La jueza del 'caso Supercopa' imputa a un ex alto cargo del Gobierno andaluz por posibles amaños en el estadio La Cartuja

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha implicado a un ex alto cargo del Gobierno andaluz y a un director gerente en activo, también vinculado con la Junta de Andalucía, en la supuesta trama de amaño de contratos para las obras de mejora del estadio de La Cartuja en Sevilla a cambio de presuntas comisiones ilegales, que rodea al expresidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Luis Rubiales.

Según un informe de la UCO adelantado por El Confidencial y al que ha tenido acceso elDiario.es, se trata de José María Arrabal, exsecretario general de Deportes de la Junta de Andalucía, nombrado por el exconsejero de Educación y Deportes, el fallecido Javier Imbroda, durante el primero Gobierno presidido por Juanma Moreno (una coalición PP-Ciudadanos). El otro investigado es Daniel Oviedo, actual presidente y gerente de la empresa pública de la Junta de Andalucía que gestionaba el estadio de La Cartuja (ECSSA).

Fuentes de la Consejería de Cultura y Deportes han matizado este martes que Oviedo “no es un cargo de la Junta de Andalucía y su figura es elegida por las instituciones representadas en el Consejo de Administración de la sociedad: Patrimonio del Estado, Junta de Andalucía, Diputación de Sevilla y Ayuntamiento de Sevilla, entre ellas”. “Es, por tanto, el consejo de administración de la sociedad Estadio de la Cartuja y no la Junta el que decide nombramientos y ceses”, advierten desde el departamento que dirige la consejera Patricia del Pozo, tras subrayar su “plena colaboración con la autoridad judicial”.

Este nuevo informe de la UCO fue remitido al Juzgado de Instrucción número 4 de Majadahonda (Madrid) el pasado 23 de febrero. Dos días después su titular dictó una resolución en la que autorizaba a la UCO la intervención de los efectos electrónicos, telemáticos o informáticos de Arrabal y Oviedo, así como el análisis y copiado de los servicios de banca 'online' con la finalidad de esclarecer y determinar un posible beneficio económico ilícito.

Los investigadores han hallado indicios de que tanto Arrabal como Oviedo contribuyeron en las relaciones entre la RFEF y una constructora llamada Gruconsa para las obras de adecuación del estadio de La Cartuja a distintas competiciones deportivas, como la Copa del Rey y la Supercopa, así como para cumplir los requisitos para su asignación como sede de la fase final de la UEFA EURO20.

A raiz de este informe, la jueza de Majadahonda que inició en 2022 la investigación del llamado 'caso Supercopa' ha citado a declarar en calidad de imputados a los dos ex altos cargos de la Junta, aún atribuirle “delitos específicos”, según consta en un auto del 25 de febrero, al que ha tenido acceso este periódico.

“Los elementos expuestos en el informe policial nº 6/2026, así como en la presente resolución, justifican de forma indiciaria la posible participación de de D. José María Arrabal Sedano y de D. Daniel Oviedo Barrera en los hechos investigados, por lo que procede declarar su condición de investigados en la causa, haciéndose necesaria y útil la medida de investigación tecnológica propuesta por la unidad policial actuante, ya que el material que se pretende investigar pudiera resultar útil a la investigación a los fines de esclarecer la totalidad de las acciones ilícitas cometidas por los investigados”, reza el escrito de la jueza.

En relación con las obras de remodelación contratadas en el estadio de La Cartuja, los investigadores han podido observar una participación directa de ambos ex altos cargos de la Junta. Así, Arrabal firmó el 'Convenio Marco' del Convenio de Selecciones (31 de marzo de 2021) que permitió la financiación de las obras en los tornos y el sistema de iluminación del estadio, así como el convenio de asesoría técnica con la RFEF para la contratación de expedientes vinculados a la Eurocopa y el acuerdo de inicio de los expedientes de licitación adjudicados a Gruconsa que permitieron realizar las obras de la sala de prensa y la zona deportiva.

Por su parte, Oviedo firmó las memorias justificativas de los expedientes licitados, así como cartas de adjudicación a la constructora. Según el informe, todos estos documentos constituyeron piezas clave en la estrategia de financiación de las obras que permitieron su ejecución por parte de Gruconsa, en connivencia con la RFEF.

El informe recoge también que tanto Arrabal como Oviedo adquirieron posteriormente sendos inmuebles en Málaga y Sevilla respectivamente y que ambos abonaron en torno a 50.000 euros de una sola vez para abaratar sus hipotecas.

Según la Guardia Civil, habría existido una triangulación de fondos entre tres empresas: la constructora Gruconsa, Dismatec Sport SL, empresa vinculada al empresario Francisco Javier Martín Alcaide, amigo de Rubiales; y GC Legal, despacho de abogados dirigido por Tomás González Cueto, asesor jurídico de confianza de Rubiales.