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Pedro Bravo

Soy una persona que hace cosas; entre ellas, escribir libros: "Biciosos" (Debate, 2014), ensayo sobre bici urbana, y "La opción B" (Temás de Hoy 2012), novela... De momento.

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Cómo llenar la España vacía

Rajoy anuncia 100 millones de euros en ayudas para luchar contra la despoblación en la España rural. El titular, que se pudo leer el penúltimo día de la semana pasada, tenía buena pinta. Yo hasta llegué a pensar que el presidente había sido capaz de terminar un segundo libro en esta legislatura después de Patria y que, al tocarle La España vacía, de Sergio del Molino, se había dado cuenta de que el país tiene un verdadero agujero poblacional pero también económico entre Madrid y la costa y por eso había tomado la decisión de arreglarlo. Pero no. Debajo del titular, la realidad demuestra lo que hay: una filigrana electoralista para tratar de eliminar la pujante competencia naranja en los grandes caladeros de votos del PP (y del PSOE, ojo) por eso del sistema electoral y la edad media de los votantes de cada marca. Fue el propio M. Rajoy, en el acto de Zamora donde dio el aviso, el que descubrió sus cartas con alusiones vagas como la que sigue: “Algunos se apuntan ahora a hablar del mundo rural, aunque no les ha importado nunca”. El problema es que lo rural no le ha importado nunca ni a esos algunos ni, en realidad, al PP ni a nadie. Por eso es un auténtico problemón.

Las medidas anunciadas por el presidente se centran principalmente en municipios de menos de 5.000 habitantes y en una visión principalmente agrícola y campesina de las regiones afectadas, olvidándose de las ciudades intermedias y pequeñas y de cualquier otro tipo de actividad económica capaz de revitalizar esos lugares. Es decir, fallan no sólo en la solución sino hasta en el diagnóstico. Un par de días después, un texto de Analía Plaza centraba más el tiro. En él, se dice lo siguiente: “La despoblación no sólo afecta a los pueblos de interior. Los municipios que más habitantes pierden en España son ciudades medianas”. Y después se listan las localidades que más habitantes pierden, entre las cuales están Valladolid (más de 20.000 habitantes menos en veinte años), León, Salamanca…

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"El Plan de Vivienda del Gobierno es echar gasolina a un incendio"

Hay titulares que definen una civilización. La nuestra, la de ahora, se puede resumir en el siguiente: la patronal turística de San Francisco culpa a la abundancia de personas sin hogar de frenar los datos turísticos del último año. Un detalle: el freno al que se refiere es en realidad un aumento del 1,4%. Otro matiz: el ser humano que ha dicho esto dice también, quizás para suavizar su afirmación, que los visitantes que pasan por la ciudad no pueden entender cómo en un lugar tan rico hay tantísima gente viviendo en la calle y añade que el panorama demuestra un fracaso social. Fascinante, ¿verdad? Pues no tanto como lo que pasa por aquí.

Para entender que es muy difícil entender nada de lo que se está haciendo con nuestras viviendas, y por eso con nuestras vidas, no hay que irse a California; basta con quedarse en España, tan metidos o más que allá en una crisis de alojamiento de primera y con similares planteamientos en los que se insiste en culpabilizar a las víctimas. Sí, aquí, en Barcelona y en Madrid sobre todo, pero ya en muchos otros territorios del país, se habla muy poco de la burbuja del alquiler y de la emergencia habitacional presente. Y, lo que es peor, cuando desde muchos medios y unos cuantos partidos políticos se trata la vivienda, se señala a los okupas como el principal problema que tenemos. Quizás sea el colmo del cinismo, quizás el de la ignorancia, quizás el de la indecencia; en cualquier caso, es insoportable. Si hay gente en la calle o metiéndose donde puede meterse es un síntoma evidente de que nuestra sociedad, efectivamente, se desmorona no sólo por impedir el acceso a un derecho básico como es la vivienda a todo el que no es —no quiere o no puede ser— propietario (clases medias, clases trabajadoras, gente joven, muchísimas personas a pesar de lo que digan los porcentajes en cualquier caso crecientes), también por no contar con la sensibilidad y solidaridad para ver y entender el problemón que en realidad vamos a pagar todos.

