Vox endurece su ofensiva contra la inmigración y quiere dejar sin el IMV aragonés a personas en situación irregular

Vox da un nuevo paso en su estrategia para endurecer las políticas de inmigración en Aragón. El Gobierno autonómico reformará la ley que regula la Prestación Aragonesa Complementaria del Ingreso Mínimo Vital (PACIMV) para impedir que las personas en situación administrativa irregular puedan acceder a esta ayuda, que complementa o sustituye el Ingreso Mínimo Vital (IMV) estatal.

La modificación ha sido anunciada este jueves por el vicepresidente y consejero de Bienestar Social, Alejandro Nolasco, quien ha enmarcado la medida en uno de los compromisos electorales de Vox: “ni una paguita pública para la inmigración ilegal”. Según ha explicado, la reforma exigirá acreditar residencia legal y efectiva para acceder a la prestación, además de endurecer los requisitos de arraigo mediante un periodo mínimo reforzado de empadronamiento y la acreditación de cotizaciones a la Seguridad Social.

Nolasco ha asegurado que el Partido Popular conoce la iniciativa y ha avanzado que el Ejecutivo la aprobará “cuanto antes” mediante un anteproyecto de ley que será remitido posteriormente a las Cortes de Aragón. El objetivo, ha dicho, es modificar la normativa aprobada durante el anterior Gobierno de PSOE, CHA, Podemos y PAR, que únicamente exige residencia efectiva, acreditable mediante el empadronamiento.

El vicepresidente ha sostenido que la legislación actual permite que una persona en situación administrativa irregular, si acredita vulnerabilidad económica y lleva un año empadronada en Aragón, pueda acceder a una prestación que, según ha afirmado, “roza los 1.000 euros al mes”. “Vox va a acabar con este disparate”, ha asegurado.

La reforma afectará tanto a quienes perciben el complemento autonómico del IMV como a quienes reciben la prestación aragonesa por no cumplir los requisitos exigidos para acceder a la ayuda estatal.

Endurecimiento del acceso

Además de exigir residencia legal, Vox quiere incorporar el criterio de “prioridad nacional” al acceso a estas prestaciones. Para ello, los solicitantes deberán acreditar un “arraigo real, duradero y verificable”, vinculado a un periodo mínimo reforzado de empadronamiento y a haber cotizado previamente a la Seguridad Social, aunque el Ejecutivo todavía no ha concretado los plazos.

Durante su comparecencia, Nolasco volvió a endurecer su discurso sobre inmigración y defendió que “España sufre una invasión migratoria insostenible” y que deben reservarse los recursos públicos para quienes “contribuyen al sistema”.

Como argumento para justificar la reforma, aseguró que actualmente más de 1.100 personas inmigrantes perciben la prestación autonómica o el complemento al IMV en Aragón, lo que, según sus datos, representa alrededor del 25% de los 4,5 millones de euros que destina el Ejecutivo autonómico a estas ayudas, mientras que la población extranjera supone en torno al 15% de la población aragonesa.

También afirmó que más de la mitad de esas personas llevan cuatro años o más percibiendo estas prestaciones y anunció que el Gobierno facilitará más adelante datos sobre cuántos de los beneficiarios se encuentran en situación administrativa irregular.

En la línea de otras comunidades

Nolasco ha defendido que Aragón seguirá el camino iniciado en otras comunidades donde Vox participa en los gobiernos autonómicos. En Baleares, PP y Vox endurecieron el acceso a la renta social mediante una modificación incorporada a la Ley de Aceleración de Proyectos, elevando los requisitos de residencia continuada. En la Comunitat Valenciana también se ha aprobado una nueva regulación de la renta valenciana de inclusión que entrará en vigor en octubre y que endurece las condiciones de acceso con un mayor periodo de empadronamiento, aunque la denominada “prioridad nacional” no forma parte finalmente de la ley.

De este modo, Aragón se sumaría a la estrategia impulsada por Vox en distintas comunidades para restringir el acceso de la población extranjera a las prestaciones sociales, una de las principales banderas del partido en materia migratoria.