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Pedro Bravo

Soy una persona que hace cosas; entre ellas, escribir libros: "Biciosos" (Debate, 2014), ensayo sobre bici urbana, y "La opción B" (Temás de Hoy 2012), novela... De momento.

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Lo que nos cuenta el caso de Amazon en Nueva York sobre lo que pasa en nuestras ciudades

La historia ya se sabe. Amazon ha decidido no montar su segunda sede en Nueva York. La compañía de Seattle pensaba instalarse en Long Island City, Queens, y prometía crear 25.000 puestos de trabajo, pero la semana pasada se echó para atrás. Según el medio donde uno lo haya leído, la retirada ha sido impuesta por el mal hacer y la presión de algunos políticos o ha sido una victoria de vecinos y activistas sociales. El hecho es que la empresa de Jeff Bezos anuncia ahora que esos 25.000 puestos de trabajo serán creados en los próximos diez años a través de sus 17 oficinas tecnológicas en todo Estados Unidos y Canadá. Dicho así, puede parecer una noticia de interés local, pero esconde una historia que retrata algo clave de la cuestión urbana en todo el mundo.

El reality show más loco de los últimos años en Norteamérica no ha sido un formato televisivo sino la búsqueda de Amazon del lugar donde ubicar su nueva sede. En realidad, más que una búsqueda, ha sido un concurso. El gigante de la distribución online, la captación de datos y los servidores en la nube anunció en septiembre de 2017 que pretendía una ciudad en la que instalarse más allá de Seattle, un lugar en el que crearía 50.000 empleos —no es un error; la cifra, una estimación, recoge los empleos totales (que luego se dividirían en dos sedes)— e invertiría 5.000 millones de dólares en obras e infraestructura. A la llamada acudieron 238 localidades de Estados Unidos y Canadá en un espectáculo bastante increíble pero absolutamente real que fue contado convenientemente por los medios de allí.

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¿Qué (no) pasa con la ampliación de BiciMad?

A veces da la sensación de que la práctica política es como una serie producida a partir de un guion al que le han arrancado la mitad de las páginas de forma aleatoria. Esto vale para el disparate que vivimos estos días entre el Congreso y el Supremo pero también para asuntos más de andar por casa. En Madrid, ya es evidente que ésta tampoco va a ser la legislatura del despegue del uso de la bici. La cosa, como ya se ha dicho por aquí, es bastante incomprensible si uno lee el programa y las declaraciones de las personas en el gobierno, pero no es la cosa incomprensible de la que quería hablar hoy. Hoy toca otra vez BiciMad.

La trama principal es bastante conocida. Alcaldesa del PP saca a concurso servicio de bicicleta pública. La licitación se la lleva una empresa pequeña que añade a la oferta, por su cuenta, bicis eléctricas. El servicio arranca regular y luego tira a muy mal. Llega una nueva alcaldesa que no es del PP y que quizá sea de Ahora Madrid. Su equipo apuesta por la municipalización del servicio de BiciMad a través de la Empresa Municipal de Transporte. La EMT recupera el servicio y los ciudadanos vuelven a confiar en sus bicis compartidas, se baten récords de uso y se anuncia la ampliación. El material, bicis y estaciones, está preparado en los almacenes de la EMT, pero la ampliación no llega. La ampliación no llega. La ampliación no llega. La ampliación no llega…

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Okupas y mafias: la venda que tapa nuestro fracaso

Mafia es el comodín que utilizamos para evitarnos entender realidades complejas. Es una palabra venda que nos aísla de la desigualdad que nos acecha. Si hay manteros es por culpa de las mafias. Si hay okupas, también. Quizás está feo hablar mal de los textos de los demás, pero a veces no queda más remedio. El otro día El País ofrecía un (¿publi?) reportaje sobre las posibilidades que “el mercado ofrece” para aplicar la ley de desahucio exprés aprobada en la primavera pasada en el Congreso y firmada por un Pedro Sánchez entonces recién llegado (a pesar de que su partido se opuso a ella, como Unidos Podemos, Compromís y ERC). En el texto, que en ningún momento se ponía en el lugar de la gente que no tiene casa ni hablaba con organizaciones sociales de vivienda, la venda salía antes del primer punto y seguido. “La ocupación ilegal de viviendas se ha convertido en un negocio demasiado bueno y fácil para las mafias y, por eso, el número de usurpaciones no deja de crecer”.

