Ábalos y Koldo García presentan en el Supremo su último alegato contra el juicio por las mascarillas: “Este tribunal no es competente”

El exministro socialista José Luis Ábalos y quien fuera su asesor Koldo García juegan este jueves la última carta en el Tribunal Supremo para tratar de aplazar su primer juicio por corrupción. La Sala de lo Penal acoge la llamada audiencia preliminar, un acto previo al juicio en el que las partes exponen cuestiones que podrían influir en su desarrollo. La defensa de ambos insistirá en impugnar la competencia del Supremo para enjuiciar el caso, de acuerdo a las fuentes consultadas. Su tesis es que el Supremo “no es competente” para juzgarles tras la renuncia al escaño de Ábalos el pasado 28 de enero. 

La abogada de Koldo García, Leticia de la Hoz, lo plasmó por escrito en un informe presentado al juzgado esta semana: “Si no hay cargo, no hay fuero, y el investigado debe volver inmediatamente al juez predeterminado por la ley, garantizándole así el mismo trato que a cualquier otro ciudadano”. La defensa de Ábalos, que ejerce el penalista Marino Turiel, se ha adherido a ese escrito “en todo su contenido”. La voluntad de ambos es que la Sala resuelva en primer lugar esta “cuestión de no competencia”. Defienden que si se estimara, el resto “deberían ser abordadas y resueltas por el tribunal competente”. 

En este caso, la Audiencia Nacional, donde se sigue investigando el resto de la causa de las mascarillas, así como los presuntos amaños de obra pública por los que está imputado también el ex secretario de Organización socialista Santos Cerdán. Aunque todavía no hay fecha exacta, está previsto que este juicio en el Supremo se inicie en abril. De trasladarse a la Audiencia Nacional, su celebración se dilataría dado que el calendario de este tribunal es más complejo y apretado. 

De acuerdo a las fuentes consultadas, eso podría aumentar las opciones de Ábalos y de Koldo García de abandonar la prisión en la que se encuentran de forma provisional desde el pasado 27 de noviembre. De hecho, uno de los argumentos utilizados por el juez Leopoldo Puente para apuntalar su encarcelamiento fue que el riesgo de fuga se había vuelto “extremo” ante la inminencia del juicio en el que ambos se enfrentan a penas de hasta 30 años de cárcel. 

En contra de la pretensión de ambos juega, sin embargo, un precedente de hace más de una década. El Pleno de la Sala Segunda del Supremo estableció en 2014 que, una vez dictado el auto de apertura juicio oral, la competencia para juzgar el caso se mantiene en el tribunal correspondiente aunque se pierda el aforamiento. Así se pronunció el Alto Tribunal cuando obligó al TSJ de la Comunidad Valenciana a celebrar un juicio en el caso Fitur a pesar de la renuncia a su acta de dos diputadas autonómicas porque ya se había dictado el auto de apertura de juicio oral. En el caso de las mascarillas, esa resolución se dictó el pasado diciembre, mucho antes de que Ábalos renunciara a su escaño.

Más garantías

Las defensas de Ábalos y quien fuera su asesor consideran que el traslado de la causa a la Audiencia Nacional también les permitiría ejercer su defensa con mayores garantías, dado que los dispositivos que contienen la información que sustenta buena parte de la causa está bajo su custodia. El acceso a estos dispositivos es algo que ambos han reclamado en numerosas ocasiones durante la instrucción. Este jueves, sus defensas defenderán que esta circunstancia ha supuesto una vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva y a un proceso equitativo que podría llevar incluso a anular el caso. 

En su escrito de defensa, Ábalos alegó que la investigación se cerró sin permitirle analizar evidencias digitales clave, especialmente un disco duro de su propiedad hallado en la casa de Alicante de quien fuera su asesor Koldo García, lo que ha impedido a su defensa poder contrastar algunas de las afirmaciones realizadas en los informes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que sustentan la acusación.

También afirmaba que los agentes copiaron “hasta 26 piezas de hardware” en el registro de su vivienda sin presencia de su abogado, lo que “vulnera el principio de contradicción y afecta a la cadena de custodia de efectos digitales”. E insistía en presentarse como víctima de una investigación “clandestina” al sugerir que las indagaciones contra él empezaron antes de que el Supremo pidiera la autorización al Congreso. Ese escrito llevaba la firma de su anterior abogado, Carlos Bautista, que renunció a su defensa porque no ha cobrado los honorarios. Pero serán argumentos para una petición de nulidad que su actual abogado recuperará posiblemente en la audiencia preliminar de este jueves. 

La defensa de Koldo García también reiterará la supuesta indefensión de su cliente en relación con esos dispositivos para pedir la nulidad de la causa. En el escrito presentado esta semana alegaba que el Supremo “va a decidir sobre unas evidencias que no están en su poder sino en manos no ya del Juzgado Central de Instrucción sino todavía de la Guardia Civil”. Y cuestionaba que Koldo García fuera a tener que sentarse en el banquillo “sin tener copia alguna” de esos dispositivos que le incautó la UCO cuando fue detenido en febrero de 2024. 

Aldama, el “nexo corruptor” 

En esta vista se analizarán los contratos de mascarillas que dos entes dependientes del Ministerio de Transportes adjudicaron a la empresa de la trama y la contratación en empresas públicas de una expareja de Ábalos. Además, se sustanciará su relación y la de Koldo García con el tercer imputado: el empresario Víctor de Aldama, considerado por la Guardia Civil como el “nexo corruptor”. 

En contraposición a ambos, Aldama se ha alineado con las conclusiones provisionales de la Fiscalía Anticorrupción y la acusación popular, que lidera el Partido Popular. Se espera que reitere su confesión de que pagó mordidas a cambio de contratos públicos y decisiones favorables de la Administración a sus intereses. Y que, a cambio, pida una rebaja de condena por su “colaboración proactiva”. En su escrito de defensa, Aldama afirmaba que había pagado dos millones a Ábalos por los contratos de mascarillas y 500.000 euros a Koldo García, así como entregas mensuales de 10.000 euros. 

La Fiscalía ha valorado la “información relevante” aportada por Aldama, a quien su confesión le sirvió para salir de la cárcel, donde había entrado por su implicación en otro caso, un millonario fraude con hidrocarburos. Y también le ha permitido afrontar una menor petición de cárcel: siete años, frente a los 24 que el fiscal pide para Ábalos y los 19 y medio que solicita para el exasesor. 

El tribunal encargado de la vista estará formado únicamente por hombres y con una mayoría de magistrados conservadores. El órgano notificó este miércoles que la magistrada Ana Ferrer, la única de clara tendencia progresista junto a Javier Hernández, iba a ser sustituida por Vicente Magro, considerado conservador. La salida de Ferrer se debe a que está de baja médica, según fuentes del tribunal. Magro era el siguiente en el turno de rotación de la Sala, explican estas mismas fuentes.