La lucha de Paloma para evitar que la desahucie un gran tenedor de la casa en la que vive en Granada desde hace 35 años

“Soy la última vecina de la calle”. La que lo dice es Paloma Navarro, una mujer de Granada que se enfrenta al desahucio de la que es su casa desde hace 35 años. Lo dice con la voz entrecortada, mirando con la rabia de quien se siente injustamente tratada, pero convencida de que antes de expulsarla de su vivienda ella va a dar batalla. No en vano, el propietario del inmueble, Estudios y Gestión Integral de Inmuebles, es un gran tenedor que adquirió todo el edificio —seis pisos en total— en el año 2024 y que, desde entonces, trata de echar a esta vecina del centro histórico granadino.

Pretende expulsarla del que es su hogar desde hace más de tres décadas pese a que tanto ella como su familia han vivido siempre en él sin dejar nunca de pagarlo. “Ahora mismo estoy sola y saben que soy más vulnerable”, lamenta Paloma, asumiendo que su batalla legal va a ser complicada. De hecho, este 21 de septiembre tiene el juicio por la demanda de desahucio interpuesta por los propietarios y no es optimista con el resultado. Según explica, el principal problema que tiene es que, además del interés de la empresa por expulsarla para remodelar el edificio para sacar más dinero por los pisos, el contrato que tiene lo firmó su padre en 1991, pero él falleció en 2002 sin que se haya subrogado. Algo a lo que se agarra Estudios y Gestión Integral de Inmuebles para afirmar que la casa en la que vive Paloma desde que tenía 7 años no es su casa.

Sin empleo estable, sin familia próxima, ya que sus padres fallecieron y sus hermanas no viven cerca, la situación económica de Paloma es de extrema vulnerabilidad. Paga una mensualidad que ronda los 350 euros y, pese a sus problemas monetarios, ha intentado negociar con la propiedad para subir la renta y acercarla al precio de mercado. “Soy consciente de que vivo en una zona donde el precio es más alto y aunque me cueste por mis ingresos, quiero llegar a un acuerdo, pero se niegan a escucharme”, lamenta. De hecho, cuenta que, tras hablar en persona con el propietario del inmueble, este le dijo que entendía su situación, pero que le entendiese a él, que ya había contratado la licencia para hacer obras y adaptar el edificio para sus proyectos inmobiliarios.

Paloma recuerda incluso el momento en el que el actual propietario conoció el interior de su casa. Fue antes de que el edificio cambiase de manos. Según cuenta, los antiguos propietarios le avisaron de que iba a acudir un arquitecto para estudiar la posibilidad de instalar un ascensor. El hombre que se presentó en su vivienda fue Rubens Cortés, al que identifica como la persona vinculada a la actual propiedad. Entró en la casa, recorrió las habitaciones y tomó fotografías. “Él ha estado aquí, él tiene las pruebas de que sabe que yo vivía aquí”, asegura Paloma, que conserva en su memoria aquella visita.

La escena, recuerda, tuvo lugar poco antes de que el inmueble fuese vendido. Paloma estaba en casa cuando el arquitecto, que es también el CEO de la inmobiliaria que posee su edificio, le pidió permiso para hacer fotografías en el interior. Ella accedió, aunque le llamó la atención que quisiera retratar distintas estancias. “Me preguntó, soy el arquitecto, ¿puedo echar unas fotos?”, relata. Después, asegura que el hombre le explicó que necesitaba comprobar las características del edificio y estudiar un posible acceso.

Unos meses después, cuenta, llegó la operación de compraventa y, con ella, el cambio de escenario para los vecinos que todavía permanecían en el inmueble. Paloma asegura que poco después recibió un burofax en el que se ofrecía a los residentes la posibilidad de comprar el edificio, una operación que cifraba en unos 800.000 euros. “Sabían que no teníamos 800.000 euros para comprar el edificio entero”, recuerda. Además, se da la circunstancia de que tres de los seis pisos de la finca llevan años vacíos y que los otros dos que quedan cuentan con alquileres temporales que acaban el próximo mes de abril, por lo que Paloma es la única residente fija que queda. La última vecina, junto a su gata, y la más vulnerable.