No es extraño. La propia ley promueve el concepto en su preámbulo, y eso que no empieza mal: “Como consecuencia de la compleja y dura realidad socioeconómica, se ha producido en los últimos años un considerable número de desahucios de personas y familias en sobrevenida situación de vulnerabilidad. (…) De forma casi simultánea, y en la mayor parte de los casos sin que exista relación alguna con situaciones de extrema necesidad, han aparecido también fenómenos de ocupación ilegal premeditada, con finalidad lucrativa, que, aprovechando de forma muy reprobable la situación de necesidad de personas y familias vulnerables, se han amparado en la alta sensibilidad social sobre su problema para disfrazar actuaciones ilegales por motivaciones diversas, pocas veces respondiendo a la extrema necesidad”. Así es como nos explican las cosas, así es como nos las queremos explicar. Aunque no sean así.

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Poner la ciudad por encima de la marca

"No queremos ser una ciudad de categoría internacional, queremos una ciudad segura en la que podamos movernos fácilmente y a bajo precio, no queremos espectáculos de ópera que no podamos pagar…". La frase es un extracto de una carta al director de uno de los principales diarios de Toronto citada por el investigador David Hulchanski en un estudio sobre la segregación de esa ciudad y recogida en un artículo de Richard Florida en Citylab. Florida analiza, con éste y otros papers de la Universidad de Toronto, de dónde llegaron los votos para la elección del alcalde Rob Ford, al que considera representante en lo urbano de esa especie política que arrastra a la clase trabajadora blanca que se siente olvidada.

Ford, ya fallecido pero con un hermano tal cual que es gobernador de Ontario, fue alcalde de Toronto de 2010 a 2014 y sin duda un pionero de esa forma de comunicar basada en el exabrupto y el escándalo que tanto se lleva ahora. Como alcalde, deshizo políticas de fomento del transporte público y la bicicleta, privatizó lo que le dio tiempo y aplicó todas las normas del manual neoliberal. Sus formas agresivas, incluso sus problemas con el alcohol y las drogas, no minaron su popularidad sino todo lo contrario: le colocaron como estandarte frente a la corrección política que se le atribuye ahora a la izquierda.

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Taxis y VTC, guerra y paz, ciudadanos y consumidores

Se han cumplido recientemente cuatro siglos del inicio de la Guerra de los Treinta Años. Participaron las principales potencias europeas de la época y empezó por disputas religiosas aunque trataba realmente de asuntos territoriales y políticos. Fue una escabechina. Hablaba de ella hace poco Guillermo Altares en El País para contar que el conflicto más mortal de la Historia europea tuvo sin embargo un acuerdo final que no estuvo mal. La Paz de Westfalia sirvió para establecer la libertad de religión en el continente y la cooperación entre Estados, por eso para muchos es el pilar de la construcción europea.

La guerra del taxi y los VTC en la que estamos metidos no tiene pinta de acabar con una paz constructiva, y eso que no es en absoluto tan sangrienta como la del párrafo anterior. De hecho, al escribirlo uno se da cuenta de lo feo que resulta comparar un conflicto de intereses con uno bélico de verdad y de cómo la semántica nos pone en una posición de combate en la que perdemos por completo la perspectiva. Algo que quizás no suceda por casualidad.

