El PIB español ingresa en el club de los 2 billones de dólares

El Producto Interior Bruto (PIB) español acaba de recibir el certificado del FMI como economía con más de 2 billones de dólares de capacidad productiva anual. Medido en euros, hoy representa alrededor de 1,6 billones de euros. En algo más de dos decenios, ha duplicado su valor, medido en dólares, a precios corrientes de mercado (teniendo en cuenta la inflación), el baremo que usa el Fondo Monetario Internacional para calibrar la composición de su ranking cada ejercicio. En 2003, la producción anual de la economía española era de un billón de dólares.

El Fondo Monetario cifra el tamaño del PIB español en 2,04 billones de dólares al inicio de 2026, tras registrar el incremento del último ejercicio y después de un largo bienio en el que el WEO –el informe económico de la institución– ha venido señalando a España como la potencia de rentas altas más dinámica. En este ciclo ha intercambiado este rol con EEUU y Canadá. Con este reconocimiento, la cuarta economía del euro recupera dos puestos respecto a 2025 –tres desde que se superó la Gran Pandemia– y se erige en el decimosegundo PIB mundial, como recoge el portal Worldometer que ofrece datos en tiempo real y recopila los del FMI. España está a cierta distancia –aunque factible de sobrepasar– de la capacidad productiva de Brasil (2,29 billones de dólares), Canadá (2,29 billones) y Rusia (2,42), que le anteceden entre el decimoprimer y noveno peldaño del ranking, aunque a una todavía más escasa diferencia de las de México, Australia y Corea del Sur, que le pisan los talones con 2,03; 1,95 y 1,94 billones respectivamente.

Los cálculos del Fondo impulsan en paralelo el PIB per cápita español por encima de los 40.000 dólares y certifican un repunte de tres décimas, hasta el 2,3%, para 2026 y de otras dos, hasta el 1,9%, para 2027, en sus predicciones actualizadas de su última reunión (en octubre), en la cumbre de Davos, lo que añade más madera a la reducción de la brecha con sus principales socios del euro y las potencias que la anteceden en la clasificación mundial del FMI.

El PIB per cápita español se sitúa, sin embargo, en el puesto 42 del ranking del Fondo, entre Puerto Rico, que le precede, y Bahamas, pero a escasos 5.000 dólares de Italia. ¿Por qué? Esencialmente, porque los paraísos fiscales registran billonarios ingresos de grandes fortunas y multinacionales que se trasladan a sus territorios de baja tributación y –en la mayoría de ellos– secreto bancario con sus escasas presiones demográficas. Y, a la vez y en sentido contrario, se constata los repuntes del PIB de los grandes mercados emergentes que, en el reparto individual de su riqueza nacional, tienen que atender ingentes masas poblaciones.

Solo así se explica que los 6 primeros puestos (Mónaco, Liechtenstein, Luxemburgo, Bermudas, Irlanda y Suiza) sean enclaves considerados centros off-shore o “tributariamente dañinos”, como les identifica la OCDE, aunque no estén en listas oficiales de paraísos fiscales por sus supuestos progresos en el intercambio de información impositiva con autoridades judiciales de países que han emprendido acciones contra particulares o empresas de evasión tributaria. Que las Islas Caimán, en el noveno peldaño, anteceda dos posiciones a EEUU que, a su vez, precede a la Isla de Man –paraíso impositivo del Canal de La Mancha, bajo soberanía británica–. Que las naciones nórdicas europeas se sitúen entre los 26 primeros del ranking con sus rentas altas y sus reducidas poblaciones. O que, por el contrario, los grandes mercados emergentes queden relegados a unos lugares demasiado bajos.

Cambio de modelo: digitalización y renovables

Buena parte de este renovado salto de prosperidad española se debe a la intensa diversificación del patrón de crecimiento del último lustro. A raíz de la recepción de los fondos Next Generation, España ha añadido a sus dos motores tradicionales –el turismo y la industria de la construcción y el sector inmobiliario– otras dos fuerzas motrices –la digitalización y la sostenibilidad– hacia las que se han dirigido preferentemente los recursos europeos.

El impulso de las nuevas tecnologías ha surgido en un momento crucial, “cuando la IA comienza a comportarse como una catapulta de productividad”, asegura el Global AI Vibrancy Tool 2025, elaborado por el Stanford Institute for Human-Centered AI (HAI), informe que concede a España el séptimo lugar entre las economías que han logrado intercalar la innovación en su modelo de crecimiento. Según este estudio, “la ventaja competitiva de la IA no se mide solo en laboratorios punteros o unicornios tecnológicos, sino en incorporarla a sus empresas y agentes económicos”.

Esta reconstrucción del patrón productivo hispano tampoco ha pasado desapercibida entre los servicios de estudios nacionales. Judit Montoriol, economista de CaixaBank Research, lo dice en estos términos: “los servicios avanzados –finanzas, seguros, comercio, logística y turismo–, concentran la mayor parte del uso efectivo de la IA por ser actividades intensivas en datos, con procesos relativamente estandarizables y que están sometidos a una presión competitiva que acelera la innovación”.

Su compañero en CaixaBank Research, Àlex Ruiz, apunta otro factor determinante: “la adopción tecnológica llega antes allí donde los procesos son intensivos en información, lo que favorece a los servicios, en el caso español, frente a una industria cuyos costes de integración resultan más caros”. El resultado -añade- es un modelo de crecimiento tecnológico menos vistoso que el que exhiben las grandes plataformas, pero potencialmente más integrador y expansivo.

Alba Taboada Villamarín, investigadora de Funcas, enfatiza otro vector que ha emergido en este periodo: la implantación de herramientas de IA en sanidad, el sector público y las energías, que se han acelerado al calor de los fondos europeos, y de un marco regulatorio uniforme, lo que ha permitido insertar un elemento intangible pero decisivo, la confianza en la digitalización que, en su opinión, “está facilitando el despliegue de la IA en ámbitos sensibles”, fenómeno que “no está ocurriendo con la misma intensidad en otros países”.

Este avance tecnológico español se ha trasladado a ámbitos como el de la ingeniería, las energías renovables, digitalización de redes o gestión avanzada de infraestructuras, ejes estratégicos de esta diversificación económica. Un estudio de la consultora Roland Berger desvelado en Davos, destaca esta hoja de ruta.

La última memoria anual del Consejo Económico y Social (CES) es elocuente al respecto. Asegura que la expansión de las renovables no solo ha permitido que la generación limpia supere el 55 % del mix eléctrico nacional, sino que actúa como potente generador de empleo y de actividad en sectores intensivos en conocimiento y en tecnología, entre los que menciona la construcción especializada, ingeniería, fabricación de equipos o los servicios de instalación y mantenimiento. Este tránsito hacia la sostenibilidad con mejora estructural de competitividad por la reducción de la dependencia energética exterior ha configurado un mercado laboral dinámico con creación de empleo superior al promedio europeo.