La crisis de la vivienda provoca la primera huelga general a las puertas de unas elecciones

Las celebraciones del Gobierno por una España que es “la economía que más crece de la Eurozona”, y es verdad, se toparán el miércoles con una realidad opuesta: una huelga general convocada por el Sindicato de Inquilinas y respaldada por todos los sindicatos que detona por la asfixia de la vivienda. Unos precios del alquiler y de compra disparados la han convertido en la gran preocupación de más de la mitad de los españoles (un 55% según el CIS) y, aunque los salarios suben, no se acercan. Mientras caseros y empresas han aumentado sus lucros a un ritmo mucho mayor, a la clase trabajadora se le ha mezclado un mercado que les expulsa de los barrios y de sus casas con dos guerras -la de Ucrania y la de Irán- que complican cada vez más su cesta de la compra.

Uno de cada cuatro inquilinos en España destina más del 30% de sus ingresos únicamente al alquiler, esto es, tres millones de personas que los primeros diez días de trabajo de cada mes los dedican a pagar la renta. Los jóvenes y hogares con hijos son los más perjudicados, especialmente las familias monoparentales. Esos precios son mucho mayores en los alquileres en oferta, ya que los precios de los alquileres cuentan los contratos firmados y, en general, los anuncios esperan aumentar la rentabilidad.

Así, mientras que el precio medio del alquiler en España, con cifras de contratos de 2024, es de 805 euros en Barcelona o de 870 euros en Madrid (ya un 40% más que en 2015, en ambos casos), en portales como Idealista un piso de 80 metros cuadrados (el promedio en ambas provincias) se dispara a 1.370 euros en Barcelona y a 1.700 euros en Madrid. Tomando las cifras de mercado o los últimos contratos de alquiler, por tanto, el esfuerzo salarial se dispara. Un estudio reciente de Oxfam estimó que el 30% de los inquilinos y 700.000 personas con trabajo en España caen en la pobreza tras pagar el alquiler.

La subida incesante de los alquileres, que aumentaron un 43% entre 2015 y 2024 (última cifra disponible de la Agencia Tributaria), mientras los salarios lo hacían la mitad, un 21%, empujó a muchos inquilinos a la compra, elevando a récords las donaciones de padres a hijos para pagar la entrada de la vivienda. Pero eso ha llevado también los precios de compraventa a subidas inauditas de hasta dos dígitos. Pese a haberse frenado en los últimos meses, la subida acumulada en un solo año es del 11,2%, con un precio medio de 2.955 euros por metro cuadrado, que supera los 5.000 euros en Madrid y Baleares. O sea, que un piso de 100 metros cuadrados vale de media 300.000 euros en España y más de medio millón en las comunidades más caras.

Dicho de otro modo, los españoles necesitan casi dos años de sueldo íntegro tan solo para pagar la entrada de una vivienda, que alcanzan los cuatro años en estas comunidades, y si consiguen ahorrar el 20% de un sueldo promedio, tardarán 10 años en conseguirlo, el doble también en los casos de Madrid y Baleares, según un estudio de Qualis Credit Risk.

De la burbuja a Maricarmen

El origen del paro generalizado de este miércoles tiene como imagen el desahucio en silla de ruedas de Maricarmen, la mujer de 87 años que fue expulsada de su casa tras negarse a pagar más de 2.000 euros de alquiler a una pequeña empresa propietaria de su vivienda, que fue a los juzgados para quitarle la renta antigua. Después, el rechazo de los decretos de vivienda que debían dar estabilidad a los inquilinos por parte del Congreso precipitó la convocatoria de la huelga y de elecciones generales; mientras que el Gobierno intentó salvar los decretos a través de la Diputación Permanente, donde los votos de Junts, que tumbaron los textos, ya no son determinantes. Pero el origen de la crisis se remonta a años atrás y empieza en un punto diferente según a quien le preguntes.

