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Pedro Bravo

Soy una persona que hace cosas; entre ellas, escribir libros: "Biciosos" (Debate, 2014), ensayo sobre bici urbana, y "La opción B" (Temás de Hoy 2012), novela... De momento.

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Barcelona empieza a defender los datos como bien común; todos deberíamos hacerlo

“El recurso más valioso ya no es el petróleo, son los datos”. La frase es el afortunado titular de un artículo de hace unos meses en el que The Economist reflexionaba sobre la enorme concentración de poder que se está quedando del lado de los gigantes tecnológicos como Alphabet (Google), Amazon, Apple, Facebook y Microsoft. La revista, el medio liberal de referencia en el mundo, sostenía la necesidad de hacer algo para limitar la ingente cantidad de datos que están acumulando y, sobre todo, las consecuencias de las formas totalmente privadas y completamente opacas de gestionarlos y utilizarlos. La posición de The Economist era, y es, que hay que regular, que hace falta que las compañías online dejen de tener el dominio absoluto de ese tipo de datos y “devuelvan el control a aquellos que los suministran”, o sea, a los consumidores, a la ciudadanía.

Barcelona anunció el martes la creación de su Oficina Municipal de Datos. La noticia, aunque no ha tenido mucha repercusión, es importante. Muy importante. La Oficina, que es parte del Plan de Transformación Digital del Ayuntamiento que dirige la Comisionada de Tecnología e Innovación Digital, Francesca Bria, pretende el gobierno público de los datos en un trabajo en tres líneas: captación y almacenamiento, analítica y predicción, y comunicación y difusión. Es decir, el organismo captará información por sus propios medios y sensores pero también los pedirá a compañías que operan en el entorno urbano (telefónicas, energéticas y otras), los analizará y empleará para hacer con mejor tino sus políticas y los podrá a disposición de la ciudadanía, la universidad o quien los requiera.

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Carril Bici en Castellana, ¿para hoy o para mañana?

Una gente con ganas de que haya más bicis en Madrid se junta y monta algo llamado Plataforma Carril Bici Castellana. Abre  una petición en Change.org y se mueve por redes sociales para conseguir firmas. Ahora mismo hay 5.760 y subiendo. No es un clamor pero no está nada mal para un par de días de vida que tiene. Como suele ocurrir en estos casos, hay debate en esas mismas redes. Se suman a la petición colectivos con solera como Conbici y Pedalibre y al otro lado se ponen activistas ciclistas y otros colectivos que protestan porque prefieren la integración de las bicicletas en el tráfico. En algo coinciden los dos bandos, aunque no lo admitan mucho por eso de no dejar de discutir: lo que sobran son coches y espacio para ellos. Esto está pasando esta semana en la capital del Reino. Otra vez.

Echo un vistazo rápido a la plataforma municipal de propuestas ciudadanas y democracia directa  Decide.Madrid.es y veo que hay 426 entradas que contienen la palabra “bici” —202 de ella con el conjunto “carril bici”—. Vale que no todas son peticiones concretas de más bicis (por ejemplo: algunas son para sacar, con buen criterio, a los ciclistas de las aceras) pero la mayoría sí van en ese plan. Esto también lleva pasando desde que existe la plataforma, o sea, hace un par de años.

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No me convenzas de que la contaminación es mala, quítamela

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¿Servirá la regulación de Madrid para las viviendas turísticas o nos volveremos a caer del guindo?

Esta semana, el Ayuntamiento de Madrid ha anunciado sus medidas para controlar el desmadre de las viviendas de uso turístico (VUT). Lo ha hecho la misma alcaldesa, Manuela Carmena, que hasta ahora no había estado visible en el debate salvo para subrayar el valor turístico de la ciudad. Lo ha hecho, pues, a lo grande, en boca de su máxima autoridad y figura promocional, supongo que por eso de ganarse los titulares. Prueba superada. Para empezar, porque es ya manifiesta la intención de sortear a la Comunidad de Madrid, que es quien tiene las competencias sobre turismo en general, y sobre VUT en particular, y quien sigue perdida en el atajo que va de la defensa del libre mercado al despropósito.

Mientras Cifuentes prepara una nueva normativa ( que tiene mala pinta), Carmena apuesta por regular por la vía de un plan especial que modifique las normas urbanísticas del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU). Lo fundamental de lo anunciado es la diferenciación entre oferta profesional y particular. Quien viva en su piso y quiera sacarse unas perras a través de las plataformas podrá hacerlo sólo noventa días al año. Quien quiera alquilar un alojamiento completo todo el año se tendrá que dar de alta como actividad turística, uso terciario de hospedaje, y deberá solicitar una licencia similar a la de los hoteles. Para que el reparto de estos alojamientos no colapse barrios concretos, como ahora pasa en el Distrito Centro, se establecerá un cupo por zonas. Para esta parte del asunto, el Ayuntamiento creará un censo de VUT. Finalmente, entre las medidas anunciadas, se ha hablado de seguimiento y vigilancia de quienes incumplan las normas. Todo lo cual suena bien: separar lo que es economía colaborativa de lo que es actividad económica profesionalizada y, a partir de ahí, poner y mantener el orden en beneficio de la ciudad y su diversidad de intereses. Suena bien pero no tanto.