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Es la economía social, estúpido

Stephen Hawking decía últimamente que la Inteligencia Artificial (IA) se podía convertir en el peor acontecimiento de la historia de nuestra civilización. Elon Musk también insiste en ello cuando le preguntan. Yuval Noah Harari no dice exactamente eso en Homo deus pero sí deja abierta la posibilidad de que la IA haga con nosotros lo que nosotros hacemos con el planeta y la mayoría de sus habitantes (animales pero también humanos): esclavizarnos. Claro que hay quien es un poco menos pesimista, como la Universidad de Oxford, que sostiene que la IA y la automatización sólo hacen peligrar el 47% de los empleos en los próximos 10 o 20 años. ¿He dicho sólo? La cosa es tan preocupante que ya hay quien, como Bill Gates, recomienda que los robots paguen impuestos y que con el dinero recaudado se costeen los gastos sociales y la renta básica universal.

Aunque casi todo el mundo habla de esto como si fuese un futuro distópico, la realidad es que está pasando. Vivimos en una revolución tecnológica que va a toda mecha y ya se nota en la economía y en el empleo, en sus formatos y remuneraciones. Tenemos muy presentes los usos de comercialización de espacios privados como la vivienda (Airbnb y similares), el vehículo (Uber y demás) y lo que haga falta. También se extienden esos modos de microempleo sin red que promueven Glovo y otras marcas de lo que se llama gig economy. Por supuesto, sufrimos la bajada de salarios y costes laborales generalizada por una competitividad que siempre viene relacionada con lo tecnológico. Y, claro, nos vamos acostumbrando sin darnos cuenta a confundir el crecimiento de las cifras de empleo con el aumento del empleo precario, estacional y temporal en el sector servicios, el ocio, el turismo y tal.

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Confirmado: Black Panther no vive en Barcelona

Wakanda, el reino que gobierna T’Challa, más conocido como Black Panther, es un sitio estupendo no sólo porque luce una naturaleza apabullante. El país inventado por Marvel para su primer héroe negro es una utopía africana y tecnológica en la que —más allá del pequeño detalle de ser una monarquía en la que el rey es elegido por el poco democrático sistema de la pelea ritual con jefes de otras tribus—, se vive tan bien que se tienen que esconder del resto del mundo no vaya a ser que alguien descubra sus yacimientos de vibranium y todo se vaya al garete. La capital, por ejemplo, es el paraíso del urbanismo responsable: convenientemente densa, con enormes rascacielos pero también edificios más amables, una mezcla de usos estupenda, llena de vida en la calle, sin contaminación en el aire y ni un solo coche circulando. Por Golden City pasan tranvías sin conductor para los trayectos cortos y unos trenes maglev (de levitación magnética) para los viajes más largos. El resto de los itinerarios en la metrópoli inventada para el cine se hacen a pie, caminando sobre una calzada cubierta en parte por hierba. Así, el lugar luce un espacio público muy saludable que ha llamado la atención a un montón de medios y periodistas norteamericanos interesados en temas urbanos, que lo han puesto como modelo para cualquier urbe del mundo.

Barcelona no es Golden City. Tampoco España se parece a Wakanda. A nuestro rey no se le elige, ni siquiera a puñetazos, y la única identidad secreta que se sospecha de nuestro presidente, la de M. Rajoy, no da tanto para un tebeo de Stan Lee como para uno de Vázquez. Barcelona no es Golden City, digo, a pesar de que también ha sido puesta como modelo en materia de movilidad sostenible y transformación del espacio público por medios de todo el planeta. Fue hace un par de años por eso del relanzamiento de la estrategia de las supermanzanas —qué nombre más propio para este texto—. La pena, y eso los titulares extranjeros lo están contando menos, es que la realidad ha superado a la ficción y la implantación de las superilles ha sido frenada un poco por el desacierto en la implementación de la primera de esta serie, la de Poblenou, y bastante por el lamentable aprovechamiento político posterior de partidos de oposición a los que se suponía comprometidos con el modelo. De eso, de los supervillanos de la política lamentable, van estas letras o al menos parte de ellas.