Para que aquel desahucio despertara tanta indignación, tanto a las puertas de la expulsión como en la acampada posterior, el Sindicato de Inquilinas venía organizando la indignación desde años atrás, con un ritmo creciente en paralelo al aumento de los precios de la vivienda, desde que se fundó en mayo de 2017.

¿Y por qué los precios de la vivienda han llegado a niveles inasumibles para la mayoría de trabajadores? Para Javier Gil, sociólogo experto en vivienda e investigador del CSIC, “hay un cambio radical en 2008, cuando existe mucha liquidez de fondos internacionales que encuentra en la vivienda de España un destino ideal”. “Con un sistema arrasado por los desahucios y unos bancos al borde del colapso por el impago hipotecario, entran con capital en una demanda no residencial que empieza a comprar vivienda para ponerla en alquiler y eso desconecta los precios de la vivienda de los salarios de la gente”, añade.

Una vez mucha gente pobre pierde sus casas, los bancos dejan de dar hipotecas y los fondos entran en el mercado, “surge una generación inquilina, cada vez menos personas viven una vivienda de propiedad y, en cambio, más fondos y multipropietarios viven de los lucros del alquiler”. “La sociedad se quiebra cada vez más entre quienes reciben renta y quienes la pagan”, describe. Las cifras muestran que quienes tienen más de diez inmuebles han pasado de los 138.000 hasta los 626.000, los que tienen entre cuatro y diez pasaron de 827.000 a 2,3 millones y, en cambio, los hogares con un solo inmueble han caído de los 10 millones a los menos de 7,9.

Pero el hecho de que, pese a esta evolución, los caseros con solo un piso en alquiler sigan siendo el 40% de mercado y los particulares todavía alquilen más pisos que las empresas, hace que voces más conservadoras suelan resistirse a aceptar la importancia de la entrada de los fondos en el mercado para la situación de crisis de precios y de acceso actual. Emerge ahí un diagnóstico que se ha convertido en los últimos meses en un consenso mayoritario en clave de vivienda: el estudio del Banco de España que cifró en 750.000 el déficit de vivienda acumulado entre 2021 y 2025, por las diferencias entre la creación de hogares (240.000 en 2025) y la construcción de viviendas (92.000, el mismo año).

Aunque en la necesidad de vivienda pública coinciden tanto las voces conservadoras como progresistas, los expertos más ortodoxos y cercanos al sector suelen reducir el problema a un desajuste de oferta y demanda que se solventaría con un aumento de la construcción de viviendas. De hecho, la caída de la construcción de vivienda es también una consecuencia de la burbuja inmobiliaria, con muchas constructoras que acabaron quebradas y una bajada en picado de la actividad constructora ante el endurecimiento de los créditos y la caída del empleo en España, que dificultaban la compra.

En el auge de 2006, se construyeron 597.000 viviendas, por 35.000 en su punto más bajo, 2014. Estamos ahora en un punto todavía lejano al álgido (que nadie desea), pero también a un ritmo saludable para cubrir el déficit: 90.000 viviendas construidas en 2025. La vivienda pública tocó techo en 1997 con 85.000 terminadas (por entonces un 20% del total) y está ahora 12.585 en 2025, algo más del 10% y eso después de una mejora tras registros residuales de menos de 5.000 en 2017, cuando todavía golpeaba la crisis económica a los hogares. Gran parte de la vivienda pública que se ha ido haciendo, además, ha ido pasando al mercado privado al vencer una protección que era temporal. La activación de Casa 47 y del plan de vivienda pública del Gobierno blindándola de por vida ha llegado en el tramo final de la legislatura, de manera tardía e insuficiente en cuanto a presupuestos.

