El PP culmina un año de bloqueo a la renovación del Constitucional

El PP señala a Cándido Conde-Pumpido como uno de los grandes riesgos para la democracia española y la separación de poderes. Enemigo número uno ya desde su época de fiscal general con José Luis Rodríguez Zapatero, hoy es un supuesto enviado de Pedro Sánchez para controlar el Tribunal Constitucional (TC), órgano que preside desde enero de 2023. Los de Alberto Núñez Feijóo tienen en su mano echarle. Podrían haberlo hecho hace meses, antes de la inminente sentencia sobre la aplicación de la ley de amnistía a Carles Puigdemont. Pero han usado su mayoría absoluta en el Senado para lo contrario: mantenerlo en su cargo, al menos, un año extra.

La Constitución establece que los 12 magistrados del tribunal de garantías son elegidos, por tercios, por el Gobierno y las dos cámaras de las Cortes Generales. Cada organismo los designa por separado, teóricamente para favorecer una composición más plural. Pumpido forma parte de la terna que eligió el Senado hace ya una década, y desde diciembre del año pasado tiene su mandato caducado. Algo que él mismo ha denunciado. Están en su misma situación la magistrada del bloque progresista María Luisa Balaguer, así como los conservadores Ricardo Enríquez y José María Macías.

La renovación de la cuota del Senado debería ser sencilla, a priori. El PP controla la Cámara Alta con mayoría absoluta, y solo necesita repartirse los nombramientos con el PSOE. Dos para cada uno, como marca la tradición bipartidista. El mecanismo establece que son los parlamentos autonómicos los que remiten sus propuestas, que luego deben pasar el tamiz del Pleno.

Pero la institución que preside Pedro Rollán ha ampliado una y otra vez el plazo. En junio, el Parlamento de Cantabria pidió una prórroga porque el 15 de septiembre, tres meses después, se celebraba la fiesta de la Virgen de la Bien Aparecida. Un motivo que la mayoría del PP en la Mesa del Senado dio por bueno, con el rechazo del PSOE.

El órgano de gobierno de la Cámara Alta planteó entonces una nueva fecha tope para que las cámaras autonómicas envíen sus nombres: el 30 de septiembre. A dos semanas de esa fecha, el Parlamento de Andalucía, controlado por PP y Vox, ha pedido también una extensión del plazo. Y el Senado, con la oposición del PSOE, ha dado su visto bueno.

Es la segunda vez que Andalucía reclama una prórroga este mismo año. La anterior fue ante las elecciones autonómicas celebradas en mayo. De hecho, la fracasada cadena de convocatorias ideada por el PP para lograr la mayoría en Extremadura, Aragón y Castilla y León fue la primera de las justificaciones que buscaron para prolongar artificialmente el mandato de los actuales magistrados del TC.

El motivo esgrimido ahora es que los diputados no han tenido tiempo para negociar las designaciones, pese a que el Parlamento andaluz se constituyó el pasado 11 de junio. “La actividad normal” de la nueva legislatura “no comenzó a desarrollarse hasta el presente mes de septiembre” y los grupos parlamentarios aún no habían contado “con el tiempo suficiente para llegar a acuerdos acerca de la propuesta de candidaturas a magistrados del TC”, alega la presidenta de la asamblea autonómica, la popular Ana Mestre, en un escrito dirigido a la Cámara Alta.

La petición hubiera sido aprobada en todo caso con los votos del PP y de Vox, que comparten el Gobierno presidido por Juan Manuel Moreno. Pero el PSOE, que ocupa dos asientos en la Mesa, tampoco se opuso. El vicepresidente segundo de la Mesa, el socialista Fernando López Gil, reconoce que el portavoz de su grupo en el Senado y exlíder del PSOE andaluz, Juan Espadas, le llamó para pedirle explicaciones cuando llegó el escrito de Mestre anunciando otra prórroga en la presentación de candidaturas a jueces del Constitucional por “acuerdo de la Mesa”.

En conversación con este periódico, López Gil explica que “fue una decisión unilateral de la presidenta del Parlamento, no hubo acuerdo sobre este asunto porque no se votó en la Mesa”. “La presidenta lo presentó como algo ya hecho de lo que daba cuenta al resto de miembros. El PP suele meter asuntos en el orden del día media hora antes, y esta vez nos la coló”, asegura. Tras recibir la llamada de Espadas, el diputado socialista se dio cuenta y trasladó su “indignación” a la presidenta de la Cámara y al letrado mayor por no haber sometido a votación este asunto. El PSOE está convencido de que es una “estrategia de dilación” del PP para retrasar la renovación de magistrados del Constitucional.

En un escrito dirigido a la Mesa el pasado miércoles, López Gil deja constancia por escrito de su queja: “Los miembros del Grupo Socialista en ningún momento manifestaron su acuerdo ni prestaron su conformidad con la decisión que ha sido comunicada al Senado (...) En consecuencia, solicitamos se proceda a la rectificación del acuerdo correspondiente a este punto”, reza el escrito.

Fuentes parlamentarias explican que en la Mesa de la Cámara “no se votan los acuerdos, se enuncian” y si nadie se opone se entiende como aprobados sin más: “Si alguien muestra su oposición se hace constar en el acta, pero nunca en el acuerdo”. En las actas de aquel día no consta ninguna discrepancia ni desacuerdo.

Ratificado en 24 horas

El Senado se dio mucha prisa y ratificó la decisión en 24 horas. Rollán convocó de urgencia una reunión extraordinaria de la Mesa de la Cámara Alta. El acta de la cita, celebrada el pasado 10 de septiembre, sostiene que se amplía el plazo “hasta el día 30 de noviembre de 2026, a las 18.00 horas”. Pese al retraso, de casi un año, el presidente del Senado aseguró “que percibe voluntad y compromiso en los parlamentos autonómicos para alcanzar los acuerdos necesarios para la designación de los candidatos”, según el acta, y que “hasta el momento, ninguna asamblea, salvo el Parlamento Vasco, ha sido capaz de designar candidatos”. Navarra ya ha elegido también su terna, Yolanda Valdeolivas y Francisco José Bastida, pendiente de ratificación por el Pleno de su asamblea la semana que viene, informa Rodrigo Saiz.

En la reunión, el presidente del Senado manifestó “su esperanza de que, antes de que finalice el año, puedan iniciarse las comparecencias de los candidatos designados”. Es decir, que Rollán da por hecho que los cuatro magistrados, incluido Conde-Pumpido, seguirán en sus cargos en 2027.

Las fechas son relevantes porque el PP no está pensando en el corto plazo, sino en un futuro control total del Tribunal Constitucional. Un objetivo para el que necesita que se celebren las elecciones generales y lograr un control total de las cámaras junto a Vox.

Los ocho magistrados que se eligen en las Cortes Generales requieren de una mayoría cualificada de tres quintos de cada Cámara, lo que ha obligado históricamente al entendimiento entre el PP y el PSOE, con momentos de participación de otros partidos. En el caso del Senado, tres quintos equivalen a 159 senadores. El PP tiene 142 (ha perdido alguno tras cederlos a Vox para lograr sus pactos autonómicos). Vox tiene cinco. Esos 12 senadores de diferencia explican el bloqueo al que la derecha somete al máximo órgano de interpretación de la Constitución española.

El PP cree tener en su mano lograr esos 159 escaños de la mano de sus socios ultras, lo que le permitiría no tener que compartir los nombramientos con el PSOE, revertir la actual mayoría progresista y elegir al futuro presidente del Tribunal Constitucional.