El tránsito entre acogimiento y adopción deja en el “limbo” a menores andaluces cinco años después de la nueva ley
Cinco personas adultas entraron en el colegio de María cuando acababa las clases. Dos de ellas eran agentes de la Policía. La niña, de siete años, llevaba 17 meses viviendo con una familia de acogida en un pequeño municipio andaluz. Había dejado atrás buena parte de los terrores nocturnos con los que llegó, tenía amigas, hacía teatro por las tardes y preguntaba con insistencia si podría graduarse con su clase al terminar el curso. Aquella tarde no volvió a casa porque la administración había decidido retirársela a su familia de acogida para entregársela a la de adopción pese a la oposición de la niña.
María -nombre ficticio para preservar su identidad- es una de las menores que, según asociaciones de familias de acogida y especialistas en protección infantil, ilustran un problema que Andalucía arrastra desde hace años. En 2021, el Parlamento andaluz aprobó una Ley de Infancia y Adolescencia que pretendía facilitar el tránsito entre el acogimiento y la adopción para evitar cambios innecesarios de familia cuando ello respondiera al interés superior del menor. Cinco años después, ese desarrollo reglamentario sigue pendiente y, según denuncian diferentes fuentes, la práctica apenas ha cambiado y los menores siguen en un “limbo jurídico”.
“No son casos aislados. Es más una forma de proceder”, dice María Ferrándiz, asesora jurídica de la Asociación Estatal de Acogimiento Familiar (ASEAF). La Junta de Andalucía rechaza esa visión. Preguntada por este periódico, la Consejería de Inclusión Social asegura que “se está trabajando en el desarrollo reglamentario de manera ambiciosa y con perspectiva de presente y futuro, poniendo al menor en el centro de todas las decisiones”.
Añaden desde la Consejería que “siempre se busca el interés superior del menor y la medida más estable”, y que el acogimiento y la adopción priorizan que los menores crezcan en una familia. No concretan, sin embargo, cuándo estará aprobado ese reglamento ni responden a por qué no se ha articulado mientras tanto un mecanismo que adapte la práctica administrativa al nuevo modelo. En esa tesitura, emergen historias como la de María y su familia de acogida.
“La dejaba llorando y la recogía llorando”
Cuando llegó a casa de Loli y José tenía cinco años. Había sido separada previamente de su familia biológica y, según la documentación aportada por sus acogedores, apenas hablaba, sufría frecuentes terrores nocturnos y arrastraba importantes dificultades emocionales. Con el tiempo, empezó a confiar.
Fue haciendo amigas en el colegio, comenzó actividades extraescolares, conocía a los vecinos del pueblo y, poco a poco, aquella casa dejó de ser un recurso temporal para convertirse en su hogar. Entonces, la Junta comunicó que la menor había pasado a ser adoptable. La pareja pidió ser valorada como familia adoptiva. También propuso una acogida permanente. Ambas posibilidades fueron descartadas alegando un seguimiento y unos informes que la familia niega, comenzando así el denominado proceso de acople con otra familia preseleccionada para la adopción. Según cuenta Loli, la transición nunca llegó a funcionar.
Cuando la niña se quedaba con su nuevo padre adoptivo, rechazaba cualquier contacto. “La dejaba llorando y la recogía llorando”, recuerda la madre de acogida. La niña, asegura, terminó dos veces en urgencias por crisis de ansiedad, y preguntaba si iba a poder terminar el curso con sus compañeros, si podría representar la obra de teatro que llevaba meses preparando o si seguiría viviendo allí. La familia de acogida pidió más tiempo, al menos hasta finalizar el curso escolar. También solicitó que la menor fuera escuchada, pero nada cambió, de acuerdo a su relato.
Semanas después, María salió del colegio acompañada por cinco adultos. Desde allí fue trasladada a un centro de protección para continuar el proceso de adopción. Hoy todo forma parte de un procedimiento judicial, tras una demanda presentada contra la Junta por parte de la familia de acogida. Para las asociaciones, el problema de fondo es que no es un caso aislado y que desde el Ejecutivo regional no acaban de desarrollar una normativa que acabe con situaciones tan dolorosas para los menores y las familias.
Un problema enquistado
Durante décadas, el acogimiento familiar y la adopción han funcionado como dos medidas claramente diferenciadas. El acogimiento tenía vocación temporal. La adopción era otra fase distinta. El problema, según cuentan las fuentes consultadas para este reportaje, aparece cuando ese tiempo provisional deja de serlo. Cuando un niño pasa año y medio, dos o tres años viviendo con una familia, crea amistades, rutinas y vínculos afectivos que ya no responden a la lógica administrativa con la que nació el acogimiento. La pregunta es sencilla de formular y mucho más difícil de responder: ¿Qué debe pesar más en ese momento: el itinerario jurídico previsto por la Administración o la estabilidad emocional del menor?