Esta realidad lleva a Fernando Pinto, doctor en Economía de la Universidad Rey Juan Carlos, a asegurar que el origen de la crisis “está en 2008, cuando se construían 600.000 viviendas al año con crédito barato que crearon un stock que hoy se está agotando”, apuntando directamente al déficit del Banco de España. “No se ha tomado en serio la política de vivienda en todo este tiempo, con un 2% del parque total en vivienda pública”, añade Pinto en un diagnóstico compartido por casi todas las voces. “Las promotoras y constructoras quedaron tocadas financieramente y ahora que algunas se recuperan o nacen, falta mano de obra y también financiación”, apunta para señalar las causas de la menor construcción. La lentitud y las trabas de los planes urbanísticos, apuntan estas voces, dificultan también el aumento de la construcción.

Del franquismo al decreto Boyer

La doctora en Sociología por la Universidad Rey Juan Carlos Almudena Martínez ve la raíz histórica mucho más lejos que los otros expertos. Se remonta al franquismo sin titubear. “La crisis de 2008 fue la manifestación del problema con el modelo residencial en España, no su origen. La crisis es permanente y tiene que ver con la consolidación temprana de un modelo residencial sustentado en la promoción libre de vivienda de propiedad”, reflexiona. Con la “España de propietarios, no de proletarios”, del franquismo, la mayor parte de vivienda pública que se construyó se privatizó porque era de compra y pasaba al mercado privado. De esta forma, “el estado ha ejercido un papel residual a la hora de garantizar las necesidades residenciales y la institución familiar se ha encargado de asumir esa función”. “La gran pregunta es hacia qué modelo queremos ir”, plantea.

En el año 1985, el decreto Boyer durante el Gobierno de Felipe González suprimió las prórrogas forzosas a los inquilinos, que permiten subidas de precio libres a los propietarios cuando vencen los contratos y desprotegen a las personas que viven de alquiler.

El actual Gobierno trató de poner freno a la sangría con una ley de Vivienda en 2023 que se quedó muy corta. Fijó topes a los precios del alquiler, pero dependían de las comunidades para aplicarlo y tan solo lo han hecho algunas, como Catalunya, Euskadi y Navarra. Los topes han aliviado en parte la situación, pero partían ya de precios muy altos. El paso de los contratos de alquiler de 3 a 5 años dio algo más de oxígeno a los inquilinos, pero aun lejos de la estabilidad que da un contrato indefinido ajustado al IPC. Dejó, además, sin regular el alquiler de temporada y el de habitaciones, coladero de irregularidades y de abusos en cuanto a los precios y las condiciones de alquiler.

El último decreto, tras el desahucio de Maricarmen, trató de corregir algunas de estas carencias con la regulación de temporada y habitaciones, aumentó la protección de los desahucios de personas vulnerables e incluyó reducciones fiscales a inquilinos y a caseros con precios por debajo de mercado. También se aprobaron prórrogas de alquiler hasta 2030 que dan algo de tiempo a los inquilinos, pero el segundo decreto que podría cambiar la vida de las personas que viven de alquiler, al activar prórrogas indefinidas salvo excepciones, será tumbado en la Diputación Permanente del Congreso por el PNV, PP y Vox.

Paralelamente, el turismo y los extranjeros de rentas altas que llegan a España se han disparado en las últimas décadas y con él empresas y particulares vieron en los pisos turísticos y de temporada un modelo de negocio mucho más rentable que el alquiler habitual. Sustituyeron parte de la oferta en zonas muy demandadas. En los últimos años, ha habido una ofensiva por regularlos y limitarlos en las grandes ciudades y lugares más concurridos como Catalunya o Madrid, pero aún y así existe una permisividad con los pisos ilegales: el Ministerio estimó a principios de año que hay entre 80.000 y 110.000 pisos turísticos y de temporada ilegales en España.

Es por ello que voces como el Sindicato de Inquilinas creen que es prioritario movilizar vivienda turística y vacía para el alquiler social antes de ponerse a construir. Javier Gil defiende un gran fondo público que compre vivienda usada y la ponga en alquiler social y que la construcción se haga con una empresa pública para evitar el encarecimiento que supone tener que cubrir la rentabilidad que exigen las promotoras privadas, como se ha visto en el Plan Vive. En cuanto a la vivienda vacía, existen discrepancias porque el censo no es fiable, pero según el informe estadístico del Ministerio de Vivienda existen 8 millones de viviendas en España que no son principales, el 30% del total. “Las viviendas vacías no están donde más demanda hay”, acierta en alertar Pinto, sin embargo.

