Una familia con discapacidad y dos niños, a las puertas de un desahucio en Vitoria: “Solo queremos una vivienda digna”

En 2024, Laura fue diagnosticada de un trastorno neuromuscular no especificado, miastenia gravis y tirotoxicosis, lo que equivale a una discapacidad reconocida del 38%, algo que desde entonces le ha impedido trabajar. Su marido, su cuidador principal, se encarga de cuidarla a ella y a sus dos hijos, de 11 y 16 años. Esto ha llevado a la familia a una situación de vulnerabilidad social, puesto que viven con una renta de garantía de ingresos (RGI) de 1.495,55 euros al mes, pero de la que cobrarán 1.090,24 euros durante los próximos tres años por haber cobrado antes ingresos indebidos que Lanbide obliga a devolver. Aunque estos ingresos indebidos a menudo provienen de desajustes en la actualización de rentas, conllevan la obligación de reintegro. Dada la situación y las dificultades que tienen para hacer frente al alquiler del piso de Vitoria en el que viven, han solicitado un aplazamiento del desahucio que está previsto para el próximo viernes, 13 de febrero. Sin embargo, la Sección Civil del Tribunal de Instancia de Vitoria ha denegado la suspensión del desahucio alegando que no existe forma de comprobar la vulnerabilidad económica de la familia.

“A pesar de que concurra vulnerabilidad social, no concurre vulnerabilidad económica conforme a la documentación presentada y que obra en el expediente. De hecho, se especifica en el informe remitido en fecha de 19 de enero de 2026 que no es posible valorar si existe vulnerabilidad económica, ya que, a pesar de habérselo requerido según procedimiento establecido, no han presentado documentación para la realización de dicha valoración económica. Asimismo, se reseña en el informe que no ha sido posible proporcionar una solución alternativa tendente a proporcionar una solución habitacional debido a que no existe un plan de intervención con la familia por la falta de colaboración de esta con los Servicios Sociales. Por ello, no procede acordar la prórroga de la suspensión, debiendo ser mantenido el lanzamiento señalado para el día 13 de febrero de 2026 a sus 10.30 horas”, señala el auto al que ha tenido acceso este periódico.

Laura insiste en que en ningún momento se han negado a la realización de la valoración económica y que han colaborado con servicios sociales. “Hemos hecho todo lo que nos han pedido, entregado la documentación y atendido a las citas de servicios sociales, pero la respuesta ha sido esa. Solo pedimos una vivienda digna y asequible”, reconoce la afectada, que ha elevado una queja ante la defensoría vasca del pueblo (Ararteko) que a su vez ha solicitado a través de un escrito al Ayuntamiento de Vitoria “la recomendación de que revise su decisión de no formular una solicitud de adjudicación directa de vivienda de protección pública para la familia”, dado que se encuentran dados de alta como demandantes de vivienda pública en el Servicio Vasco de Vivienda, Etxebide.

“A la vista de la documentación que obraba en el expediente no aprecia argumentación o motivación alguna que justificara la negativa del Ayuntamiento de Vitoria a formular la solicitud prevista para la tramitación del procedimiento de adjudicación extraordinario regulado en la normativa y en el Convenio de colaboración suscrito entre el Consejo del Poder Judicial, la Administración General de la CAE y la asociación de municipios vascos (EUDEL) en la atención a personas de especial vulnerabilidad, con ocasión del lanzamiento de la vivienda familiar, para posibilitar la adopción de medidas de carácter social y de vivienda. La unidad convivencial afectada forma parte del colectivo de especial necesidad de vivienda al que se refiere la normativa y el Convenio mencionado”, detalla el escrito del Ararteko entregado al Ayuntamiento, que a día de hoy no ha recibido contestación del Consistorio.

“Nos sentimos abandonados por las instituciones, no nos han dado soluciones desde que empezamos. No queremos dinero, lo único que solicitamos es una vivienda digna y poder empezar de cero. No es cuestión de echarle la culpa a la propietaria de la casa, consideramos ella no ha hecho nada malo, pero las instituciones no nos han dado una respuesta, todo el mundo se lava las manos. Estamos intentando hacer bien las cosas y luchar por una vivienda digna, pero vemos que el viernes los cuatro nos vamos a tener que separar. Mi marido y yo tendremos que ir a un albergue, mientras mis hijos no sé dónde irán, quedarán en manos de servicios sociales que en lugar de ayudarnos nos han dificultado la situación”, reconoce Laura.

Este periódico ha solicitado información relativa a este caso al Ayuntamiento de Vitoria y concretamente al área de Servicios Sociales, que informan de que “para hacer el informe de vulnerabilidad económica las profesionales les solicitan a la persona/familia la documentación de la situación económica”. “Con esa documentación el economista del Departamento hace la valoración económica según los criterios que establece el Juzgado, no son criterios de Servicios Sociales”, explican a este periódico, alegando la falta de la documentación aportada por la familia, algo que Laura niega rotundamente.

“Desde el año 2024 tienen toda la información que han solicitado. Hemos acudido a todas las citas y tenemos justificantes de todos los documentos entregados. Se aferran a que falta información para no darnos el informe de vulnerabilidad económica, cuando saben de sobra que no somos solventes y así lo hemos demostrado con documentos”, lamenta la afectada, a la espera de que la Administración pública ofrezca a su familia una alternativa a la calle para el próximo viernes, 13 de febrero, cuando tengan que marcharse de su hogar.