La Fiscalía retira la acusación a la excúpula catalana de Salud por el retraso en la vacunación de policías

Se intuyó el viernes y se ha confirmado este lunes. La Fiscalía ha retirado la acusación contra la exconsellera catalana de Salud Alba Vergés y a la cúpula de su departamento, para quienes inicialmente pedía hasta 12 años de inhabilitación, por el retraso en la vacunación de policías nacionales y guardias civiles en la pandemia del coronavirus.

Ante la sección 6ª de la Audiencia de Barcelona finaliza esta semana el juicio a los responsables de Salud durante la pandemia. La vista oral ha desinflado las tesis acusatorias y ha confirmado que el retraso en la vacunación de policías se debió a razones técnicas como el parón en la inmunización con AstraZeneca debido al peligro de trombos y no a que se quisiera discriminar a los agentes de los cuerpos estatales.

Cuando el tribunal ha pedido a las partes que elevaran sus conclusiones a definitivas, la fiscal del caso ha retirado la acusación a todos los acusados (además de Vergès, el entonces secretario de Salud Pública, Josep Maria Argimon; el exnúmero dos del departamento Marc Ramentol, el exdirector del Servei Català de la Salut (SCS) Adrià Comella, y el exresponsable de Servicios Francesc Xavier Rodríguez).

Solo las acusaciones populares que ejercen sindicatos de Policía Nacional y Guardia Civil han pedido mantener hasta15 años de inhabilitación para los acusados, mientras que las defensas se han reafirmado en su petición de absolución y han solicitado la condena en costas de las centrales.

No es habitual que la Fiscalía rebaje sus pretensiones al final de un juicio, aunque existen precedentes de retirada de acusaciones por parte del Ministerio Público tras vistas orales muy favorables a las defensas. La del caso de las vacunas ha sido una de ellas.

El respaldo más relevante a las defensas provino de los mandos de la Policía Nacional y la Guardia Civil que coordinaron la vacunación de sus agentes en Catalunya, quienes destacado que su relación con la Generalitat fue correcta. Tampoco desde Delegación del Gobierno pusieron tacha alguna a la actuación de la conselleria.

Los acusados insistieron en su declaración que la vacunación se paró por criterios técnicos decididos por el Consejo Interterritorial de Salud (donde participan el Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas) después de que se detectaran casos de trombosis con un lote de vacunas de Astrazeneca. Entre este lunes y este martes, las partes expondrán sus informes finales y el juicio quedará visto para sentencia.