentes intervinieron 35.000 euros en efectivo, varias armas prohibidas de tipo katana, diversas sustancias estupefacientes y potenciadores sexuales, 24 teléfonos móviles, dos pasaportes falsos y abundante documentación relacionada con la actividad de la organización.
La investigación también permitió descubrir un sistema estructurado para ocultar y dispersar los beneficios obtenidos mediante la explotación sexual con el objetivo de introducirlos en el circuito económico legal. Como consecuencia de la investigación por un presunto delito de blanqueo de capitales desarrollada por el Servicio de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria, la autoridad judicial acordó el embargo de cinco inmuebles valorados en más de 500.000 euros, dos vehículos y ocho cuentas bancarias.
La Policía Nacional ha recordado que esta actuación se enmarca en el Plan contra la Trata de Seres Humanos con Fines de Explotación Sexual y mantiene habilitado el teléfono 900 10 50 90 y el correo electrónico trata@policia.es para comunicar, de forma anónima y confidencial, posibles casos relacionados con este delito.
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