El Poder Judicial debate una propuesta para archivar definitivamente las denuncias de Bolaños contra Peinado

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) analiza este martes el recurso de alzada presentado por el ministro de Justicia, Félix Bolaños, contra la decisión de archivar las quejas que presentó ante este mismo órgano contra el juez Juan Carlos Peinado, instructor del caso contra Begoña Gómez. El encargado de dar respuesta a ese recurso es el vocal conservador Carlos Orga, quien propone desestimarlo y confirmar así el cerrojazo definitivo de las denuncias presentadas, de acuerdo a las fuentes consultadas por elDiario.es. 

El pasado julio, los cuatro vocales conservadores de la Comisión Permanente y el consejero elegido a iniciativa de Sumar Carlos Hugo Preciado respaldaron la propuesta del Promotor de la Acción Disciplinaria de archivar las diligencias abiertas a raíz de las quejas de Bolaños. Esa misma Comisión Permanente decidirá este martes sobre el recurso, por lo que de mantenerse sus posiciones, las quejas quedarían archivadas definitivamente. 

De hecho, el propio Bolaños admitía en su recurso que no confiaba en que ese órgano revocara su propia decisión y anunciaba que su objetivo era agotar la vía administrativa antes de acudir a la Sala Tercera del Tribunal Supremo. Su objetivo, decía, es que esa instancia hiciera “el trabajo que correspondía al CGPJ: defender y proteger el buen nombre de la judicatura”.

“Actitud intimidatoria”

Bolaños denunció la “hostilidad” y la “actitud intimidatoria” del juez cuando le interrogó como testigo en la Moncloa en el caso contra la esposa del presidente del Gobierno y cuando, después, pidió sin éxito al Tribunal Supremo que abriera una causa contra él. El magistrado exigió una tarima para poder colocarse en un plano superior al del ministro, le acusó de contestar con “evasivas” y le llegó a reprochar que sonriera. 

En el recurso contra la decisión de archivar sus quejas, Bolaños afirmaba que la actuación del órgano de gobierno de los jueces no representa los estándares de agilidad y rigor exigibles y criticaba que “bien por conservadurismo, bien por corporativismo” hubiera sido incapaz de corregir las “irregularidades” denunciadas. 

Según ha podido saber este periódico, el principal argumento de la propuesta que rechaza ese recurso es que la mayoría de los hechos denunciados forman parte del ejercicio de la función jurisdiccional y no pueden ser revisados disciplinariamente por el CGPJ. 

En la grabación del interrogatorio consta que en los primeros minutos, el juez advirtió a Bolaños de que en cualquier momento podría modificar su condición de testigo a investigado. También que le reprendió por usar expresiones como “creo que” o “en términos generales” o que le reprochó que discrepara de la calificación de determinadas respuestas como “evasivas”. Tras analizar el interrogatorio, el ponente de la resolución que analizarán los vocales no considera que el magistrado actuara con desconsideración ni cometiera un abuso de autoridad con relevancia disciplinaria.

Esa propuesta sostiene, además, que la ley del Poder Judicial establece que cuando en una resolución judicial se empleen “expresiones innecesarias o improcedentes, extravagantes, manifiestamente ofensivas o irrespetuosas”, el Consejo solo puede actuar si lo solicita el tribunal superior del juzgado en cuestión, algo que no ha sucedido en este caso.

Falta de “motivación”

A juicio de Bolaños, la resolución del Promotor que archivó sus quejas carecía de “motivación”, dado que no realizó “un análisis verdaderamente individualizado de las actuaciones denunciadas” y tampoco explicaba “por qué todas quedarían comprendidas en el núcleo irreductible de la potestad jurisdiccional”. Por ejemplo, limitó a calificar como una “situación puntual de cierta tirantez dialéctica” lo que el ministro considera que fue “una actitud objetivamente intimidatoria e injustificadamente hostil” durante el interrogatorio.

Bolaños también denunció que el Promotor no hizo una investigación “completa y eficaz” en relación con las filtraciones denunciadas por el ministro, que puso de manifiesto que algunas resoluciones de la causa fueron publicadas por los medios de comunicación antes de que fueran notificadas a las partes. A este respecto, el escrito que analizarán los vocales admite que alguna resolución llegó a los medios antes de ser notificada a las partes, pero considera que había varias personas que podían acceder a ella y que no existen indicios suficientes para atribuir la filtración al magistrado. 

En su escrito, el ministro denunció asimismo que pasaron 427 días entre que presentó la primera de las denuncias en junio de 2025 y se le notificó el archivo el pasado 5 de agosto. Todo ello a pesar de que, a su juicio, se trataba de unas pesquisas sobre “actuaciones muy concretas, perfectamente identificadas y de muy sencilla comprobación”. La respuesta a su recurso de alzada rechaza que haya habido una tramitación indebidamente lenta, de acuerdo a las fuentes consultadas. 

Otra queja de la asesora

Está previsto que este martes, la Comisión Permanente analice también otra queja por otra filtración de la causa contra Begoña Gómez. En este caso, la queja partió de la trabajadora de la Moncloa Cristina Álvarez, asistente de la mujer del presidente, quien también se sentará en el banquillo. 

Su letrado, José María de Pablo, puso en conocimiento del CGPJ un escrito en el que acredita, con varios pantallazos, que el digital que dirige Eduardo Inda publicó el contenido de una providencia dictada por el juez 15 horas antes de que ese documento fuera trasladado a las partes a través de LexNET, la plataforma del Ministerio de Justicia que sirve para comunicarse electrónicamente con los juzgados y tribunales. La filtración, por tanto, solo podía provenir del juzgado, según el escrito. Las fuentes consultadas por elDiario.es apuntan a que el Promotor también propone el archivo de estas diligencias.