Almudena y su marido con esquizofrenia, a punto de ser desahuciados de la VPO de Málaga en la que viven desde hace 23 años

Si nada cambia, el próximo martes 17 de marzo el Instituto Municipal de la Vivienda del Ayuntamiento de Málaga echará a Almudena García, su marido Javier Jiménez, el hijo de ambos y una nieta de veinte meses que reside por temporadas en la vivienda de protección oficial que han habitado ininterrumpidamente desde octubre de 2003. La mujer pide al Consistorio que no lo haga y que tenga en cuenta su arraigo y que su marido padece esquizofrenia y es dependiente.

Perder la casa sería arrojarla a un mercado con precios que triplican su alquiler actual. Por eso, ha presentado escritos, pedido reuniones, reunido firmas y se ha manifestado públicamente arropada por decenas de vecinas, de momento en vano porque no le ofrecen alternativa. “No sé ya a dónde ir”, comenta a una semana vista de la fecha de lanzamiento. Arropada por una veintena de vecinas, este jueves por la tarde colocaba carteles por el barrio para denunciar su situación.

Almudena cree que reúne los requisitos para que el Ayuntamiento acceda a su petición. La vivienda forma parte de un conjunto de 56 ubicadas en el barrio Hacienda Cabello, al norte de la capital. En su caso, fue adjudicada en régimen de alquiler por el Instituto Municipal de la Vivienda (IMV) a Remedios, su suegra, en septiembre de 2003. La unidad familiar la componían Remedios y sus cuatro hijos, uno de ellos el marido de Almudena, según consta en el contrato que suscribió con el Ayuntamiento y que ha podido consultar este medio.

Almudena entró a vivir en esa casa desde el principio, y ya nunca la dejó. Está empadronada y tiene los suministros a su nombre. Vive con su marido, con un grado de discapacidad del 35% reconocido por el Consistorio, y su hijo, que tiene una bebé en custodia compartida.

La suegra, en cambio, no ha residido allí, salvo una breve temporada en 2021, cuando perdió la casa de la que ya era propietaria. Tampoco ahora está. Las vecinas dicen no conocerla. Sin embargo, oficialmente es Remedios quien sigue siendo la arrendataria ante el Ayuntamiento, que considera a Javier y Almudena unos meros ocupantes sin título.

El conflicto entre la suegra, que ahora reclama la casa, y Almudena y su marido, que llevan en ella 23 años, está a punto de dejarlos en la calle. “Fue ella quien denunció la situación, pero puedo demostrar que nunca ha vivido aquí”, insiste Almudena. El IMV envía inspectores cada año y conoce lo que pasa desde hace tiempo, pero no lo ha solucionado y el conflicto ha acabado estallando cuando hace dos semanas el Ayuntamiento notificó a Almudena que ya tenía un auto judicial autorizando su lanzamiento el próximo 17 de marzo. Almudena ni siquiera ha visto el auto y ella misma acaba de presentar un escrito solicitando al juzgado la paralización urgente.

Hasta ahora ha presentado una docena de escritos, pero lo único que ha logrado es la promesa de que cuando la desahucien le darán dos días en un albergue municipal. Y luego que encuentre un alquiler a su medida. Una aguja en un pajar, porque no halla nada por debajo de los 1.200 euros, demasiado para su sueldo y la pensión de su marido. “Alternativa no me dan ninguna: meter las cosas en un trastero, el niño en casa de mi madre y yo quedarme en un coche con mi marido”.

La mujer pide al Ayuntamiento que reconozca que son los verdaderos ocupantes, que no los desahucie y les permita subrogarse en el alquiler de la VPO. Es posible subrogar a familiares directos que cumplan los requisitos (carecer de vivienda en propiedad y de renta) y ya vivieran bajo el mismo techo.

Hay un problema añadido: acumulan una deuda por impago del alquiler durante los últimos años. Almudena dice que está dispuesta a firmar un plan de pago para saldarla, y asegura que dejó de pagar por consejo de su abogado ante los problemas para seguir en la vivienda. Desde hace tres años tiene un contrato fijo en el servicio municipal de limpieza, y se ve en disposición de pedir un crédito para saldar ya parte de la deuda, y pagar el resto en plazos. Todo, antes de verse en la calle.  

El Ayuntamiento no ha contestado a las preguntas de este medio.

“No hay argumentos para decir no”

La mujer está siendo asesorada por Un Techo por Derecho. “Es un tema ”limpio“ que a nivel burocrático es fácil de solucionar: tiene el arraigo en la vecindad, no ha habido ocupación, cumplen los requisitos, están dispuestos a pagar y la subrogación es posible. No hay argumentos para decir no. Es cuestión de voluntad”, dice Rosa Galindo, que participa en este colectivo integrado por mujeres con dificultades de acceso a la vivienda.

