Maricarmen no se va: se la llevan leyes injustas

El desahucio de Maricarmen, de 87 años, es una fotografía exacta del sistema en el que vivimos. Una mujer que llegó con diecisiete años a una vivienda del barrio madrileño de El Retiro en 1956, y en la que ha vivido desde entonces. Esa casa está llena de sus vivencias y de sus recuerdos, incluyendo el de sus padres, que fallecieron allí. El Estado, con jueces y policías, ha ejecutado el desahucio para garantizar el derecho a la propiedad de sus actuales propietarios, que adquirieron el edificio entero para hacer negocio con él.

Los diferentes gobiernos no han estado a la altura de la situación. Según se recoge en prensa, el ayuntamiento de Madrid ha ofrecido llevarla a un centro de acogida o buscarle una habitación en una residencia a más de 30 kilómetros de su casa y por un precio que no puede pagar. El alquiler que tenía que abonar Maricarmen en su vivienda de toda la vida era de 500 euros mensuales, pero los nuevos propietarios le exigen ahora 2.650 euros y su pensión de unos 1.350 euros no llega a tanto; tampoco para ninguna residencia. Por su parte, el gobierno de España asegura haber intentado comprar la vivienda, pero que el fondo lo rechazó. Y ya está, como si eso fuera todo el abanico de opciones por parte de la política. El resultado es una forma de inercia institucional que convierte la impotencia gubernamental en el resultado habitual.

Se dice que el Gobierno no puede hacer más dentro de la ley, lo que es una verdad a medias. Con las leyes actuales puede hacer poco, pero las leyes se cambian, y además no son tan estrechas como se pretende. Para empezar, la Constitución establece que la función social de la propiedad delimita su contenido y admite incluso la expropiación por causa de interés social. El problema es que decir que no hay margen es aceptar que las normas actuales son las correctas. Y resulta que es bastante obvio, especialmente en el caso de la vivienda, que el marco jurídico sigue otorgando a la propiedad privada una capacidad de extracción de rentas que, la mayoría de las veces, entra en conflicto con la función social de la vivienda. Un entramado jurídico que antepone el derecho a emplear la vivienda como inversión antes que como derecho humano a un techo digno es un despropósito que crea casos como el de Maricarmen de manera recurrente. 

El caso de Maricarmen es en cierta medida excepcional porque, gracias a su incansable y costosa lucha —los que la conocen afirman que en los últimos cinco años ha visto gravemente mermada su salud—, hemos podido poner cara y relato a su caso concreto. Pero como ella hay decenas de miles de familias que se ven obligadas a abandonar sus viviendas por la codicia de los propietarios, que a veces son fondos de inversión pero otras veces son otros ciudadanos que creen que tener una propiedad les da derecho a seguir exprimiendo los bolsillos de sus compatriotas. Y cuando las familias no quieren o no pueden aceptar la subida de los alquileres, que detraen el dinero que podría dedicarse a más bienestar, la inmensa mayoría de estas familias abandonan sus viviendas de alquiler en silencio, pero con los sueños rotos y mayor incertidumbre de futuro. En este sentido, el desahucio de Maricarmen encarna un problema de época. 

La inmensa mayoría de las veces las viviendas se han encarecido sin que medie ninguna reforma que justifique esa elevación de precio. No es que los propietarios hayan realizado una reforma y ahora la casa valga más. El precio ha subido, o más bien disparado, porque el suelo es escaso y porque la acumulación de inversión pública, actividad económica, infraestructuras y densidad social del entorno lo ha convertido en un lugar deseado. Así, el precio aumentado de las viviendas se debe a la comunidad entera, que ha progresado. Ponga esa misma vivienda en el desierto y verá que no vale ni un euro más de lo que costó construirlo. Su extraordinario valor es posicional, vinculado al lugar del suelo. Así, la vivienda de Maricarmen vale tanto porque su barrio es hoy algo mucho más activo y dinámico que en 1956. No es mérito del propietario, que simplemente aprovecha esta circunstancia —debida a la comunidad, es decir a todos— para enriquecerse a costa de los inquilinos y, en este caso, de una mujer de 87 años. Y la ley lo permite.

Si ante todo esto el gobierno es incapaz de cambiar las leyes, poniendo orden en el mercado para que la vivienda deje de ser un activo financiero con el que hacer dinero y se limita a ser el lugar donde se satisface el derecho humano a vivir bajo techo, entonces estará siendo cómplice de un estado de las cosas absolutamente injusto. En España se da la circunstancia de que gobierna una coalición de izquierdas, que además se encuentra desde hace años bajo asedio por todas las derechas del país —no solo las políticas—, y que, adecuadamente, alerta sobre el crecimiento de la extrema derecha y la posibilidad de que lleguen al gobierno. Pero, ¿qué ofrece este gobierno en materia de vivienda que sea efectivamente distinto que lo que proponen las derechas radicalizadas y la extrema derecha? ¿Qué tipo de solución real propone este gobierno progresista al hecho de que para una parte creciente de la población poder tener una vivienda, o mantenerla, dependa de la bondad de sus propietarios? 

Se me objetará, con razón, que el gobierno ha dado algunos pasos en los últimos años y que, por ejemplo, ha empezado a desarrollar políticas de vivienda pública y ha destinado recursos crecientes al parque público. Pero la pregunta real es si esas medidas tienen una escala suficiente para alterar la estructura de un mercado en el que la vivienda sigue funcionando fundamentalmente como activo de inversión. Mi respuesta es que no, y que eso es precisamente lo que el gobierno buscaba, es decir, no molestar demasiado la rutina de los agentes económicos que conceptualizan la vivienda como una inversión. Y no se puede soplar y sorber a la vez.

No hay política de izquierdas creíble si la vivienda sigue siendo un paraíso para los rentistas. La alternativa va por grados, pero existe. Para empezar, contratos indefinidos, como los que protegieron a la familia de Maricarmen durante medio siglo y que una ley, y no la fuerza de la naturaleza, extinguió. También derecho público de tanteo y retracto en las ventas de edificios enteros. En tercer lugar, que la comunidad recupere por vía fiscal las plusvalías del suelo que ella misma genera. Y, en cuarto lugar, un parque público de vivienda a la altura de los países que lo tienen. Nada de eso es realmente radical. Lo violento, radical e inhumano es sacar de su casa a una mujer de 87 años porque el barrio que ayudó a construir se ha vuelto demasiado caro para ella y hay agentes financieros deseando hacerse millonarios a costa del resto.