Precisamente para responder a ese dilema, Andalucía aprobó en 2021 una ley que abría la puerta a flexibilizar el paso entre acogimiento y adopción. Aunque la ley no regula expresamente la denominada “adoptabilidad sobrevenida”, ese concepto ha ido ganando peso en el ámbito técnico. Se refiere a los casos en los que un menor llega a una familia mediante un acogimiento temporal y, durante ese proceso, pasa a ser susceptible de adopción. El manual sobre valoración de la idoneidad elaborado para la Junta por el psicólogo Jesús Palacios sostiene que, en esas situaciones, debe valorarse prioritariamente la continuidad con la familia acogedora cuando ello responda al interés superior del menor.
Sin embargo, las asociaciones sostienen que ese cambio nunca se ha trasladado realmente a la práctica. “La ley pretendía eliminar el muro entre acogimiento y adopción, pero cinco años después sigue sin desarrollarse”, explica Ferrándiz. Según relata, la consecuencia es que muchas familias acogedoras continúan encontrándose con la misma situación. “Tú puedes estar inscrita para adoptar, pero eso no significa que tengas prioridad para adoptar al niño que ya vive contigo. Si otra persona ocupa un lugar preferente, el menor cambia de familia. Eso va totalmente en contra del espíritu de la ley”.
Lo que hace unos años era un debate exclusivamente jurídico, hoy también es psicológico. Según explica la propia Loli, que es a su vez educadora social, la teoría del apego “ocupa un lugar central en la protección infantil” y cada vez más especialistas sostienen que romper un vínculo seguro supone añadir un nuevo episodio traumático a menores que ya han sufrido experiencias de abandono o violencia.
En el caso de María, esa idea la concreta en un informe pericial encargado por la propia familia el psicólogo Javier Múgica y que se ha incorporado al procedimiento judicial. Su conclusión es que la niña había construido un apego seguro con la familia acogedora y una nueva separación suponía un riesgo importante para su desarrollo emocional. Pero más allá de este caso, el informe va mucho más lejos: las relaciones de apego no son vínculos fácilmente sustituibles. Loli lo explica con una frase sencilla: “La meta debe ser el apego seguro. La meta no puede ser un papel de adopción”. Porque no cuestiona la adopción, sino que cuestiona que el expediente administrativo prevalezca automáticamente sobre la realidad emocional de un niño.
Más casos similares
Esa es precisamente la idea que hoy defienden las asociaciones de acogimiento. “No tiene sentido que un niño pase dos años en acogimiento y después tenga que empezar de cero con otra familia”, sostiene Ferrándiz. Su propuesta es “que transiten las medidas y no los niños”. Es decir, que cuando un menor ya ha encontrado estabilidad, sea la figura jurídica la que cambie -de acogimiento a adopción o a acogimiento permanente- y no el niño quien vuelva a perder el entorno que ya considera suyo.
Porque las asociaciones aseguran que el caso de María no es excepcional. No en vano, durante las entrevistas realizadas para este reportaje aparecen otros nombres y otras historias. Por ejemplo: una familia que pidió esperar apenas unas semanas para que las menores terminaran el curso escolar, pero que tampoco le dejaron hacerlo. Otra que acabó litigando hasta conseguir que los tribunales reconocieran su derecho a adoptar y ahora se dedica a asesorar a personas en su misma situación.
Madres y padres acogedores que, según relatan, viven con miedo a discrepar de las decisiones administrativas por temor a perder la idoneidad para futuros acogimientos. No existen datos públicos que permitan cuantificar cuántos casos similares se producen cada año en Andalucía. Pero quienes llevan años trabajando en este ámbito coinciden en una idea: el debate ya no gira únicamente en torno a las familias acogedoras, sino de los propios niños.
Cinco años después de la aprobación de la Ley andaluza de Infancia y Adolescencia, el reglamento que debía desarrollar ese nuevo modelo sigue pendiente. Para María y su familia de acogida, sin embargo, el problema no empezó con una ley ni con un informe psicológico. Empezó el día en que salió del colegio rodeada de cinco personas adultas y dejó atrás la habitación en la que, después de mucho tiempo, había aprendido a dormir sin miedo.
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