Dos años de presiones

Desde que se produjo la compra del edificio, la relación con la nueva propiedad ha estado marcada por los burofaxes. El primero que Paloma recuerda llegó en 2023 y tenía como asunto el pago del alquiler: incluía un número de cuenta al que debía seguir ingresando la mensualidad. Después llegó la comunicación de que el contrato no sería renovado. Hasta ese momento, el alquiler se había ido prorrogando anualmente y, según cuenta, la familia había seguido pagando con normalidad. En marzo de 2024 recibió el aviso de que la propiedad prescindía de esa renovación y que debía abandonar la vivienda.

Paloma no aceptó. Bajó a las oficinas que la empresa tiene en el mismo entorno de Plaza Nueva e intentó hablar con sus responsables. Primero con una empleada y después, según relata, con la mujer del propietario. La respuesta fue que no habría un nuevo contrato porque se iban a realizar obras en el edificio. Ella llegó incluso a hablar personalmente con Rubens para explicarle que llevaba toda su vida allí. “Él me entendía a mí, pero que lo entendiera yo a él”, recuerda que le dijo el propietario, según su versión, mientras le explicaba que tenía una licencia solicitada para realizar las obras.

La negociación no llegó a ninguna parte. Paloma asegura que estaba dispuesta incluso a asumir una subida del alquiler para adaptar la mensualidad al nuevo precio de la zona. Pagaba menos de 360 euros al mes y, pese a su situación económica, estaba dispuesta a hacer un esfuerzo para seguir viviendo en la casa. “Yo le dije que incluso estaba dispuesta a pagar más, que yo lo entiendo, que las cosas han subido, pero nada, nada”, explica.

La propiedad optó finalmente por acudir a los tribunales. El procedimiento iniciado contra Paloma es un desahucio por precario, una acción con la que la empresa reclama recuperar la posesión de la vivienda al considerar que ella carece de título para ocuparla. El Juzgado de Primera Instancia número 7 de Granada identifica expresamente a Estudio y Gestión Integral de Inmuebles como una entidad mercantil con condición de gran tenedora.

La situación económica de Paloma ha quedado además recogida en el propio procedimiento. Los Servicios Sociales del Ayuntamiento de Granada emitieron en junio de 2025 un informe en el que concluyeron que se encontraba en situación de vulnerabilidad social y económica. Un mes después, el juzgado dejó constancia de que estaba desempleada, no tenía bienes inmuebles y no había recibido una alternativa habitacional por parte de la Administración.

La jueza rechazó la suspensión extraordinaria que Paloma había solicitado al amparo de una de las medidas previstas para determinados hogares vulnerables, al considerar que no cumplía los requisitos específicos establecidos por esa norma. Pero, al mismo tiempo, acordó suspender el procedimiento durante un máximo de cuatro meses en aplicación de la Ley de Enjuiciamiento Civil y ordenó poner la resolución en conocimiento de los Servicios Sociales para promover el acceso de Paloma a los recursos necesarios, incluida una solución habitacional.

Ese tiempo, sin embargo, no ha resuelto el problema. Paloma tiene ahora que enfrentarse al juicio y a la posibilidad de perder la vivienda en la que se crio. Mientras tanto, ha rechazado, según cuenta, una oferta de 5.000 euros para abandonar el piso. Asegura que inicialmente se le ofrecieron 2.000 euros y que la cantidad aumentó después hasta los 5.000. “Como si me estuvieran haciendo un favor”, lamenta.

