Fracaso de PP y Vox contra el catalán en las aulas: menos de un 5% de los alumnos se matriculan en su plan en Balears

PP y Vox fracasan en su iniciativa estrella contra el catalán en las aulas de Balears: menos del 5% del alumnado de Educación Primaria y ESO (Educación Secundaria Obligatoria) participa en este curso en su plan de segregación lingüística. Según ha informado este martes en el Parlament Antoni Vera (PP), conseller de Educación y Universidades, sólo 5.864 alumnos de los 120.651 que están inscritos en ambas etapas educativas participan en este programa, en base a los datos del Anuario de Educación que elabora la Universitat de les Illes Balears. El número de centros adheridos ha aumentado de 11 a 19.

La iniciativa consiste en ofrecer la posibilidad —la decisión la toma cada centro educativo y debe de haber al menos un 20% del alumnado interesado en participar— de escoger, en el caso del alumnado de Primaria, que las asignaturas de Matemáticas y Conocimiento del Medio se puedan estudiar en catalán o castellano. En cuanto al alumnado de la ESO, que los centros educativos puedan ofertar las materias de Matemáticas y Geografía e Historia y también una asignatura del ámbito científico (Biología y Geología, Física y Química o Tecnología) en catalán o castellano.

En su respuesta a la diputada de Vox Idoia Ribas, el conseller de Educación ha destacado este martes que, debido a la ampliación del plan piloto a 19 centros —entre ellos, algunos de secundaria—, son más de 5.800 alumnos los que se han sumado a la iniciativa. Según Vera, el objetivo del modelo tiene como principal objetivo garantizar que los alumnos de los centros adheridos dominen en igualdad de condiciones las dos lenguas cooficiales de Balears. El Govern puntualizó que en todos los casos se garantizará que, como mínimo, el 50% de las horas lectivas se realizarán en catalán, como establece el Decreto de Mínimos.

Este plan fue una de las exigencias de Vox para investir como presidenta del Govern a Marga Prohens (PP). El PP aceptó incluir lo que conservadores y ultraderechistas llaman “plan piloto voluntario de libre elección de lengua” como una de las 110 medidas que ambas formaciones firmaron para dar estabilidad a la legislatura tras las elecciones locales y autonómicas de 2023.

Sindicatos, en contra

Tanto sindicatos educativos como entidades sociales han criticado mayoritariamente un modelo que en realidad tiene como objetivo, defienden, la desaparición progresiva del catalán. “La Conselleria de Educación tiene informes sobre cuáles son los resultados del conocimiento de las lenguas en diferentes periodos. No hay un mayor conocimiento del catalán sobre el castellano”, afirmó a este diario Miquel Àngel Guerrero, portavoz de la Federación de Asociaciones de Familias de Mallorca (FAPA).

El conseller Vera ha insistido en que el plan adoptado por 19 centros educativos para este curso respeta el marco normativo. Es decir, la Ley de Normalización Lingüística, la Ley de Educación y el Decreto de Mínimos, que implica que al menos el 50% de las asignaturas se deben impartir en catalán. Asimismo, ha indicado que respeta la autonomía de los centros para decidir si el plan piloto se implanta o no, y que se cuenta con la participación de las familias.

“El aumento de los centros es un hecho positivo que refuerza que la libertad y la calidad educativa pueden ir de la mano. No es un plan improvisado ni excluyente, es voluntario, respetuoso con la normativa y busca garantizar la igualdad de oportunidades”, ha apostillado. Vera ha informado que, para el curso 2027-2028, el IAQSE (Instituto de Evaluación y Calidad del Sistema Educativo de las Illes Balears) realizará una evaluación para comprobar que se están cumpliendo los objetivos de mejorar las competencias lingüísticas del alumnado.

En este sentido, Ribas ha considerado que se trata de una buena noticia que se haya puesto en marcha el modelo educativo propuesto por la ultraderecha. Aún así, la exdiputada de Vox ha aprovechado para lanzar un dardo a su antigua formación y ha opinado que el acuerdo de investidura pactado entre conservadores y ultraderechistas fue negociado “por teléfono desde Madrid” y por “gente que pasa olímpicamente de Baleares”. Un acuerdo que, a su juicio, contiene un “cúmulo de despropósitos”.

