La sentencia de 'Taula' avala los audios del 'yonqui del dinero' y acredita el “entramado” delictivo de la red corrupta

Marcos Benavent, autodenominado 'yonqui del dinero', durante su declaración en el juicio de la pieza J del 'caso Taula'.

Lucas Marco


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La decena de piezas separadas del 'caso Taula' penden de unos audios grabados en secreto entre 2004 y 2007 por Marcos Benavent, autodenominado 'yonqui del dinero'. El primer fallo por la pieza J de la causa, relativa a la financiación de tres campañas electorales del PP valenciano y a las operativas de blanqueo de capitales de Benavent, ha avalado con contundencia las grabaciones de las que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil tiró del hilo para desmadejar la compleja trama.

Alfonso Rus y el 'yonqui del dinero' unen sus defensas para anular los audios secretos que iniciaron el 'caso Taula'

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La sentencia de la sección quinta de la Audiencia Provincial de Valencia, que condena al 'yonqui del dinero' a casi ocho años de prisión como autor de los delitos de blanqueo y falsedad en documento público, concluye que las transcripciones de las conversaciones realizadas por la UCO se corresponden fielmente con los diálogos registrados por Benavent, en un primer momento con una grabadora y luego con un teléfono móvil marca Nokia.

La supuesta manipulación de los audios por parte de Marcos Benavent, tal como alegó el acusado durante el juicio, “no ha sido acreditada de forma alguna”, señala la sentencia. Además, los magistrados consideran que el condenado en ningún momento dijo ante los agentes del Instituto Armado durante la fase de instrucción que manipulara los audios cuando “se practicó su audición en su presencia”. “Por el contrario”, agrega, “reconoció y admitió tanto la autoría de los mismos como el contenido de los audios”.

El fallo asegura que tanto los audios entregados en 2014 por la denunciante Rosa Pérez Garijo, entonces diputada provincial y actual consellera de Transparencia de la Generalitat Valenciana, como los librados por el exsuegro de Benavent, Mariano López, son los mismos, aunque fueran en dos dispositivos de almacenamiento de memoria diferentes. “Se comprobó que la denominación era la misma, que el tamaño era el mismo y que la fecha era la misma”, indica.

La sentencia también reprocha que el 'yonqui del dinero' no ha aportado los archivos sonoros originales, por lo que no se puede comprobar el código 'hash' original (el algoritmo matemático que comprueba si un archivo ha sido modificado).

El aval de las grabaciones supone un duro golpe para la nueva estrategia de defensa de Marcos Benavent, tras abandonar la fructífera fase de colaboración con la UCO y la Fiscalía Anticorrupción que se prolongó casi siete años. Una estrategia, fracasada en primera instancia, a la que se ha sumado la defensa de Alfonso Rus, expresidente de la Diputación de Valencia, en el juicio por la pieza separada B sobre la contratación de trabajadores zombis en la empresa pública Imelsa.

A pesar del severo revés judicial, al 'yonqui del dinero' solo le queda la esperanza de que el Tribunal Supremo (TS) 'compre' su argumentario sobre la nulidad de los audios en el marco de la doctrina del fruto del árbol envenenado —cualquier prueba o indicio obtenido ilegalmente contamina y tumba toda la causa—.

Un saqueo “a costa del erario”

La sentencia, por lo demás, retrata el “entramado societario” orquestado por Marcos Benavent junto con dos testaferros (uno de ellos confeso) “para la realización de las conductas delictivas” de la trama del 'caso Taula', concertado “para lograr un enriquecimiento a costa del erario público”.

El 'yonqui del dinero' fue nombrado por Alfonso Rus gerente de la empresa pública Imelsa, de la Diputación de Valencia. La clave de toda la operativa era la sociedad Thematica Events SL, que formalmente figuraba a nombre del empresario Rafael García Barat y que sirvió para saquear los fondos públicos de Imelsa.

Mediante un contrato privado de compraventa que nunca fue elevado a escritura pública, Marcos Benavent adquirió las participaciones de la mercantil. Todo ello “para garantizar la opacidad” de la empresa pantalla y no aparecer “en el trasfondo de ninguna operación”.

La firma ingresó fondos públicos de Imelsa gracias a un “plan preconcebido” y “amañando adjudicaciones de contratos de forma fraudulenta” para el “particular beneficio” del 'yonqui del dinero'. La empresa fantasma de Benavent, según las pesquisas de la UCO, ya había facturado 1,8 millones de euros en apenas tres años a la Fundación Jaume II El Just, su destino previo a Imelsa.

