El PP y Vox aprovechan la huelga general y la ausencia de Compromís en las Corts para avanzar en la polémica ley del suelo

Les Corts Valencianes debaten este miércoles las enmiendas a la totalidad presentadas por el PSPV y Compromís a la Ley del Suelo coincidiendo con la huelga general por la vivienda, una decisión tomada tras un cambio en el orden del día del pleno impulsado por el PP y por Vox la semana pasada a sabiendas de que los valencianistas se iban a ausentar del mismo para secundar la jornada reivindicativa.

Sin embargo, sí que estarán presentes en la jornada de la votación de las enmiendas que tendrá lugar este jueves, en la que habrá sesión de control al president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca. Desde Compromís han explicado que harán un mínimo trámite técnico para poder votar el jueves: “Irá la diputada Paula Espinosa cuando toque exclusivamente para decir que da la enmienda por debatida y se volverá a ir. Es la único fórmula posible para no perder la opción de votar”.

Populares y ultras mantienen así su hoja de ruta para lograr aprobar a la carrera la nueva legislación urbanística que será de aplicación en la Comunitat Valenciana, un texto en el que las patronales de los promotores reconocieron recientemente haber participado “activamente”. Sin ir más lejos, la mesa de las Corts, con mayoría del PP y de Vox, decidió tramitar la normativa por la vía de urgencia, por lo tanto con menos participación y transparencia.

La nueva ley del suelo sustituirá íntegramente al Texto Refundido de la Ley de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje (TRLOTUP), aprobada en junio de 2021 por el Gobierno del Botánico. El objetivo de populares y ultras es aprobarla antes de las fiestas navideñas y en cualquier caso antes de que termine la legislatura.

Los socialistas señalan en su enmienda que es una ley “innecesaria”, dado que ya hay una ley de Ordenación del territorio, urbanismo y paisaje, además de contraria “al interés general”, diseñada “por los propios promotores inmobiliarios” y que busca “promover y favorecer los intereses privados del uso del suelo”.

Compromís considera que esta norma “no responde adecuadamente a los retos territoriales, sociales y climáticos” de la Comunitat, pues “flexibiliza” las reglas de ocupación y transformación del suelo en lugar de reforzar los instrumentos de planificación y prevención, amplía las posibilidades del aprovechamiento económico del suelo no urbanizable y “retrocede” en la protección.

Por el contrario, el PP ha destacado que se trata de una ley que “no puede esperar”, porque regula procedimientos que “favorecen la construcción de vivienda protegida” y va a posibilitar que el 50 % de los nuevos desarrollos residenciales se destinen a vivienda de protección pública, y Vox ha presentado enmiendas parciales para agilizar las licencias urbanísticas y proteger a propietarios y promotores.

Favorecer el uso de suelo no urbanizable protegido

Entre las cuestiones más relevantes de la normativa, el artículo 62 permite implantar en suelo no urbanizable común determinados usos industriales, productivos, terciarios, turísticos y de servicios mediante Declaración de Interés Comunitario (DIC) cuando no estén expresamente prohibidos por el planeamiento y concurran las condiciones legales.

Además, establece que “en suelo no urbanizable protegido solo podrán autorizarse los usos o los aprovechamientos de los señalados en los dos artículos anteriores [turísticos o industriales] que estén expresamente previstos en la legislación sectorial que haya motivado su protección o en el planeamiento urbanístico, que quedarán sujetos a licencia o a declaración de interés comunitario, según proceda”. Además, añade que “cuando la protección derive de la legislación sectorial, los usos y los aprovechamientos tendrán que ajustarse, en todo caso, al régimen establecido por esta y los actos de alteración del estado natural de los terrenos únicamente podrán autorizarse en los términos expresamente permitidos por esta legislación”.

Además, los propietarios de suelos rústicos no urbanizables pueden ser unos de los grandes beneficiados puesto que se abre de forma amplia el abanico de posibilidades por el que se puede explotar estos terrenos, revalorizando su potencial económico. El proyecto establece que en el suelo no urbanizable común, siempre que el planeamiento no prohíba expresamente el uso, pueden autorizarse los usos que contempla la propia ley. 

Entre los usos que se les podrá dar a estos terrenos destacan el de explotación agrícola; transformación y comercialización de productos agrícolas; determinadas actividades terciarias; alojamiento turístico; restauración; actividades deportivas; ecoturismo; determinadas actividades industriales; almacenamiento; determinadas instalaciones energéticas.

La posibilidad de habilitar vivienda aislada y familiar es otra de las opciones que se prevé en suelo rústico no urbanizable común. El artículo 61 permite excepcionalmente esta tipología en parcelas de al menos 10.000 m², con una ocupación máxima de la edificación del 2% del total de la parcela.

Menos control público de las licencias

El PP y Vox presentaron enmiendas parciales al proyecto legislativo dando más protagonismo a las entidades colaboradoras urbanísticas (ECUV) en detrimento de los informes municipales y amplían las opciones de los usos industriales en suelo no urbanizable.

Estas son algunas de las medidas que pretenden potenciar el PP y Vox en la nueva Ley del Suelo de la Generalitat Valenciana por medio de las enmiendas parciales que se debatirán en próximas sesiones plenarias. Las propuestas van en una línea diametralmente opuesta a las 200 presentadas por el PSPV, además de una a la totalidad del texto legal, y de las presentadas por Compromís, también a la totalidad del proyecto.

Por parte del PP, en lo que a concesión de licencias se refiere, se da más peso a la iniciativa privada y a las entidades colaboradoras, con una rebaja notable del control autonómico y de la disciplina urbanística municipal. En el caso de Vox van más allá y proponen una medida que podría chocar con los reparos que apuntó el Consell Jurídic Consultiu (CJC).

Así su enmienda al artículo 155 dispone que “el ayuntamiento dispondrá de un plazo máximo de seis meses, contado desde la entrada de la declaración responsable en el registro del ayuntamiento competente, para ejercer el control posterior ordinario previsto en el artículo anterior” y que una vez superado ese plazo “sin que se haya notificado resolución adoptada conforme al artículo anterior, quedará concluida la fase ordinaria de control posterior de la declaración responsable”.

Sin embargo, el CJC ya advirtió de que establecer una suerte de silencio administrativo positivo por el cual a los seis meses sin respuesta se puede considerar aprobada una resolución puede acarrear problemas legales: “Si se pretende configurar un acto administrativo presunto favorable de conformidad, se debe regular con claridad el procedimiento del que deriva, su forma de iniciación, el efecto atribuido a la falta de resolución y los extremos comprendidos en dicha conformidad”, aclaró.