“No existe contaminación” en la costa de Telde, concluye el Gobierno de Canarias tras las últimas inspecciones

Las inspecciones realizadas por distintas consejerías del Gobierno de Canarias han constatado que “no existe en la actualidad contaminación” en la costa de Telde y que, por tanto, no es necesario cerrar sus playas. 

La Dirección General de Pesca del Gobierno regional ha informado de que sus técnicos corroboraron este jueves “el correcto funcionamiento” de las instalaciones de acuicultura de la zona, “que operan sin incidencias desde la primera semana de noviembre”, fecha en la que el servicio de Inspección Pesquera realizó dos controles que acreditaron “la correcta ejecución de los trabajos de limpieza y retirada de ejemplares afectados por parte de la empresa, antes de dar por finalizado el episodio de alta mortandad”.

Los consejeros Manuel Miranda (Política Territorial, Cohesión Territorial y Aguas), Narvay Quintero (Agricultura, Ganadería, Pesca y Soberanía Alimentaria), Esther Monzón (Sanidad) y Mariano Hernández Zapata (Transición Ecológica y Energía) han mantenido esta semana una reunión de seguimiento de las actuaciones de inspección y el análisis de los resultados obtenidos hasta la fecha a la espera de que la Fiscalía de Medio Ambiente de Las Palmas determine con certeza la causa de la mortalidad de los peces.

En esta reunión, Quintero aclaró que la actual ubicación responde a una concesión de 30 años otorgada en 1999 a la empresa por parte del Gobierno de España. Sin embargo, a raíz de la aprobación en junio de 2018 del Plan de Ordenación de Acuicultura de Canarias, el Ejecutivo regional determinó que la ubicación no es apta para futuras concesiones y, adicionalmente, acordó con la empresa en mayo de 2025 el desmantelamiento anticipado de esta infraestructura a lo largo de 2026. Es decir, casi tres años antes de cumplir el período otorgado por el Ministerio.

En este encuentro participaron también el viceconsejero de Emergencias, Marcos Lorenzo; el director general de Emergencias, Fernando Figuereo; el director general de Pesca, Esteban Reyes; el director de Salud Pública, José Fernando Díaz Flores; el director general de Calidad Ambiental, Ángel Pablo Montañés, y la directora del Área de Salud de Gran Canaria, Lidia Mejías.

Cronología

En la reunión se desgranó el cronograma de inspecciones realizadas por el servicio de Estructuras Pesqueras, con un primer control el 30 de septiembre en el que, con carácter previo a la comunicación del incidente por parte de la empresa, se verificó “el cumplimiento de los requisitos en materia de bioseguridad, vigilancia zoosanitaria, gestión de subproductos y residuos, así como del seguimiento de la mortalidad y de la presencia de signos clínicos”.

Desde el 9 de octubre, fecha de la comunicación por parte de la entidad gestora de las instalaciones, se llevaron a cabo tres inspecciones con toma de muestras por parte del servicio de Estructuras Pesqueras y del servicio de Inspección Pesquera que concluyeron en la declaración de situación de emergencia sanitaria el 3 de noviembre.

Tras los controles de los días 5 y 6 de noviembre se constató que “no existe mortalidad significativa ni animales sintomáticos una vez realizados los trabajos de limpieza por parte de la empresa”. 

Las actas de inspección de los días 12 de diciembre, 5 y 29 de enero corroboraron “un comportamiento de los peces acorde a los parámetros normales”, si bien se detectó la presencia de una mancha fuera del perímetro de la explotación, de la que se extrajeron muestras para su análisis por parte del laboratorio de Salud Pública.

En lo que respecta a la Consejería de Transición Ecológica y Energía del Gobierno de Canarias, el área recuerda que sus competencias en el ámbito marino se circunscriben exclusivamente a la autorización, seguimiento e inspección de los emisarios tierra-mar, “no siendo su responsabilidad la vigilancia de la calidad de las aguas costeras”.

