El condenado por corrupción Alfonso Arriola gestiona seis líneas de ayudas del Gobierno vasco, valoradas en 19 millones

Alfonso Arriola, que hasta marzo de 2027 está cumpliendo formalmente una condena por corrupción debido a su participación en el 'caso De Miguel', es el funcionario responsable de seis programas de ayudas del Gobierno vasco. En total, quien cometiera un delito de prevaricación por facilitar desde su puesto en el parque tecnológico de Miñano, una sociedad pública autonómica de la que era gerente, que su compañero en el PNV Alfredo de Miguel intercediera para manipular contratos y recaudar comisiones, gestionará cerca de 19 millones de euros de presupuesto público en este año 2026.

Hace un año, este periódico adelantó que Arriola, como funcionario adscrito al Departamento de Alimentación, Desarrollo Rural, Agricultura y Pesca, una cartera dirigida por la consejera 'jeltzale' Amaia Barredo, había sido situado al frente de una comisión de valoración de subvenciones forestales, el programa Handitu Egurra. Desde entonces, según las resoluciones que se han ido publicando en el Boletín Oficial del País Vasco (BOPV), el exmiembro del PNV se ha ido convirtiendo en el “presidente” de seis mesas.

En concreto, lidera los programas Lehiatu Inversión (con una dotación de 13 millones), ISV Inversión (3,4 millones), Handitu Innova (1,5 millones), Kooperatu (1 millón) y Gastrobikain (0,75 en la anterior convocatoria). También sigue al frente de Handitu Egurra, pero no hay previsión de convocar esas ayudas en 2026, según fuentes oficiales del equipo de Barredo. Asimismo, es presidente suplente de otras tres mesas, las de los planes Lehiatu Promoción y Onekin y la de las ayudas a la digitalización de la cadena alimentaria y de la madera, siempre según el BOPV.

Arriola fue uno de los condenados en el 'caso De Miguel', la mayor trama de corrupción conocida en Euskadi. En su caso, evitó la cárcel, pero sí recibió una inhabilitación por cuatro años. El auto de firmeza de esa pena fue emitido por la Audiencia Provincial de Álava en marzo de 2023 y, presumiblemente, no quedará liquidado hasta esa misma fecha de 2027. Sin embargo, la inhabilitación se aplica exclusivamente en sociedades públicas y, por lo tanto, Arriola ha podido mantener su condición de funcionario de la Administración general. En 2023, cuando fue condenado en firme por el Tribunal Supremo, trascendió que tenía un salario público por encima de los 6.000 euros mensuales.

El pasado año el asunto generó gran debate político. Mientras la consejera Barredo insistía en que Arriola no merecía “cadena perpetua” -llegó a afirmar en el Parlamento Vasco por dos veces que había “cumplido” la condena-, otros dirigentes del PNV mostraron una opinión muy contraria.  “A mí no me gusta que una persona condenada por un delito de corrupción esté gestionando ayudas. No me gusta”, afirmó el portavoz parlamentario y miembro del Euzkadi Buru Batzar Joseba Díez Antxustegi. El propio lehendakari, Imanol Pradales, admitió en una entrevista en 'El Correo' que no era algo “edificante”.

Desde el equipo de Barredo indican a este respecto que, “tal y como se trasladó hace un año, de la lectura de la sentencia se concluye que se inhabilita al interesado para empleo o cargo público relativo a cualquier cargo en sociedades participadas por capital público, pero no en su condición de funcionario de carrera en la Administración general de la comunidad autónoma de Euskadi”. Aseguran que el condenado, en ejercicio de sus “derechos” laborales, ha logrado una plaza en un “proceso abierto” y no de designación política que le hace “responsable” de determinados programas. “No tiene en ningún caso carácter político”, recalcan desde el Ejecutivo. Indican, además que las ayudas las concede una “comisión”, regulada por una normativa específica en cada caso.