Más allá de la vivienda, los sueldos se estancan

La vivienda es el sinsabor principal de la clase trabajadora, sobre todo de aquella sin piso en herencia que intenta evolucionar en la vida. Pero no es el único. Existe cierto debate sobre si los salarios reales (y no nominales) han crecido o no desde la pandemia en España al compararlos con la inflación. La discrepancia tiene que ver con desde qué fecha se toma el punto de partida, tal y como analizó en este diario Alberto Garzón el pasado mes de junio. Si tomamos como referencia el primer trimestre de 2021, la respuesta es que los precios han subido dos puntos por encima de los salarios, un 23% frente a un 21%. Partiendo de 2022, sí que ha habido una mejora de los sueldos en comparación con los precios, pero el propio Garzón concluía que existe una gran dificultad para que los salarios alcancen las subidas del IPC.

La subida salarial pactada por los trabajadores públicos puede provocar un aumento en el sueldo medio en los próximos meses, pero eso no se va a trasladar en una mejora del poder adquisitivo de las clases trabajadoras. Si la inflación llegó a cifras récord en 2022 con un 9,8%, este año la guerra de Irán y su efecto sobre el comercio internacional la han disparado también hasta el 4,5% actual. El acumulado desde la invasión de Putin es del 20% en España, lo cual ha neutralizado las subidas salariales a una cierta recuperación del poder adquisitivo cuando se relajó la inflación y subieron los sueldos, pero no a completar una mejora, sino a seguir en la senda del estancamiento. La OCDE, de hecho, concluye que los sueldos han subido un 5% de valor real en España desde 1995. O sea, que incluso sin descontar el precio de la vivienda y pese a haber superado una crisis económica, en términos reales no ganamos más que hace 31 años. Si sumamos la variable del esfuerzo en vivienda, lo que queda es un retroceso.

España empezó a recuperarse de la gran crisis financiera de 2008 en 2015 tras casi siete años en un pozo sombrío y eso sirvió para que gran parte de la población haya mejorado su situación con respecto a entonces, pero no en comparación con los años 90 y tampoco de manera sustancian en los últimos 3 años de acelerón económico. Pero más allá del equilibrio con los precios existe otra comparación que duele a sindicatos y trabajadores especialmente: con los beneficios económicos. El Observatorio de márgenes empresariales de la Agencia Tributaria calcula que, a cierre de 2025, los beneficios de las empresas han aumentado un 58% en comparación con 2019 mientras la masa salarial (que no los sueldos medios) lo habían hecho un 37,9%. O sea, que el 12,5% de crecimiento del PIB acumulado desde entonces (20,5% si lo contamos desde después de la pandemia) sí que ha beneficiado considerablemente a las rentas del capital, que no lo han redistribuido entre los trabajadores.

Todo esto ha sucedido en un contexto de crecimiento de la población por la llegada de migrantes que ha sido quien ha impulsado también las mejoras económicas, dinamizando el mercado laboral y el consumo. Pero ni a nivel de vivienda ni a nivel de servicios públicos el Estado ha respondido. Lo dijo recientemente Javier Muñoz, director general de política económica del Ministerio de Economía: “No basta con decir que en España cabemos todos, sino que es necesario hacerles hueco”. Se refería a la vivienda, pero el análisis sirve también para el deterioro de los servicios públicos que está también en el origen de las protestas alrededor de Europa. Con los profesores madrileños en huelga sin que el Gobierno de la Comunidad se siente a hablar con ellos y la Sanidad engrosando listas de espera sin las mejoras prometidas durante la pandemia y con los médicos al límite con guardias y turnos inhumanos, el estancamiento del poder adquisitivo no encuentra su alivio en las conquistas públicas del estado del bienestar.