Gracias a las “gestiones” de Benavent, la Diputación de Valencia adjudicó un evento a Thematica Events SL por 404.223 euros. Sin embargo, la empresa pantalla de Benavent (dada su propia naturaleza) subcontrató los servicios, “obteniendo importantes beneficios en perjuicio de la empresa pública, al incluir sobrecostes y servicios ficticios”.

Jose Antonio Toledo Salgado y Francisco Javier Márquez, dos de los empresarios subcontratados, admitieron la facturación falsa y abonaron la responsabilidad civil solicitada por la Fiscalía, por lo que han sido condenados solo a diez meses de prisión.

El fallo también repasa los contratos del servicio de 'bibliobús', adjudicados por el Ayuntamiento de Valencia entre 2008 y 2010 mediante fraccionamiento a una empresa de Rafael García Barat que “carecía de trabajadores y medios”.

Francisca Tamarit, funcionaria del consistorio que mantenía una “estrecha relación personal” con el empresario, manejó la contratación con la “voluntad de favorecer el enriquecimiento” de García Barat, condenado a nueve años y dos meses de prisión.

La mujer, por su parte, ha sido condenada a cinco años de cárcel y a inhabilitación durante el mismo periodo por los delitos de prevaricación, malversación y falsedad en documento oficial. En el delito específico de malversación, la sentencia concluye que concurre en el caso de Tamarit el ánimo de lucro, “siendo indiferente” que “sea propio o ajeno” (una aclaración pertinente del tribunal de cara a un posible recurso ante el TS con el trasfondo de la modificación del delito de malversación).

Los dos testaferros de Benavent

Con la empresa Berceo Mantenimientos SL (sin trabajadores ni “actividad real”), dos testaferros condenados participaron “con pleno conocimiento de ello” con la finalidad de “ocultar las ganancias” de Benavent, evitando así que “apareciese al exterior” al ser “funcionario público y gerente de Imelsa”. La empresa pantalla adquirió en 2008 una vivienda en Xàbia (Alicante), por 192.603 euros, y una plaza de garaje en el mismo complejo residencial, por 15.663 euros. El 6 de marzo de 2015, pocos meses antes de la denuncia inicial del 'caso Taula', se vendió por 295.000 euros.

“No se ha aportado prueba alguna de la que pudiera deducirse que esta entidad [Berceo Mantenimientos SL] no tiene otro carácter que el de ser una sociedad instrumental”, concluye la sentencia.

El testaferro José Estarlich confesó haber sido un hombre de paja y alcanzó un pacto de conformidad con Anticorrupción que le ha valido una condena menor de siete meses de prisión. En una conversación telefónica intervenida por la UCO, Jaime José Úbeda (amigo de Benavent durante dos décadas) reconoció su “papel de testaferro”. La versión de su defensa “no es creíble”. Así, este segundo testaferro (“conocedor del origen del dinero”, según indica el fallo) ha sido condenado por blanqueo y falsedad a tres años de prisión y a una multa de 65.000 euros.

Los beneficiados de la sentencia

El gran beneficiario de la sentencia ha sido Juan José Medina, exvicepresidente de la Diputación de Valencia, que ha sido absuelto. La pieza J investigaba la financiación de tres campañas electorales del PP (en las municipales de 2007 y en las generales de 2008) con trabajos realizados por Thematica Events. La sentencia concluye que no se ha podido acreditar que Medina, coordinador electoral del PP en aquellas campañas, “conociera y consintiera” los pagos mediante sobrecostes en las facturas de la empresa del 'yonqui del dinero'.

Por falta de pruebas, el fallo absuelve al PP como responsable civil subsidiario y rechaza que existiera una presunta financiación irregular del partido o una caja B en el marco de las tres campañas electorales.

Otro de los acusados que ha resultado absuelto ha sido Enrique Montblanch, exdirector financiero de Imelsa, del que no ha resultado acreditado que tuviera participación en los hechos. Su firma, que figuraba en las facturas falsas de la empresa pantalla de Benavent a la empresa pública, era “automática”. Además, recuerda el fallo, no existía “ningún mecanismo de control sobre la realidad de los servicios prestados”, ilustrando así el absoluto descontrol en la institución provincial durante la presidencia de Alfonso Rus.

Montblanch es uno de los acusados en el segundo juicio de la pieza separada B del 'caso Taula', relativo a la contratación de trabajadores 'zombis' en la Diputación de Valencia. Al enterarse de su absolución este martes, durante la segunda sesión del juicio, se ha abrazado emocionado a su letrado.

Otro personaje que repite banquillo es el testaferro confeso José Estarlich, marido de la secretaria de Marcos Benavent que también fue contratado en Imelsa. Y es que el enjuiciamiento de la macrotrama no ha hecho más que empezar. El aval clave a los audios de la primera sentencia del 'caso Taula' allana el camino para nuevas condenas.

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