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Cómo meterse hasta el fondo en una emergencia habitacional (y cómo salir de ella a tiempo)

Muy interesante  esto que ha contado  Aldo Mas en este diario este fin de semana. Un reportaje sobre wenigermiete.de, una empresa berlinesa de servicios jurídicos y tecnología que está logrando bajar los precios de las viviendas a algunos inquilinos cuyos caseros se los han subido de más. En Alemania, como en casi todo el mundo, las ciudades están sufriendo un vertiginoso aumento de la renta de las casas y sus consecuencias. La empresa, fundada por un abogado y con quince empleados, informa al inquilino de cuál debería ser el precio de su piso e intermedia con el casero para lograr que así sea o que, al menos, se acerque a ese ideal. Con éxito en el 70% de los casos, según el dato que ofrece su fundador.

Muy interesante el artículo de Mas por contar lo de la empresa y por contar muchas otras cosas, tanto explícita como implícitamente. Recuerda el texto que sí, que en Alemania también hay burbuja del alquiler y que los precios se están inflando. Una media del 7,25% en 2017 (9,25% en las grandes ciudades). Y eso que, como también explica el reportaje, allí tienen una ley llamada Mietpreisbremse en vigor desde 2015, una norma que trata de poner límite a los precios. Una ley de aplicación complicada por las características del estado alemán pero que está implantada en Berlín, aunque no se cumple (en el 70% de los casos, según el texto) porque no hay ni vigilancia ni sanciones para que así sea. Por eso la razón de ser de la herramienta.

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Recuperar el relato de lo público para que los trenes lleguen a su hora

Hace unas semanas, Adidas sacó una edición limitada de unas zapatillas que incluyen un abono de transporte anual para moverse en Berlín. La marca alemana se apuntaba así un triple desde su propio campo: los 500 pares de las EQT Support 93/ Ber4lín volaron de las dos tiendas que los vendían tras largas colas y las noticias del lanzamiento se difundieron en medios ganados por todo el mundo subrayando el talento innovador de la empresa y su capacidad para entender las tendencias urbanas. De hecho, tirando de esa manía tan humana de ver la vida según el color con el que queremos que sea, servidor llegó a pensar que el hecho también resaltaba el atractivo de las ciudades que trabajan para promover otro tipo de movilidad y que si Adidas ha elegido usar el abono como cebo es porque el transporte público es por fin algo sexy que sirve para este tipo de maniobras marketinianas.

Días después, Dana Corres compartió este artículo en sus redes sociales, un texto en el que se da un dato apabullante: el uso del transporte público en Estados Unidos durante los primeros nueve meses de 2017 es el más bajo en un periodo igual desde 2006. Claro, se puede pensar, eso es en Estado Unidos, ese país con el coche entre las barras y las estrellas de su bandera. Pero es que en ese país, durante estos años, ha habido importantes inversiones en líneas urbanas de tren, de metro y de bus. En ese país, también, las encuestas han dicho que a los jóvenes cada vez les interesa menos tener coche en propiedad. Y, además, en ese país se han hecho planes en grandes áreas metropolitanas para potenciar otras formas de moverse más allá del automóvil. A pesar de todo ello, las caídas en el uso son enormes.

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Barcelona empieza a defender los datos como bien común; todos deberíamos hacerlo

“El recurso más valioso ya no es el petróleo, son los datos”. La frase es el afortunado titular de un artículo de hace unos meses en el que The Economist reflexionaba sobre la enorme concentración de poder que se está quedando del lado de los gigantes tecnológicos como Alphabet (Google), Amazon, Apple, Facebook y Microsoft. La revista, el medio liberal de referencia en el mundo, sostenía la necesidad de hacer algo para limitar la ingente cantidad de datos que están acumulando y, sobre todo, las consecuencias de las formas totalmente privadas y completamente opacas de gestionarlos y utilizarlos. La posición de The Economist era, y es, que hay que regular, que hace falta que las compañías online dejen de tener el dominio absoluto de ese tipo de datos y “devuelvan el control a aquellos que los suministran”, o sea, a los consumidores, a la ciudadanía.

