Ayuso utilizó a su jefe de despacho en Presidencia para negociar la compra de un nuevo piso en Madrid

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha estado buscando piso para comprar en Chamberí, el mismo barrio en el que reside en un dúplex de 1,8 millones que adquirieron entre su pareja, Alberto González Amador (compró el último piso), y una empresa (el ático). Para las gestiones de búsqueda de esta nueva adquisición inmobiliaria ha estado utilizando a un cargo público de la Presidencia de la Comunidad de Madrid que le ha hecho los contactos y concertado la agenda de visitas, además de participar en la negociación del precio para la compra, según ha podido constatar elDiario.es.

La persona que ha llevado a cabo esta labor es el jefe de despacho de la Secretaría de la Presidencia de la Comunidad de Madrid, Álvaro Sanz. Diplomado en Informática de Gestión, cobra 93.317,08 euros anuales, según el Portal de Transparencia madrileño, y antes fue secretario del Partido Popular en Madrid. Sus funciones actuales son el “control y coordinación de la agenda de la Presidenta de la Comunidad de Madrid. Coordinación y organización de viajes. Recepción de visitas y atención al público, tanto telefónica como presencial. Despacho y gestión de correspondencia y correos electrónicos. Y en general, labores propias de jefatura de secretaría de presidencia”, dice la descripción de su puesto laboral, que no incluye obviamente gestiones personales.

Álvaro Sanz fue quien contactó con la propiedad de un piso de unos 100 metros cuadrados –cuatro habitaciones, patio, garaje y un balcón con vistas a un jardín que se anunciaba hasta hace poco en Idealista–. También concertó dos citas para visitarlo. La persona que lo enseñó ha corroborado a elDiario.es esta información y, aunque confirma que la presidenta finalmente no lo compró, no ha dado detalle de quién se quedó finalmente la vivienda.

Según ha podido saber elDiario.es, el 1 de diciembre de 2025 acudió a ver el piso Isabel Díaz Ayuso en persona, con su equipo de escoltas. Hubo una segunda visita, también concertada y gestionada por este mismo secretario de Presidencia, a la que la Ayuso acudió con su pareja, Alberto González Amador. El piso, para reformar y que tenía un precio de salida de 850.000 euros en la plataforma, tenía otros compradores interesados. Preguntado el intermediario de la venta, confirma a elDiario.es que en esas gestiones su interlocutor fue también Álvaro Sanz y que siempre fue la persona con la que trató e intercambió numerosas llamadas y mensajes. Preguntado por estas gestiones, Álvaro Sanz ha remitido a elDiario.es al gabinete de prensa de la presidenta, que no ha negado los hechos.

Sanz es secretario de Ayuso desde 2019, cuando esta ganó sus primeras elecciones. Está contratado en la administración pública como personal eventual, es decir, un cargo de confianza, de nombramiento discrecional, que no es funcionario, pero tiene el estatus de empleado público mientras desempeña su función. Es la misma modalidad de empleo público que tiene Cristina Álvarez, la asesora de Begoña Gómez en La Moncloa e imputada por el juez Peinado por hacer gestiones profesionales a la mujer del presidente del Gobierno conducentes a gestionar su cátedra en la Complutense de Madrid o canalizar patrocinios para este proyecto universitario.

El juez Peinado propone procesar a la asistente y a Gómez por tráfico de influencias, corrupción en los negocios en el sector privado, malversación de caudales públicos y apropiación indebida, dado que entiende que ayudó con sus gestiones a cometer los presuntos delitos.

La labor del jefe de despacho “puede incluir gestiones particulares sin hacer negocios, de lo que se acusa a la colaboradora de Begoña Gómez”, puntualizan fuentes oficiales de la Puerta del Sol preguntadas por la confusión entre el perfil institucional y personal en las labores de este puesto.

El nombre de Álvaro Sanz ya saltó a los medios en la pandemia, cuando se hospedó en el Slow Suites de Chueca, uno de los 22 hoteles privados cedidos a la Consejería de Sanidad para albergar exclusivamente a personal sanitario, como publicó Infolibre. En aquel momento, desde Presidencia se explicó que Miguel Ángel Rodríguez había ordenado que se alojara en este hotel porque “era obligatoria su presencia” en la Puerta del Sol, sede del Gobierno regional, y porque Sanz vivía con sus padres y era una forma de protegerlos. En esos mismos días, en lo peor de la Covid, la presidenta de la Comunidad de Madrid se alojaba en dos apartamentos por 80 euros la noche de la cadena hotelera, Room Mate, propiedad del empresario Kike Sarasola.

El patrimonio y actividad inmobiliaria de Díaz Ayuso ha estado bajo el foco desde el inicio de su mandato. La ruina de la empresa de su padre, que dejó sin devolver un préstamo público de 400.000 euros de Avalmadrid en 2011, operación en la que ella intercedió, llevó a este a donar sus bienes a sus hijos.

La propia Ayuso admitió haber recibido un piso que podía ser embargado en una entrevista en Telecinco en 2019: “Mi padre ya estaba de baja médica, sabía que estaba enfermo, que no iba a durar mucho, y le preocupaba que el poco patrimonio que tenía, lo heredáramos. ”Es la casa en la que se crio mi madre, mi hermano y yo... No sé qué pretenden que hagamos mi madre y yo, no nos podemos ir debajo de un puente...“. El salario anual bruto de la presidenta de la Comunidad de Madrid es actualmente 103.090 euros (8.590 euros mensuales).

“Estoy harta de pagar alquiler y tengo ilusión por comprarme una casa, pero en Madrid se ha disparado la vivienda”, dijo en 2022 en una entrevista con El Mundo. Un mes después, su pareja, Alberto González Amador, compraba un piso en Chamberí por 850.000 euros, para el que entregó 350.000 euros de entrada, una cantidad casi idéntica a la que habría defraudado a Hacienda y por lo que está procesado. Un año después, una sociedad llamada Babia Capital SL compró el ático que está en la planta superior donde vive la pareja. Babia Capital pagó por el piso 950.000 euros y, según declaró González Amador a la jueza, él se lo alquila por 5.000 euros al mes con derecho a compra.

En julio de 2025, El País reveló que Ayuso había utilizado un chalé de patrimonio público en Rascafría para pasar un fin de semana con su familia, sin que constara este edificio como residencia ni se hubiera informado sobre su uso particular a la opinión pública. El complejo había sido comprado por el Gobierno de Ayuso en 2023 por 4,3 millones de euros. Cuando salieron a la luz estas vacaciones privadas en una casa de lujo pública, la presidenta justificó que su fin de semana de ocio no había costado ni un euro a los madrileños, puesto que habían llevado el “tupper de casa” y habían comprado en Covirán.