“Ojalá pronto cualquier familia pueda llevar a sus hijos a un centro acorde a sus preferencias lingüísticas, pero para eso tendríamos que avanzar en el distrito único. Pero ya hablaremos de eso otro día”, ha defendido Ribas, quien ha señalado que en materia educativa el PP tiene “pánico” debido a la posible movilización social que supondría cambiar la normativa lingüística actual.

La comunidad educativa, en contra

La implantación de este modelo ya provocó hace dos años una fractura entre el Ejecutivo conservador y la comunidad educativa. El acuerdo parlamentario entre PP y Vox se negoció sin consultar a los sindicatos docentes ni a las asociaciones de familias, según denunciaron públicamente. Dicho acuerdo preveía la elección de la lengua en la primera enseñanza —catalán o castellano— en todos los centros educativos de Balears en el segundo ciclo de Educación Infantil y en el primer ciclo de Educación Primaria a partir del curso escolar 2024-2025.

“El Govern repitió por activa y por pasiva que no tiraría hacia adelante ningún proyecto sin consultarlo con la comunidad educativa”, lamentó Joan Miralles, entonces presidente de la Obra Cultural Balear (OCB). En opinión de Lluís Segura, secretario de Enseñanza Pública de STEI Intersindical, el objetivo no era otro que “hacer desaparecer la lengua propia de Balears y la cultura de las Islas”. “Es una irresponsabilidad del Govern cargar esta decisión a los centros”, advirtió, por otro lado, Guerrero, portavoz de FAPA Mallorca, sobre el hecho de que la decisión de implantar o no el plan piloto recayera sobre la dirección de los centros educativos.

En el texto acordado entre PP y Vox se aseguraba que los cambios se introducirían “de acuerdo a la normativa vigente” —la Ley de Normalización Lingüística, la Ley de Educación y el Decreto de Mínimos, que implica que al menos el 50% de las asignaturas deben ser en catalán— y “en los centros que sea posible”. Además, el nuevo modelo se extendería durante toda la legislatura al resto de los centros, “siempre respetando la autonomía” de cada uno y “sin comportar segregación por razón de lengua”.

En cuanto al acuerdo referente al resto de etapas educativas, señalaba el documento, los centros podrían “acogerse voluntariamente a un plan piloto para ofrecer a las familias la elección de primera lengua de enseñanza en las materias no lingüísticas del ámbito científico y social”, a través de diferentes medidas organizativas y pedagógicas (que pueden implicar, por ejemplo, desdoblamientos y grupos flexibles). Del mismo modo que en las etapas educativas anteriores, indicaba el acuerdo, se haría respetando “la autonomía del centro” y ello no comportaría “segregación por razón de lengua”.

“Nos preocupa porque supone segregación y habrá centros en los que no se podrá aplicar”, aseguró a este diario, en cambio, Mario Devis, secretario general de Enseñanza de CCOO en Balears. “No vemos claro cómo van a mantener las normativas que hay en materia de normalización lingüística, así como el Decreto de Mínimos y a la vez llevar a cabo el modelo que proponen”, indicó. Para la rama educativa del sindicato obrero había una “paz social” en torno a la lengua que se había roto porque el Decreto de Mínimos regula que los centros aseguren al menos un 50% de las asignaturas en catalán. “Se acordó para favorecer la normalización lingüística en las Islas”, reiteró Devis.

Educación de Todos: el modelo no implica “segregación”

PLIS. Educación, por favor y Societat Civil Balear, ambas organizaciones pertenecientes a la plataforma Escuela de Todos, tienen una opinión radicalmente distinta, que quedó reflejada en el documento que enviaron a PP y Vox en octubre de 2023. En dicho escrito, a cuyo contenido accedió este diario, aseguraron que su modelo, en el que se inspira el Govern, está basado en “criterios pedagógicos” para “favorecer el desarrollo personal y curricular de cada alumno”.