La alternativa que le queda pasa por resistir mientras se resuelve el procedimiento y tratar de encontrar una solución habitacional. Está inscrita como solicitante de vivienda protegida y asegura que se le ha aplicado un mecanismo que le permite tener prioridad cuando haya una vivienda disponible, pero ella misma señala la dificultad de que ese recurso llegue a tiempo. “Fíjate la de edificios vacíos que hay, pudiendo empezar por ahí”, lamenta.

Paloma no está sola

En su defensa no está sola. Stop Desahucios, el Sindicato de Vivienda y colectivos como Albayzín Habitable y Realejo Habitable la acompañan en el proceso. Para Ariadna, integrante de Stop Desahucios, la cuestión trasciende el caso concreto de Paloma. El colectivo asegura haber identificado otros edificios completos vinculados al entorno empresarial de Rubens Cortés y sitúa el caso dentro de la transformación residencial que, a su juicio, está experimentando el centro histórico de Granada. Según explica, el grupo ha localizado cuatro edificios completos en el entorno de calle Elvira y Plaza Nueva. Esta información, que procede del colectivo y que aparece en una web vinculada a la empresa, no ha podido ser contrastada con la propiedad.

La organización considera que el conflicto refleja una transformación más amplia del Albaicín y del centro de Granada, donde cada vez resulta más difícil que quienes han vivido históricamente en el barrio puedan seguir haciéndolo. “El barrio se cuida con vecinas”, resume Ariana, portavoz de Stop Desahucios y una de las personas que está más cerca de Paloma en todo este caso. Desde la plataforma sostienen que el problema ya no es solamente el precio de la vivienda, sino la progresiva desaparición de vivienda disponible para residentes en Granada capital.

La transformación del centro histórico también ha ido borrando la vida de barrio que Paloma recuerda. Cuenta que cada vez quedan menos vecinos de toda la vida, mientras las maletas y los turistas se han convertido en una imagen habitual de Plaza Nueva y el Albaicín. A su alrededor, dice, han desaparecido comercios tradicionales y han proliferado alojamientos y negocios orientados al turismo, haciendo cada vez más difícil que las familias puedan seguir viviendo en el barrio.

En el caso de Paloma, además, Stop Desahucios plantea que el hecho de que el contrato figure a nombre de su padre no debería cerrar necesariamente la puerta a su permanencia. Ariana explica que el colectivo ha defendido en otros procedimientos la subrogación de contratos de padres a hijos y considera relevante que Paloma nunca abandonase la vivienda. “Cuando su padre firmó el contrato, Paloma ya estaba dentro”, señala.

La organización admite, en todo caso, que la vía judicial será complicada. El auto dictado en julio ya estableció que Paloma no reunía los requisitos concretos para acogerse a una de las suspensiones extraordinarias previstas para determinados ocupantes vulnerables. Pero Stop Desahucios considera que existen otros argumentos jurídicos que deben ser estudiados y que, incluso en caso de una sentencia desfavorable, todavía habría margen para recurrir y negociar con la propiedad.

Paloma afronta así un juicio que para ella va mucho más allá de una disputa sobre un contrato. En las paredes de su casa siguen las fotografías familiares: sus padres, sus hermanas, los antiguos vecinos y las vivencias que se han desarrollado en esas habitaciones. Son imágenes de una vida que se ha desarrollado casi entera en esas estancias. Ella llegó con siete años y ahora, con 42, se enfrenta a la posibilidad de tener que marcharse.

“Que me he criado aquí, que llevo aquí desde los 7 años, y que este señor no necesita la vivienda para vivir”, dice cuando se le pregunta qué le pediría a la jueza. Y añade una frase que resume su situación: “Jamás en la vida hemos faltado un pago, que hay pruebas”. Ni Estudio y Gestión Integral de Inmuebles ni el propietario al que Paloma identifica como responsable de la operación han respondido a las preguntas formuladas por este medio. Tampoco el Ayuntamiento de Granada ha respondido a las cuestiones planteadas sobre el caso y la situación habitacional de Paloma.