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Mónica Oltra y el escándalo del 'lawfare'

La exvicepresidenta valenciana Mónica Oltra con sus abogados, en una imagen de archivo.

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Hace unos meses, cuando se hizo público el acuerdo de investidura entre el PSOE y Junts, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y las asociaciones conservadoras de jueces y fiscales de España mostraron su “preocupación” y “rechazo” por el uso de la expresión lawfare. Es difícil discernir cuánto había de realidad y cuánto de pose en esa aparente indignación de quienes hace tiempo que vienen utilizando la justicia para favorecer los intereses políticos del partido popular. Sólo desde la ignorancia o la hipocresía puede negarse que en nuestro país se están utilizando desde hace tiempo técnicas de lo que se conoce como guerra judicial contra los partidos y políticos de izquierda.

Por si alguien tenía dudas, el juzgado de instrucción número quince de Valencia acaba de ordenar el archivo de la causa seguida contra la exvicepresidenta de la Generalitat valenciana Mónica Oltra al no haberse justificado la perpetración de delito alguno por su parte. Esta decisión certifica la realidad de un ejemplo burdo de lo que se conoce como lawfare.

Hace años que los estudiosos del tema vienen alertando de que nuestras sociedades viven un creciente fenómeno de judicialización de la política que nos acerca a lo que se empieza a conocer con el neologismo de juristocracia. En este marco, en el que el poder judicial tiende a ocupar espacios reservados a los poderes democráticos representativos, algunos poderes fácticos recurren a instrumentalizar la justicia para conseguir sus objetivos políticos. En ocasiones los jueces son meras herramientas de quienes mediante la acumulación de demandas (como hicieron contra las políticas de Ada Colau) e incluso falsificando pruebas (como han hecho contra Podemos) abusan del sistema judicial para neutralizar las políticas más transformadoras. Otras veces colaboran en ello con entusiasmo.

El caso de Mónica Oltra es muy indicativo de todo ello. En 2019 su pareja, monitor en un centro de menores, fue condenada por un delito de abusos sexuales sobre una interna cometido años antes. Poco después, la víctima –asesorada por un conocido dirigente ultraderechista– presentó una denuncia, convertida luego en querella, contra la entonces vice-presidenta. Otra asociación ultraderechista se personó como acusación particular. Alegaban que la Consejería de Igualdad había intentado ocultar el delito para no perjudicar la carrera de Oltra. El juez instructor investigó la acusación y ya en 2021 decidió que no había indicios de ningún delito y archivó la acusación. Sin embargo, la Audiencia Provincial de Valencia le ordenó seguir investigando como fuera. Lo que se conoce como una investigación prospectiva, a ver si se encuentra algo. Eso llevó a que en junio de 2022 la política progresista fuera declarada formalmente como investigada y tuviera que dimitir de sus cargos públicos y como diputada.

Por culpa de esas decisiones judiciales, Mónica Oltra recibió el odio de gran parte de la ciudadanía. En muchos medios de comunicación conservadores la presentaron como colaboradora en un delito de abusos contra una menor.

El verano pasado, sin embargo, se hizo público lo que muchos sospechaban. La víctima de los abusos declaró públicamente que, a cambio de su colaboración para denunciar a Oltra, dos dirigentes derechistas –uno de ellos relacionado con una empresa sanitaria perjudicada por las políticas progresistas de la vice-presidenta– le habían prometido una casa y un trabajo. Estos respondieron en redes sociales acusándola de chantajista y declarando que habían gastado miles de euros en ella. Quedaba en evidencia que había sido un montaje con intenciones políticas. Poco después salió a la luz un informe policial que evidenciaba que, tras analizar decenas de miles de correos electrónicos internos incautados, la policía no había encontrado ni una sola prueba de ninguna conducta delictiva por parte de Mónica Oltra o su equipo. Por mucho que se buscó, no apareció la menor prueba.

Seguramente, algunos magistrados y juristas conservadores saldrán ahora a la palestra alegando que el hecho de que el asunto finalmente se haya archivado es una prueba de que el sistema funciona y no se encarcela a inocentes. Si lo hacen, será porque toman por tonta a la ciudadanía. Mónica Oltra ha estado como investigada durante años. Tuvo que renunciar a su carrera política. Su partido perdió las elecciones y es difícil saber si alguna vez logrará lavar su reputación. Aquellos a los que molestaban las políticas transformadoras de la política valenciana consiguieron –con la ayuda de los tribunales– que dejara de aplicarlas y es difícil valorar hasta qué punto el caso no ha influido también en la derrota electoral de la izquierda. Han conseguido su objetivo mediante el uso ilegítimo de los mecanismos judiciales.

Es razonable que nuestros tribunales investiguen todas las denuncias de corrupción u otros delitos contra dirigentes políticos. No es razonable que, a partir de una acusación motivada a todas luces políticamente, los tribunales mantengan artificialmente sospechas sobre la honorabilidad de un cargo público durante cinco años. No es razonable que durante ese tiempo los jueces valencianos tuvieran un afán investigador inquisitorial intentando encontrar cualquier cosa contra la líder de la izquierda en la comunidad. La manera en la que se ha tergiversado la voluntad popular, excluyendo fácticamente de la política a quien había sido elegida por la ciudadanía, es terrible. El daño que se le ha causado a una política honesta, inconmensurable.

Nadie puede negar que sin la colaboración, siquiera involuntaria, de los tribunales este ataque a la integridad de las decisiones democráticas y a la honorabilidad de una persona no habría sido posible"

Los órganos del poder judicial, cuanto menos, no han actuado en este tema con la diligencia debida. Sin duda, no hay pruebas para acusar de prevaricación a ninguno de los órganos judiciales implicados. La cercanía familiar y personal de algunos jueces con los acusadores no basta para acusarlos de haber actuado delictivamente. Pero nadie puede negar que sin la colaboración, siquiera involuntaria, de los tribunales este ataque a la integridad de las decisiones democráticas y a la honorabilidad de una persona no habría sido posible. Es, pues, un ejemplo claro de lawfare. Un fallo del sistema que permite boicotear las políticas progresistas y amenazar a los servidores públicos que se atreven a intentarlas.

Viendo lo que ha sucedido aquí, cada vez que un juez conservador se indigne porque alguien use en público el concepto de lawfare muchos pensaremos que es un remedo de la mítica frase del Capitán Renault en la película Casablanca, cuando ordena una redada con la frase “qué escándalo, he descubierto que aquí se juega”… justo antes de que un croupier se acerque a darle sus ganancias.

En España hay lawfare. Se usan los tribunales para impedir el desarrollo de políticas transformadoras producto de las elecciones democráticas y nadie hace nada por impedirlo. Y sí, es un escándalo.

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