En el caso concreto de Telde, y dentro del ámbito de sus atribuciones, la Consejería “ha actuado conforme a las exigencias legales aplicable en este ámbito, realizando las inspecciones periódicas y alguna adicional del sistema de vertido al mar, que refuerce la información aportada en el marco del programa de vigilancia y control por su titular, en este caso el ayuntamiento”.

Todas las desviaciones respecto a la autorización vigente que ha detectado el servicio de Inspección Ambiental hasta la fecha han sido comunicadas a la Agencia Canaria de Protección del Medio Natural y al propio Ayuntamiento, habiendo iniciado la primera un procedimiento sancionador por posibles incumplimientos municipales. Pese a ello, no se puede concluir que exista una relación entre esta situación y el episodio causante del cierre de las playas de la zona afectada, afirman. 

Alerta y prealerta

La Dirección General de Emergencias, dependiente de la Consejería de Política Territorial, Cohesión Territorial y Aguas, ha hecho un seguimiento continuo de la situación y ha facilitado las tareas de coordinación de las diferentes administraciones para minimizar los efectos en la costa de este episodio. Para ello, ha activado el PLATECA (Planes de Protección Civil y Atención a las Emergencias), en situación de alerta inicialmente y actualizando a prealerta en la fase final del episodio, en función de las distintas situaciones y escenarios que transcurrieron desde que comenzó este incidente.

Así, a las 19.00 horas del 6 de noviembre se activó el PLATECA en situación de alerta por un episodio de contaminación marina con potencial afectación a los municipios de Telde, Agüimes, Ingenio, Santa Lucía de Tirajana, San Bartolomé de Tirajana y Mogán, que permaneció vigente hasta el 29 de noviembre.

Ese día se actualizó la situación y la alerta se limitó al municipio de Telde. El 9 de diciembre se actualizó de nuevo la situación y pasó a declararse la prealerta en Telde.

La prealerta por contaminación marina en Gran Canaria finalizó a las 14.30 horas del día 19 de diciembre.

Durante este tiempo, la Dirección General de Emergencias ha realizado “inspecciones con medios aéreos y ha desplegado efectivos” del Grupo de Emergencias y Salvamento y de la Unidad de Apoyo de Emergencias en la zona.

Desde la Dirección General de Salud Pública se han realizado las labores de inspección propias de la valoración del riesgo sanitario asociado al episodio de contaminación marina registrado en el litoral del municipio de Telde.

Esa labor, realizada por los profesionales de la Dirección de Área de Salud de Gran Canaria, ha consistido en la inspección visual de las zonas de baño, la toma de muestras de agua de mar y el análisis de los parámetros microbiológicos obligatorios, Enterococos intestinales y Escherichia coli, así como en la adopción de medidas preventivas de protección de la salud cuando resulta necesario. 

Como consecuencia de los hechos observados y en aplicación del principio de precaución, se recomendaron y mantuvieron medidas preventivas consistentes en la prohibición del baño y del acceso a las playas afectadas. 

Además, al margen de los muestreos previstos en el calendario ordinario, se realizaron muestreos extraordinarios semanales, con carácter preventivo, en las zonas afectadas. Los resultados obtenidos hasta la fecha en los parámetros microbiológicos analizados, Enterococos intestinales y Escherichia coli, se sitúan dentro de los valores establecidos en la normativa vigente, no evidenciándose, desde el punto de vista sanitario, incumplimientos de los criterios de calidad del agua de baño en parámetros microbiológicos.

No obstante, la vigilancia por parte de la Dirección General de Salud Pública y la Dirección del Área de Salud de Gran Canaria “se mantendrá siempre que haya indicios de contaminantes, olores anómalos, espumas, sustancias grasas u otras circunstancias apreciables, con independencia de que los resultados analíticos reflejen o no superaciones de los parámetros microbiológicos”.

Asimismo, todas las áreas recuerdan que cualquier investigación sobre el origen de estos sucesos y sus posibles responsabilidades se desarrolla en el marco de los procedimientos abiertos por los cuerpos y autoridades competentes, como son actualmente el SEPRONA y la Fiscalía de Medio Ambiente.