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Las viviendas turísticas no tienen impacto en el precio de los alquileres (y la Tierra es plana)

El otro día nos enteramos de que se prepara un crucero para demostrar por fin que la Tierra es plana. Parece ser que el barco zarpará en 2020 con el objetivo de llegar al muro de hielo que rodea nuestro planeta. A pesar de que el bote navegará usando instrumentos diseñados con métricas que cuentan con que el globo es justamente eso, los promotores del viaje están convencidos de que lo de las cartas náuticas y el GPS es otra maldad de las fuerzas que conspiran para que nos creamos el camelo en cuestión.

Estos días también hemos sabido que las viviendas turísticas no influyen en el precio de la vivienda en alquiler. Ha sido gracias a la inversión publicitaria de Airbnb Citizen, el canal que pretende comunicar los valores de la empresa de San Francisco y su comunidad. Los anuncios en Twitter reproducen un “informe” de la Associació d’Habitatges Turístics de Balears (Habtur). Titulado Impacto de la ley turística y la zonificación en el precio del alquilerintenta ver si hay relación entre la burbuja del alquiler, las viviendas turísticas y la regulación de las mismas en esas islas. Dicho lo cual, y antes del punto y aparte, me gustaría añadir dos cosas. Una: no suelo usar comillas para subrayar palabras, pero en este caso no me ha quedado más remedio. Dos: ¿Cómo demonios segmentan sus campañas los de Airbnb que me consideran público objetivo?

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De las fake news a las empresas fake: cómo afecta la economía ficción a nuestras ciudades

Se habla últimamente mucho de fake news. Las noticias falsas que nos inundan y que se difunden gracias al funcionamiento de los algoritmos de las redes sociales que, a su vez, se alimentan de nuestra forma de prestar atención a los titulares. En la pelea que se libra cada segundo por captar nuestro foco, triunfa lo que es excitante, vencen los titulares pergeñados para emocionar (en positivo o en negativo) y movernos a hacer clic. No hay, en realidad, nada muy nuevo en la forma. Siempre se titularon las noticias para llamar a nuestros ojos y también siempre ha habido bulos. Lo que ocurre es que ahora hay tantísimos estímulos pretendiendo ganarse nuestra mirada y confianza que no nos da tiempo a filtrar. Nos quedamos con la primera cosa que nos hace removernos de la silla y así nos la cuela igual El Mundo Today que la estrategia de comunicación de Trump, Salvini o Casado. Al otro lado de la pantalla, nada es muy distinto.

Este reportaje de Foreign Policy explicaba hace unos días el auge y caída de los servicios de alquiler de bicis sin estación en China. Casi al mismo tiempo, Analía Plaza contaba por aquí cómo se han esfumado dos empresas de bicis compartidas, Ofo y oBike. Su llegada a Madrid y a otras ciudades del mundo fue un fogonazo. De repente, las calles se llenaron de cacharros para alquilar y pedalear. Su salida, igual. Como en una de esas estafas de película, hay rastro de las bicis y las deudas, pero los causantes han desaparecido.

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Tres noticias encadenadas para explicar nuestro fracaso en materia de vivienda

La casualidad ha querido que en dos días hayan salido tres noticias que nos explican la forma en que está definido el negocio inmobiliario en España y, por eso, nuestra vida. El jueves nos enteramos de que la ministra de Economía frenó en el último momento el acuerdo para incluir una forma de control de precios en los alquileres en la reforma de la ley que se aprobó unos días atrás en el Consejo de Ministros. Según cuenta El Mundo, Nadia Calviño presionó para romper esa norma impulsada por Unidos Podemos después de reunirse y escuchar ella misma las presiones de los grandes fondos de inversión, empezando por Blackstone.

