Almudena y su marido con esquizofrenia logran suspender el desahucio de su VPO instado por el Ayuntamiento de Málaga

Almudena García, que desde hace 23 años vive con su marido que padece esquizofrenia, su hijo y temporalmente su nieta en una vivienda de protección oficial alquilada por el Ayuntamiento de Málaga, ha esquivado el desahucio sobre la bocina. Como estaba previsto, este martes se personaron allí representantes del Instituto Municipal de la Vivienda (IMV) con varias dotaciones policiales, con la intención de echar a la familia. Les esperaba la mujer, que había apuntalado la puerta de la vivienda con todos los muebles que encontró, y cerca de un centenar de vecinos para hacer presión. Finalmente, el IMV cedió y pospuso el desahucio un mes.

“Vamos a seguir luchando porque tengo mis documentos”, dice García, cuya aspiración es que el Ayuntamiento acepte un plan de pagos de la deuda y que los subrogue a ella y a su marido en el contrato de alquiler, firmado hace 23 años por su suegra, Remedios. Esta nunca ha habitado el inmueble porque consiguió enseguida una vivienda en propiedad. En cambio, sí vive allí desde 2003 Javier (hijo de Remedios) y la propia Almudena. Es la pareja quien está empadronada desde hace más de dos décadas y tiene a su nombre los suministros, pero la arrendataria para el IMV sigue siendo Remedios.

“No me voy a quedar quieta, a ver si quieren negociar”, insiste. Tiene previsto acudir al próximo Pleno municipal. Hasta ahora, el equipo de gobierno municipal tampoco ha contestado al escrito registrado por el grupo municipal Con Málaga, advirtiendo de que “urge” hacer algo para “evitar que esta familia acabe en la calle”, ni a las preguntas formuladas por este medio.

El equipo técnico enviado junto a la Policía a la casa de Almudena sí le ha presentado a esta un papel. Debía firmarlo si quería evitar hoy el desahucio, que ejecuta el Ayuntamiento con la autorización temporal de un juzgado. En ese documento, Almudena y su marido se comprometen a abandonar su casa antes del 16 de abril.

Apoyo vecinal

De momento, este martes ha ganado una batalla. Tanto que lo ha celebrado rodeada por casi un centenar de vecinas y vecinos, y hasta el champán ha corrido. Hay carteles (“Este barrio cuida a sus vecinos”; “aquí vive una vecina, no un problema”) que enfatizan que ni Almudena ni su marido representan ningún problema de convivencia.

Hay interés por desligar este caso de la ocupación ilegal, y acercarlo a otra cosa bien distinta: una familia que cumple los requisitos para beneficiarse de una VPO (según dice, Almudena gana unos 1.000 euros y su marido unos 900 de pensión), y que desde hace 23 años vive alquila una VPO que formalmente el Ayuntamiento arrienda a otra persona, que paradójicamente abandonó la casa y dejó de cumplir los requisitos al convertirse en propietaria casi de inmediato, según relata Almudena.

La subrogación está prevista en la normativa, aunque no está claro que pueda ocurrir si no es mortis causa. En cuanto al plan de pagos, las activistas anti-desahucios esgrimen el caso reciente de Jessica, que tenía fecha de lanzamiento prevista para el 13 de marzo. “Firmé un acuerdo con el Ayuntamiento que hace un año no quería firmar”, explica ella lo propia Jessica. La mujer insiste que la deuda contraída se debe al consejo de su abogado por la disputa por la vivienda, y asegura que está dispuesta a pagar. “Puedo pagarlo. Es verdad que antes pagaba cuando podía, pero desde 2023 tengo un contrato fijo con Limasam -la empresa pública de limpieza-”, señala.

“Quieren crear situaciones de estrés y tensión extrema”, señala Ysabel Torralbo, abogada de Un Techo por Derecho. “Ella y su marido son los vulnerables, y tienen un salario con el que no pueden irse a otro sitio”, observa Toni Morillas, portavoz de Con Málaga en el Ayuntamiento. Los dos concejales de la coalición han acudido esta mañana a la vivienda.

Sin alternativas

La situación del alquiler en Málaga hace que cualquier alternativa sea casi imposible. El Ayuntamiento le ha dicho que se apunte a las listas para optar a una VPO, pero el año pasado sólo se adjudicaron dos y hay 21.403 personas (a mayo de 2025) esperando una vivienda pública en alquiler.

En el último lustro el Consistorio ha entregado 149 viviendas protegidas, a unas 30 por año, mientras las solicitudes pasaban de 20.196 en 2022 a más de 34.000 (en alquiler y compra). Desde 2021, el precio al que se ofrecen pisos en alquiler en Idealista ha pasado de 9,4 a 16,1 euros/metro cuadrado (+71%), mientras que en compraventa ha subido de 2.308 a 4.107 (+77,9%).