“Estamos satisfechos porque han recogido que en Primaria y Secundaria, en cuanto a las materias troncales de Ciencias Naturales y Ciencias Sociales, haya libre elección de lengua y desdobles”, afirmó a este diario OIga Ballester, portavoz de la rama balear de la plataforma Escuela de Todos.

Sin embargo, lamentó que la organización a la que pertenece estaba “absolutamente decepcionada” porque el acuerdo entre PP y Vox resalta que “se respetará la autonomía de los centros”. “Las direcciones de los centros están dominadas por el catalanismo, nacionalismo e independentismo”, opinó Ballester. En su opinión, el documento firmado por PP y Vox permitirá que los centros educativos puedan “continuar con la ilegal inmersión lingüística”.

El PP votó en contra del modelo de Vox

La diferencia fundamental entre conservadores y ultraderechistas en cuanto al modelo educativo es que el PP no quiere eliminar el Decreto de Mínimos —que garantiza que al menos el 50% de las asignaturas se imparten en catalán— mientras que Vox quiere blindar el castellano como lengua vehicular. Estas diferencias han llevado a los conservadores a votar con la izquierda en contra de la proposición de ley que había presentado Vox para blindar el castellano en la escuela. El pleno del Parlament tumbó el pasado mes de noviembre una propuesta de los ultraderechistas que pretendía arrinconar el catalán, como informó este diario.

La gestión del modelo educativo y lingüístico es una de las principales líneas de fractura entre PP y Vox en Balears. Las tensiones en torno a este y otros asuntos han provocado que los ultraderechistas tumbaran los presupuestos autonómicos para 2026, por lo que el Govern se ha visto obligado a prorrogar las cuentas de 2025. En cuanto al modelo educativo, el PP apuesta por mantener por ley el actual sistema de enseñanza bilingüe, mientras que Vox exige un cambio que desmonte el marco normativo autonómico en materia lingüística. 

En el pleno del martes 4 de noviembre, tanto los conservadores como los grupos de izquierda votaron en contra de la proposición de ley de la extrema derecha, que buscaba, según Vox, “revertir la imposición del catalán en la enseñanza”. Cabe recordar, sin embargo, que el conocimiento y el uso de la lengua propia de las Islas —un derecho reconocido en el Estatut d'Autonomia y la Ley de Normalización Lingüística— ha sufrido un importante retroceso en las últimas décadas .

Tanto PSIB-PSOE como Més per Mallorca, Més per Menorca y Unides Podem acusaron a Vox de promover una iniciativa que “busca confrontar a la sociedad balear y poner en riesgo el consenso lingüístico alcanzado en las últimas décadas”. Los grupos progresistas defendieron el actual modelo educativo como “una herramienta de cohesión y de igualdad de oportunidades” y recordaron que la inmersión parcial en catalán ha permitido que el alumnado de las Balears salga de la escuela dominando las dos lenguas oficiales. En el caso del castellano, subrayó la diputada de Més per Mallorca Maria Ramon, con niveles “muy superiores respecto a algunas comunidades autónomas monolingües”.

La portavoz adjunta del PP, Marga Durán, opinó que la iniciativa de los de Abascal “colisiona frontalmente con los pilares fundamentales” del sistema educativo y quiere traspasar “líneas rojas” del PP: el Estatut d'Autonomia, la Ley de Normalización Lingüística de 1986 y el Decreto de Mínimos de la educación y la autonomía de los centros. “Creemos en nuestros equipos docentes y en su capacidad de decidir cómo debe adaptarse el proyecto lingüístico y educativo a la realidad de cada centro educativo”, afirmó Durán.

En cuanto a Vox, lamentó que el PP votara en contra de su propuesta. “Hoy es un día triste”, aseguró Sergio Rodríguez, portavoz adjunto de la formación ultraderechista. “La Cámara vota en contra de la libertad. La izquierda lo lleva en su ADN, pero que lo haga un partido centrado, conservador y liberal no nos lo podemos explicar”, opinó. Los ultraderechistas acusaron a los conservadores de negar a la ciudadanía lo que a su juicio es un derecho y principio educativo básico. Sin embargo, es el único partido que pretende acabar con más de cuatro décadas de consenso educativo en torno a la lengua.