El exsuegro del 'yonqui del dinero' relata su traición con los audios del 'caso Taula': “No me decía a quién estaba grabando”

Marcos Benavent y su exsuegro, el empresario Mariano López, volvieron a verse las caras en un tribunal. Esta vez, con el primero como acusado y el segundo como testigo, compareciendo por videoconferencia. El autodenominado 'yonqui del dinero' se sentaba este miércoles al lado de su abogado, el penalista Juan Carlos Navarro, en vez de en el banquillo de los acusados, que permanecía vacío en la segunda sesión del juicio por la pieza separada E del 'caso Taula', en el que la Fiscalía Anticorrupción pide para el exgerente de la empresa pública Imelsa seis años de prisión por los presuntos delitos de cohecho, prevaricación administrativa y malversación de caudales públicos.

“Creo que es la cuarta o quinta vez que le tomamos declaración sobre esto”, ironizó el letrado de la defensa. Mariano López consideró que el trámite era “reiterativo”. Se trata del interrogatorio de siempre: ¿por qué entregó a una diputada provincial de Esquerra Unida del País Valencià (EUPV) y, luego, a la Fiscalía Anticorrupción diez horas de comprometedoras grabaciones de su exyerno a políticos del PP en plena faena corrupta? La jugada incluso le costó al exsuegro sentarse en el banquillo por la pieza D, en el que fue absuelto. En otro juicio anterior, explicó que lo hizo por venganza.

Marcos Benavent y Mariano López mantienen una peculiar relación como exyerno y exsuegro, respectivamente. Se ven las caras cada vez que se celebra un juicio del 'caso Taula'. En el séptimo juicio oral de la macrocausa, celebrado ante la sección quinta de la Audiencia Provincial de Valencia, López describió su relación: no mantienen “ninguna” amistad, aunque tampoco enemistad. “No nos hablamos”, dijo a modo de resumen. Se vieron al principio del caso, pero no cruzaron “ni palabra”.

A preguntas del fiscal anticorrupción, Fernando Maldonado, el exsuegro rememoró el hallazgo de las grabaciones, almacenadas en un disco duro externo de un ordenador en un chalet de su propiedad, situado en el término municipal de Xàtiva. “El ordenador era mío”, aclaró el testigo. Sin embargo, lo usaban tanto su hija como su yerno.

El disco duro (“un armatoste grande”) empezó a fallar y decidió “sacar” el contenido a lápices de memoria (pendrives “más chiquititos”, según el fiscal).

—Ví que había unas grabaciones, sin saber lo que era, empecé a escucharlas. Por cierto, no las escuché todas en su momento, me pareció una cosa tan grave y desagradable que no las escuché todas.

Los audios inmortalizaron conversaciones del 'yonqui del dinero' sobre presuntas comisiones como las de los contratos del área de Cultura del Ayuntamiento de València durante la etapa de Rita Barberá que se enjuician en la pieza E.

Mariano López no recordaba el año en que descubrió los audios, aunque en todo caso fue después de la separación de su hija de Marcos Benavent, acaecida en 2009.

“Se lo llevaron al fiscal”

Andando el tiempo, en 2014, López se los entregó a Rosa Pérez Garijo, entonces portavoz de EUPV en la Diputación de Valencia. El hombre se acercó a Catarroja, localidad de la que es oriunda Pérez Garijo, y le habló de los audios. Como ella “dudaba”, Mariano López se llevó el lápiz de memoria y la diputada y un asesor, José Manuel Sanz, lo pincharon en un ordenador portátil para escuchar las grabaciones “parcialmente”.

El interrogatorio del fiscal, en la línea con los anteriores juicios, fue prácticamente de rutina:

—¿Qué hicieron?

—Grabaron en el ordenador portátil todo el disco duro. Yo me di cuenta. Les pregunté si lo habían copiado y me dijeron que es para ver si es algo constitutivo de delito.

—¿Qué hicieron?

—Se lo llevaron al fiscal. 

El testigo aseguró que no manipuló los audios. Las grabaciones fueron entregadas por López en mano a la Fiscalía Anticorrupción en septiembre de 2014, en un pendrive de color rojo denominado “Intenso” objeto de innumerables sesiones de juicios anteriores de la causa y de peritajes informáticos, al haberse erigido en la prueba clave del procedimiento.

El exsuegro del 'yonqui del dinero' también entregó a Anticorrupción el ordenador, aunque nunca facilitó el disco duro externo original en el que se almacenaban los audios.

Se trata de uno de los caballos de batalla de la defensa, que detecta contradicciones en las sucesivas versiones del testigo sobre el disco duro. La defensa de Benavent no se explica por qué ni Anticorrupción ni la UCO obtuvieron el dispositivo.

—Eso es un motivo de reflexión, ya me lo preguntaron en otra causa. Es muy sencillo: he llegado a la conclusión de que ya lo había tirado, fallaba hasta que dejó de funcionar.

Por su parte, la diputada que denunció inicialmente la presunta trama, no compareció este miércoles ante el tribunal, al haberse hecho un lío con la citación del juzgado. La magistrada que preside el tribunal anunció una sanción de 200 euros para la testigo ausente y requirió a la Guardia Civil para que la citaran para la siguiente vista, este jueves.

El código HASH de los audios

En la misma sesión del juicio, declaró uno de los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que se encargó de los audios. El entonces sargento (actualmente brigada) explicó que los investigadores del Instituto Armado hicieron una “copia” para sus pesquisas y que “no tocan el original”.

El agente de la UCO destacó que el código HASH de los audios (el código alfanumérico a modo de huella de un archivo informático) “no se puede variar”. El código de los audios ya fue objeto hace tres años de un largo careo de peritos informáticos en el juicio de la pieza separada B, relativa a los trabajadores zombis en la empresa pública de la Diputación de Valencia.

El investigador de la UCO dijo que suponía que el volcado de los audios “se haría en Madrid”, en dependencias de la Guardia Civil. “Debe de haber una cadena de custodia donde venga quién hace los traslados y quién hace los volcados”, apostilló.

Otra agente de la UCO poco pudo aportar al esclarecimiento de los hechos: su número de tarjeta de identificación profesional simplemente aparecía en un oficio sobre documentación incautada en el Ayuntamiento de València, aunque no fue ella quien hizo la “recogida” de los papeles.