PP y Vox redoblan su ofensiva contra el requisito del catalán en la función pública balear: “Es un 'titulito' excluyente”

PP y Vox han acordado rebajar el requisito del catalán en distintos ámbitos de la función pública balear mediante varias enmiendas a la ley de proyectos estratégicos, una norma centrada en agilizar inversiones que no guarda relación alguna con la política lingüística. El pacto permitirá aplazar la acreditación del idioma para docentes en plazas de difícil cobertura y eliminarlo en algunas categorías laborales básicas de la administración.

La portavoz de la formación de extrema derecha en el Parlament, Manuela Cañadas, ha anunciado este lunes el acuerdo alcanzado con los populares tras “largas reuniones y negociaciones”. “No podemos permitir que un aula se quede sin profesor porque el candidato más cualificado no tenga un titulito excluyente como es el catalán”, ha señalado en relación a la certificación que acredita el conocimiento de la lengua propia de Balears.

Según ha señalado, ambas formaciones introducirán tres enmiendas que rebajan o posponen la exigencia de acreditar conocimientos de catalán en distintos ámbitos de la administración. La primera de las medidas se refiere a las plazas docentes catalogadas como de muy difícil cobertura. En estos casos, el acuerdo prevé que los aspirantes puedan incorporarse al puesto aunque no acrediten el nivel de catalán requerido en el momento de acceder a la plaza, con la obligación de obtenerlo posteriormente en un plazo que podría situarse en torno a los dos años.

La segunda enmienda plantea rebajar o suprimir el requisito lingüístico en determinadas categorías laborales básicas de la función pública, como celadores, auxiliares, personal de limpieza o mantenimiento, siempre que se trate de puestos sin atención directa al público. Además, el acuerdo abre la puerta a establecer excepciones cuando la falta de aspirantes “ponga en riesgo el funcionamiento de los hospitales u otros servicios públicos esenciales”, según ha señalado Vox en una nota de prensa.

La tercera modificación afectará al ámbito educativo: conservadores y extrema derecha proponen rebajar de un 8 a un 7 la nota necesaria para obtener automáticamente el certificado B2 o C1 de catalán al finalizar la ESO o el bachillerato. También prevén garantizar que el alumnado que curse un año en el extranjero pueda obtener igualmente la acreditación si alcanza la calificación exigida.

Cañadas ha enmarcado el pacto dentro de lo que ha definido como “un buen acuerdo” teniendo en cuenta la representación parlamentaria de Vox. “Somos muy ambiciosos y nos encantaría ir más allá, pero tenemos la fuerza que tenemos, de momento”, ha señalado.

Por su parte, la portavoz adjunta del PP, Marga Durán, ha defendido que el requisito no desaparece, sino que se aplaza para facilitar la cobertura de vacantes. Durán ha insistido en que las enmiendas serán registradas por Vox y que el PP las respaldará si se ajustan a lo acordado.

El acuerdo se suma a una serie de decisiones adoptadas por el Govern de Marga Prohens desde el inicio de la legislatura que han ido rebajando el peso del catalán en distintos ámbitos institucionales y educativos, muchas de ellas fruto de la negociación con Vox.

El principal ámbito en verse afectado por las políticas de la derecha en este sentido ha sido el sanitario: poco tiempo después de llegar al poder, el Ejecutivo autonómico del PP aprobó un decreto de medidas urgentes para que el catalán fuera un mérito y no un requisito a la hora de trabajar en al sanidad pública balear. Fue, de hecho, una de las grandes promesas electorales de Prohens y de su pacto de gobierno con la extrema derecha.

Según los populares, el objetivo era combatir el histórico déficit de sanitarios que sufre el archipiélago -como también lo padecen otras regiones de España-, pero confesó que no dispone de los datos que avalarían, a su juicio, la eliminación del catalán como requisito laboral. La consellera de Salud, Manuela García, admitió desconocer cuántos profesionales entran o salen del sistema sanitario por tener que acreditar cierto nivel de catalán, dado que cuando un médico se marcha el requerimiento del catalán no se hace constar entre las causas de abandono, por lo que confesó que será complicado evaluar el impacto de la supresión como medida de captación de sanitarios.

Tras ello, PSOE y Sumar llevaron al Tribunal Constitucional la decisión del Govern al considerar que vulnera “el principio de igualdad y el de no discriminación por razón de lengua, reconocido en el Estatut d'Autonomia” y “atenta contra el régimen de cooficialidad lingüística vigente”.

A mediados de 2025, los de Santiago Abascal lograron 'colar' la supresión del catalán como requisito laboral para acceder a la sanidad pública -a pesar de que esta medida ya estaba siendo aplicada a través del anterior decreto ley- vía enmiendas a una normativa que nada tiene que ver con estas materias: la aprobada para regular las explotaciones ganaderas intensivas de aves de corral.