Barcelona anunció el martes la creación de su Oficina Municipal de Datos. La noticia, aunque no ha tenido mucha repercusión, es importante. Muy importante. La Oficina, que es parte del Plan de Transformación Digital del Ayuntamiento que dirige la Comisionada de Tecnología e Innovación Digital, Francesca Bria, pretende el gobierno público de los datos en un trabajo en tres líneas: captación y almacenamiento, analítica y predicción, y comunicación y difusión. Es decir, el organismo captará información por sus propios medios y sensores pero también los pedirá a compañías que operan en el entorno urbano (telefónicas, energéticas y otras), los analizará y empleará para hacer con mejor tino sus políticas y los podrá a disposición de la ciudadanía, la universidad o quien los requiera.

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Carril Bici en Castellana, ¿para hoy o para mañana?

Una gente con ganas de que haya más bicis en Madrid se junta y monta algo llamado Plataforma Carril Bici Castellana. Abre  una petición en Change.org y se mueve por redes sociales para conseguir firmas. Ahora mismo hay 5.760 y subiendo. No es un clamor pero no está nada mal para un par de días de vida que tiene. Como suele ocurrir en estos casos, hay debate en esas mismas redes. Se suman a la petición colectivos con solera como Conbici y Pedalibre y al otro lado se ponen activistas ciclistas y otros colectivos que protestan porque prefieren la integración de las bicicletas en el tráfico. En algo coinciden los dos bandos, aunque no lo admitan mucho por eso de no dejar de discutir: lo que sobran son coches y espacio para ellos. Esto está pasando esta semana en la capital del Reino. Otra vez.

Echo un vistazo rápido a la plataforma municipal de propuestas ciudadanas y democracia directa  Decide.Madrid.es y veo que hay 426 entradas que contienen la palabra “bici” —202 de ella con el conjunto “carril bici”—. Vale que no todas son peticiones concretas de más bicis (por ejemplo: algunas son para sacar, con buen criterio, a los ciclistas de las aceras) pero la mayoría sí van en ese plan. Esto también lleva pasando desde que existe la plataforma, o sea, hace un par de años.

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No me convenzas de que la contaminación es mala, quítamela

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¿Servirá la regulación de Madrid para las viviendas turísticas o nos volveremos a caer del guindo?

Esta semana, el Ayuntamiento de Madrid ha anunciado sus medidas para controlar el desmadre de las viviendas de uso turístico (VUT). Lo ha hecho la misma alcaldesa, Manuela Carmena, que hasta ahora no había estado visible en el debate salvo para subrayar el valor turístico de la ciudad. Lo ha hecho, pues, a lo grande, en boca de su máxima autoridad y figura promocional, supongo que por eso de ganarse los titulares. Prueba superada. Para empezar, porque es ya manifiesta la intención de sortear a la Comunidad de Madrid, que es quien tiene las competencias sobre turismo en general, y sobre VUT en particular, y quien sigue perdida en el atajo que va de la defensa del libre mercado al despropósito.

Mientras Cifuentes prepara una nueva normativa ( que tiene mala pinta), Carmena apuesta por regular por la vía de un plan especial que modifique las normas urbanísticas del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU). Lo fundamental de lo anunciado es la diferenciación entre oferta profesional y particular. Quien viva en su piso y quiera sacarse unas perras a través de las plataformas podrá hacerlo sólo noventa días al año. Quien quiera alquilar un alojamiento completo todo el año se tendrá que dar de alta como actividad turística, uso terciario de hospedaje, y deberá solicitar una licencia similar a la de los hoteles. Para que el reparto de estos alojamientos no colapse barrios concretos, como ahora pasa en el Distrito Centro, se establecerá un cupo por zonas. Para esta parte del asunto, el Ayuntamiento creará un censo de VUT. Finalmente, entre las medidas anunciadas, se ha hablado de seguimiento y vigilancia de quienes incumplan las normas. Todo lo cual suena bien: separar lo que es economía colaborativa de lo que es actividad económica profesionalizada y, a partir de ahí, poner y mantener el orden en beneficio de la ciudad y su diversidad de intereses. Suena bien pero no tanto.

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