Este mismo fondo, que también el jueves sacó su sexta SOCIMI con 1.400 pisos en alquiler y que es el mayor operador en nuestro mercado inmobiliario con una cartera con valor de 20.000 millones de euros, fue ayer parte de otra noticia. El Tribunal de Cuentas ha condenado a Ana Botella y siete cargos de su gobierno de la ciudad de Madrid a pagar 25 millones de euros por responsabilidad contable por la venta de viviendas públicas por debajo de su valor. ¿A quién? A Blackstone que, aparte de la rebaja de 23 millones, obtuvo información privilegiada y una autopista burocrática para acceder al negocio. ¿Qué viviendas? Pues nada menos que 1.860 pisos protegidos, pagados con dinero de todos y alquilados a bajo precio a personas y familias con bajos ingresos que, al hacerse cargo el fondo en cuestión de sus contratos, vieron cómo las condiciones se pusieron imposibles.

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Por el derecho a la quietud

“¿Existe el derecho a la quietud?”. El otro día, en un debate en Barcelona entre la filósofa Marina Garcés y el geógrafo Oriol Nel·lo, el moderador, Albert Arias, lanzó esta pregunta justo en el momento en el que se estaba tratando sobre el turismo de masas y sus posibles beneficios. La cosa, en realidad, venía de antes. Previamente, en ese mismo evento llamado ¿Qué turismo queremos? y organizado por la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), habíamos hablado el también geógrafo José Antonio Donaire y yo, moderados por Julie Wilson, y había salido de paseo el concepto del derecho al turismo. En esta sociedad que se mueve sin freno porque así lo exigen las cuentas de resultados, los términos se descolocan y a veces nos confunden. Por eso la cuestión de Albert era y es tan certera y necesaria, y por eso, porque consiguió romper no sólo el ritmo del debate sino casi el de la vida misma, se quedó a medio responder.

No es casualidad que fuera él quien lanzase un planteamiento así. Arias ha dirigido la elaboración del Plan estratégico de turismo 2020 de Barcelona, cuyos resultados están por ver pero que es innovador desde sus objetivos, que no tratan de pavimentar el crecimiento del sector sino de someterlo a las prioridades del bien común. Y aunque ahora se dedica a otros menesteres, es una de las personas que más clarividencia aporta a este tema. Esto que viene a continuación son palabras suyas recogidas en mi libro —y perdón por la autopromoción—, Exceso de equipaje: “El turismo ha pasado a ser inherente a la condición urbana (…). Hemos creado unas condiciones perfectas para que la máquina esté siempre engrasada: tenemos aeropuertos sobredimensionados, una enorme infraestructura de alojamientos y una forma de vida de clase media que va de moverse (…). No se trata de gestionar el número de turistas sino de gestionar los efectos que provocan las actividades turísticas para lograr una ciudad más justa”.

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Cuando el éxito nos hace fracasar

Hay algo fantástico en la revuelta de los chalecos amarillos. Algo como de tebeo que consigue que un montón de individuos adquieran una identidad secreta y común y se conviertan en una fuerza con superpoderes sólo con ponerse una capa fosforescente con agujeros para los brazos. Esta nueva fuerza revolucionaria parece haber logrado en unas semanas la heroicidad de hacer recular un poco al más arrogante de los últimos (y muy arrogantes todos) presidentes de la República Francesa. Por lo visto este sábado, no parece que el lío se haya calmado con lo que ha dicho Macron que va a hacer, pero lo que está claro es que lo anunciado no da para arreglar las causas del conflicto. Como todo lector de la Marvel sabe, no son las capas ni los uniformes los que dan poderes a los superhéroes, como tampoco a los supervillanos se les frena con una tanda de mamporros. Dentro de las viñetas, conviene fijarse en lo estructural para ir a la raíz del relato. Fuera, también.

En estos días ha habido unas cuantas explicaciones de causas, consecuencias y posibles soluciones de lo que ocurre en Francia. Y algunas bastante buenas. Por ejemplo, el texto de Florent Marcellesi y François Ralle Andreoli en este medio y el hilo de Emilio Santiago en Twitter han tratado muy bien todo el conflicto que hay delante y detrás de la necesaria transición ecológica. Se ha hablado también de la complejidad y diversidad de los protestantes y de sus exigencias y del origen geográfico de las protestas.

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