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Del derecho a la vivienda al privilegio de vivir

La vivienda es uno de los mayores problemas que tiene España ahora mismo. Sí, otra vez. La diferencia con la burbuja es que en ese momento la gente se endeudó para comprar casas que se habían puesto a coste de palacio por eso del libre mercado desbocado y porque los bancos se dedicaron a jugar con el riesgo crediticio seguros de tener la red del rescate sólo para ellos y ahora la fiebre ataca al alquiler y hace que los precios sean inaccesibles (y empuja ya muy fuerte los de venta, por cierto). Como entonces, el asunto no es local sino que ocurre en todo el mundo desarrollado, pero aquí pega más fuerte porque estamos peor equipados.

Mientras en Europa los países invierten entre el 1 y 4% de su PIB en vivienda pública, aquí ponemos sólo el 0,60%. La media de tal cosa en la UE es del 15% y aquí, del 2%. Por allí hay estados y ciudades que pasan tranquilamente del 30% de viviendas en alquiler social y por aquí estamos en torno al 1%. Hay lugares que controlan los precios, pero no España. Como aquí, en Europa ha pillado de sorpresa el auge de las viviendas de uso turístico y su impacto en el mercado inmobiliario pero como en España el sector servicios (especialmente el turismo) es monocultivo, se actúa poco y mal. Por cierto, aquí el PP decidió premiar con la residencia a los inversores que se dejan 500.000 euros en una casa, toma gesto de gobierno para el bien común. Lo dicho, tenemos un problema de vivienda de narices pero lo peor es que no nos damos por enterados.

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Cosas que “una simple ama de casa” llamada Jane Jacobs nos sigue enseñando sobre las ciudades

¿Cómo una mujer, periodista sin carrera universitaria terminada y madre de tres hijos, consiguió parar algunos de los proyectos urbanísticos más relevantes de ciudades tan simbólicas como Nueva York y Toronto en pleno subidón desarrollista? ¿Cómo una señora a la que sus enemigos trataban de menospreciar calificándola como “una simple ama de casa” se ha convertido en la figura más influyente para buena parte de quienes hoy piensan e intentan hacer un mejor diseño de las ciudades? Las respuestas se pueden encontrar en Citizen Jane: Battle for the City, el documental dirigido por Matt Tyrnauer que desde hace unos días está disponible en Filmin.

La estadounidense Jane Jacobs (1916 – 2006) es esa mujer, esa periodista, esa madre, esa ama de casa, esa activista, esa urbanista. Ella es la protagonista de este documental y una de las inspiradoras de todos los artículos, debates, esfuerzos y políticas que se proponen recuperar la ciudad para las personas desde hace medio siglo. Su figura, de hecho, es hoy mucho más relevante e internacional que en aquellos años en que escribió Muerte y vida en las grandes ciudades (1961) y se propuso frenar la renovación urbana —un tipo de renovación urbana— con una máquina de escribir y una pancarta. Y eso que, aunque ganó algunas batallas, no consiguió parar la hormigonera.

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"No hay nada más poderoso que un vecino que decide cambiar la realidad en la que vive"

Aunque a veces pueda parecerlo, la ciudad humana no es una de las ciudades invisibles y fantásticas que imaginó Calvino hace 45 años. La ciudad humana existe o, al menos, lucha por existir a pesar de que alguien muy fuerte tira para el lado oscuro del adjetivo. Mientras el mercado sigue apostando por un modelo urbano en el que la velocidad es el medio para lograr más dinero que sirva para ir más rápido para conseguir más beneficios, un montón de personas en todo el mundo trabajan para construir ciudades (o espacios urbanos) que sean lugares de encuentro y de intercambio —también económico, pero entre iguales— y en los que el tiempo no sea una amenaza sino un motivo de disfrute. Paula García Serna y Fernando Casado llevan desde 2014 embarcados en un viaje vital para documentar la labor de mucha de esa gente en un proyecto llamado  Hacia la ciudad humana (o Towards the Human City) cuyo objetivo, dice su web, es “identificar, documentar y comunicar iniciativas que propongan mejoras significativas en la forma en que pensamos y gestionamos ciudades con el fin de hacerlas más humanas e inclusivas”.