Decenas de vecinas se manifestaron a favor de Almudena y su familia a comienzos de semana al grito de “Almudena se queda”. Algunas lloraban. Carmen, Charo y Paqui comparten planta con Almudena. “Cuando le llegó la carta no dábamos crédito. No hemos tenido nunca ningún problema de convivencia, ¿cómo se puede echar a alguien después de 23 años? ¿No han podido arreglarlo antes? ¿Ahora se dan cuenta?”.

Toni Morillas, portavoz del grupo municipal Con Málaga (IU + Podemos), ha presentado un escrito en el que informa al alcalde de la “desesperación” de la familia y su disposición a saldar la deuda, y le alerta del especial riesgo que entraña la esquizofrenia del padre. “Urge valorar esta situación y hacer todo lo posible para evitar que esta familia acabe en la calle”, le pide Morillas.

35.000 solicitudes de VPO

Hasta ahora, la respuesta del Ayuntamiento de Málaga a las propuestas de Almudena ha sido sugerirle que se ponga a la cola. Este miércoles le enviaron un correo, en el que le explican el proceso sin hacer ninguna referencia a la posible subrogación o a la deuda pendiente. Los solicitantes de VPO deben llevar al menos un año empadronados en la ciudad, no tener vivienda en propiedad y estar apuntados en el registro de demandantes. Cumpliendo eso, se entra en un sorteo puro, sin preferencias por antigüedad.

El problema es la escasa probabilidad de que toque: en mayo de 2025 había 34.366 solicitudes, según los datos a los que este medio ha tenido acceso. De esos, 18.671 eran para vivienda en régimen de propiedad y 21.403 en régimen de alquiler. Y en todo 2025, el Ayuntamiento sólo entregó dos VPO, las dos en alquiler. Así, la probabilidad de resultar “agraciado” con el arrendamiento asequible (entre 270 y 470 euros, según ingresos y tamaños) fue alrededor de 1 de cada 10.000.

Las cifras empeoran a cada año que pasa, en sintonía con la evolución de un mercado inmobiliario dislocado. En el último lustro el Consistorio ha entregado 149 viviendas protegidas, a unas 30 por año, mientras las solicitudes pasaban de 20.196 en 2022 a más de 34.000. Desde 2021, el precio al que se ofrecen pisos en alquiler en Idealista ha pasado de 9,4 a 16,1 euros/metro cuadrado (+71%), mientras que en compraventa ha subido de 2.308 a 4.107 (+77,9%).

Promesas, retrasos y VPO “para ricos”

El alcalde Francisco de la Torre insiste en que la vivienda es su gran “prioridad” en este mandato, el séptimo consecutivo. En los últimos meses, ha anunciado su intención de alquilar en régimen de VPO unos polémicos “minipisos” de 45 metros cuadrados, cediendo parcelas dotacionales a las promotoras, aprovechando una modificación legislativa de la Junta para ganar terreno público para vivienda. A la vez, se ha salido de la línea marcada por su partido en el Gobierno andaluz, defendiendo que las VPO lo sean para siempre y no puedan pasar nunca al mercado libre.

De la Torre suele sacar pecho de estar impulsando 5.200 VPO, 4.407 para alquiler y 806 para venta. Son cifras que se ven incluso en las marquesinas de los autobuses, aunque los ritmos son lentos. En torno a mil están actualmente en construcción, 1.287 en fase previa a la edificación (Sánchez Blanca y Cortijo Merino, principalmente); 1.060 en fase de redacción de los proyectos; y 1.700 en 22 parcelas dotacionales en proceso de licitación del suelo.

Sin embargo, tampoco las que están en construcción están exentas de problemas. La entrega de las 35 VPO del IMV en calle Ingeniero José María Garnica acumula más de dos años de retraso por los problemas de la constructora. Algunas familias pagaron ya la entrada de 36.000 y se desesperan porque abonan un alquiler mientras ven su piso casi terminado. Las de Cortijo Merino se construyen en suelo público cedido a una cooperativa, que tras la adjudicación dijo que sólo podría asumir 180 de las 1.168 VPO previstas, obligando a un nuevo reparto.

Por último, Lagoon Living va a ofrecer 62 pisos VPO en alquiler al lado del campus universitario de Teatinos a todos aquellos que cobren hasta 4.400 euros brutos al mes o 6.000 si son dos personas y puedan pagar entre 535,69 y 743,80 euros al mes. No hay sorteo aquí, sino estricto orden de llegada a partir del 16 de marzo. La iniciativa, que está financiada con 25 millones del Plan de Recuperación financiado por la UE, ha sido muy criticada por oposición, que observa que son VPO “para ricos”.