El Gobierno valenciano tiene ocho viviendas protegidas construidas desde 2023 y sin entregar en el centro de València

El presidente del Gobierno valenciano, Juan Francisco Pérez Llorca, se comprometió recientemente a la construcción de nada más y nada menos que 120.000 viviendas para “acabar con la emergencia habitacional en la Comunitat Valenciana”. A falta de conocer la letra pequeña, lo poco que se sabe de esta propuesta es que utilizará suelo dotacional de los ayuntamientos, es decir, para polideportivos, centros de salud o bibliotecas, para levantar los inmuebles.

Pérez Llorca tampoco ofreció detalles sobre los plazos y a tenor de algunas experiencias con las promociones de vivienda pública hizo bien no pillándose los dedos. Es el caso de un edificio de ocho viviendas que adquirió en 2010 la Generalitat Valenciana en pleno barrio del Carmen de València cuyas viviendas aún no han podido ser entregadas, pese a estar prácticamente acabadas desde el año 2023 y a pesar de haber una lista de espera de 45.570 demandantes en la provincia de Valencia.

Fue en agosto de 2010 cuando el Instituto Valenciano de la Vivienda (IVVSA), hoy Entitat Valenciana d'Habitatge (EVha), comenzó las obras de rehabilitación de este edificio. Al tratarse de un inmueble protegido y teniendo en cuenta que contaba con graves deficiencias constructivas, el proyecto preveía el vaciado interior del edificio, la consolidación de las fachadas y la construcción de ocho pisos de nueva planta. Tras la demolición del interior y la estabilización de las fachadas, en 2011 la obra quedó paralizada y se resolvió el contrato con la empresa adjudicataria.

En 2017 el Gobierno del Botánico incluyó esta actuación dentro del plan de reactivación de promociones de edificación que quedaron paralizadas y en 2019, tras una nueva licitación de las obras pendientes, se llevó a cabo la finalización de las tareas de excavación arqueológica, la construcción de la nueva cimentación y la estructura del edificio hasta el nivel del forjado de planta segunda, momento en el que las obras volvieron a paralizarse.

En 2021, tras un nuevo proyecto, se licitaron las obras pendientes de ejecutar, que suponían el 76% el total de la promoción, formada por las mencionadas viviendas, trasteros y dos locales comerciales. Las obras se adjudican entonces a la UTE formada por las empresas MDE/ARF por importe de 880.000 euros y no se formalizó el acta de replanteo hasta fecha abril de 2022. Los trabajos avanzaron, pero requirieron de una modificación de proyecto por 112.501 euros.

Sobre los plazos de entrega de las viviendas, fuentes de la Conselleria han informado a elDiario.es que “tras conseguir desatascar la última fase de proyecto, la edificación está pendiente de resolver una última cuestión técnica para obtener la calificación definitiva por parte de los servicios territoriales de Vivienda”. De esta forma, “una vez obtenida calificación, se iniciará la adjudicación de las viviendas en la modalidad de alquiler asequible”.