La idea surgió a partir los viajes de la pareja relacionados con su trabajo en temas de ayuda al desarrollo, al ver que la políticas supranacionales, e incluso las nacionales, no terminan de ofrecer resultados tangibles en las vidas de las personas como sí ocurre con las locales. “Nos atraía la idea de política de barrio, la que genera un impacto directo, por eso decidimos salir en busca de ese mar de iniciativas que quieren mejorar las condiciones de vida en la ciudad. A pesar de la falta de voluntad política y de interés corporativo, que por supuesto influye mucho en el desarrollo urbano, hay mil propuestas de gente que se levanta cada mañana a cambiar las cosas. Nos impresiona mucho la capacidad de transformación comunitaria, la realidad de que cada uno somos responsables del destino de nuestra ciudad. Porque no hay nada más poderoso que un vecino que decide cambiar la realidad en la que vive”.

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¿Hacia la ciudad 'black friday'?

Una forma de mirar la ciudad es a través de su actividad comercial. Así lo ha hecho Urban Discovery, el proyecto de BBVA Data & Analytics y Carto que ha analizado cinco años de gasto de tarjetas de crédito en Madrid, Barcelona y Ciudad de México y ha creado una interesante herramienta de visualización a través de mapas interactivos. La aplicación señala distintas zonas de cada localidad por sus principales características: centro (alta densidad comercial, turismo y ocio cultural), barrio acomodado (alta densidad comercial, atracción de clientes con alto poder adquisitivo y baja densidad de ocio cultural), barrio popular (baja densidad comercial y especial importancia del comercio de proximidad, con bajo ticket medio y poco gasto en fin de semana), centro de trabajo (con patrones temporales de consumo vinculados a oficinas e industria), nuevo desarrollo (alta densidad de zonas residenciales, baja actividad comercial y gasto concentrado en el fin de semana) y centro comercial (baja densidad comercial concentrada en grandes superficies).

Como explica en el blog del proyecto Juan Murillo, responsable de análisis urbanos de BBVA Data & Analytics, el resultado dice que la ciudad real no se parece a la ideal. En la modélica, los barrios son equilibrados y hay mezcla de usos, conviven los residenciales con los laborales, comerciales, culturales, turísticos y de ocio. No es así en verdad y en los mapas se ve que los distritos tienden a la especialización si no hay acciones que lo remedien. De momento, no parece que abunden pero si alguien se anima, esta herramienta puede ser útil.

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La Gran Vía, Alfonso XIII, la ciudad moderna y los políticos antiguos

El 4 de abril de 1910, un rey, un presidente del gobierno y un alcalde se sentaron juntos para ver y aplaudir el inicio de unas obras en Madrid. Empezaban los trabajos de la Gran Vía y la ocasión se consideró tan importante que se prepararon unas cuantas tribunas para acoger a todas las autoridades que no querían perdérsela. Allí estaban Alfonso XIII, Canalejas y Francos Rodríguez y muchos más (mucha familia real, mucha diplomacia) dispuestos a dar fe de un momento histórico para la ciudad y para el país.

Ayer se anunció el plan de transformación de esa Gran Vía que da su primer paso el 1 de diciembre y no he sido capaz de imaginarme como espectadores del inicio del cambio ni a Felipe VI ni a Rajoy. Tampoco he podido visualizar al ministro Montoro, ni a la oposición, ni a los directores de los principales medios de comunicación, ni siquiera a Esperanza Aguirre, tan vinculada con esta calle. No he sido capaz y no sé si es porque tengo poca imaginación o porque nuestros mandantes de ahora son menos modernos que los de hace cien años.

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La Marca España ha llegado a Madrid, ¿qué puede salir mal?

Las ciudades tienen buena parte de los problemas. En las ciudades es donde habita la mayoría de la población, donde se sufren las complicaciones provocadas por la contaminación, donde se muestra de forma más cruda la desigualdad, donde es más difícil el acceso a la vivienda. Las ciudades tienen pocas soluciones o, al menos, poca forma de llevarlas a cabo. Desde organismos internacionales como C40 —grupo de ciudades que trabajan para reducir y adaptarse al cambio climático, CGLU —organización de Ciudades y Gobiernos Locales Unidos que representa a más de 1.000 localidades en 140 estados— y nacionales como la Federación Española de Municipios (FEMP) se lleva tiempo insistiendo en la necesidad de que las urbes asuman más competencias y obtengan recursos y capacidad de financiación para poder enfrentarse a estos grandes problemas que no son suyos, sino que son los del planeta y de nuestra sociedad en general, como por cierto proclama la Nueva Agenda Urbana que firmaron los Estados miembros de la ONU hace ahora un año en Quito.

El tema es, pues, global pero en España más evidente por cómo está organizado en lo económico y territorial lo nuestro, con el cotarro manejado principalmente por las Comunidades Autónomas y la Administración Central, que desde 2012 controla aún más gracias a la Ley de Estabilidad Presupuestaria que obedece, a su vez, a Europa.

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