Enorme despliegue policial en Madrid para que un fondo de inversión pueda desahuciar a Maricarmen

Continúa la movilización social para frenar el desahucio de Maricarmen, que a sus 87 años se enfrenta este miércoles al cuarto intento de desalojo en una vivienda de Madrid donde vive desde hace siete décadas. Una acampada con más de 200 personas, según el Sindicato de Inquilinas, ha rodeado su portal durante toda la noche y en estos momentos un gran despliegue policial trata de desmantelarla.

Con muchos efectivos y al menos siete furgones, la Policía Nacional ha inmovilizado y retirado a decenas de personas del número 46 de la calle Alcalde Sainz de Baranda desde primera hora de la mañana. En el Sindicato de Inquilinas cifran en “al menos 40” el número de manifestantes identificados por los agentes.

Frente al portal todavía resiste una cantidad menor de personas procedentes de la acampada, junto a otras que acompañan a Maricarmen dentro del edificio. El grueso de la concentración se sitúa fuera de esa zona, en los dos costados del cordón policial habilitado, a unos 20 metros de la vivienda Maricarmen, donde se han producido cargas policiales que impiden el paso de los manifestantes a las inmediaciones del bloque.

Los agentes han expulsado de esa zona incluso a los medios de comunicación, algo que el Sindicato de Inquilinas tacha de “ataque a la libertad de expresión”. “Que pase la prensa”, ha sido uno de los cánticos coreados por las cientos de personas que han asistido en apoyo a Maricarmen.

Esta retirada de los medios de comunicación ha sido ejecutada por orden judicial, aseguran a este periódico fuentes de la Delegación del Gobierno en Madrid, que recuerdan que el despliegue policial sigue instrucciones judiciales. Las mismas fuentes aclaran que no dirigen este dispositivo y explican que su departamento está “en contra de este desahucio”.

“Podemos pararlo con la presión popular”

“El Consejo de Ministro puede frenar este desahucio ahora mismo”, ha denunciado el Sindicado de Inquilinas sobre la paralización desde hace meses del decreto de vivienda que podría detener este y otros desahucios, y que el Gobierno retiene a falta de apoyos parlamentarios en el Congreso para sacarlo adelante. Su portavoz, Alicia del Río, asegura que “podemos pararlo con la presión popular” pese a que “la jueza ha ordenado que se ejecute”.

La comisión judicial, citada para las 9.30 horas, todavía no ha llegado al docimilio de Maricarmen, que espera una solución de última hora después de meses luchando contra los movimientos de la inmobiliaria Urbagestión para expulsarla de su casa. De los 500 euros que pagaba por su alquiler de renta antigua, la empresa pretende subir su alquiler a 2.650. Un alza que una escritora anónima se ofreció a cubrir este martes, sin que la propiedad haya aceptado tampoco esta oferta hasta el momento.