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Los fiscales que no querían aplicar la ley

El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, en una imagen de archivo. EFE/ Javier Lizon /POOL

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Dice la Constitución que la soberanía reside en el pueblo español. Y dice también que la ley, aprobada por el Parlamento, es la expresión de la voluntad popular: el pueblo soberano se expresa a través de las leyes que aprueban las Cortes y que todos debemos obedecer. Y así, la ley de amnistía ha sido aprobada, se ha publicado oficialmente y es una norma en vigor. Incluso aquellos a quienes no les gusta están obligados ahora a cumplirla. Lo contrario supone, directamente, dinamitar el Estado de derecho. Que es precisamente lo que querían hacer los cuatro fiscales del procés empeñados en no aplicar la ley de amnistía a los que acaba de desautorizar la mayoría de la junta de fiscales del Supremo. Lo grave, sin embargo, no es el absurdo empeño de estos señores en saltarse la ley, sino la posibilidad de que el Tribunal Supremo haga lo propio. 

Los cuatro fiscales, que sabían que de un modo u otro tendrían que obedecer a su superior –la Fiscalía funciona jerárquicamente–, se negaron públicamente a hacerlo. Ante eso, el fiscal general del Estado puede obligar a que se siga su criterio, pero antes debía oír la opinión no vinculante de esta asamblea en la que participan los fiscales del Supremo. La mayoría de sus miembros han apoyado la tesis del fiscal general, que era tan simple como aplicar la literalidad de la ley, pero, aunque no lo hubieran hecho, él habría dado la orden de pedírselo así al tribunal. Entonces ¿por qué han montado todo este jaleo esos cuatro fiscales conservadores? Pues para preparar el terreno para que el Tribunal Supremo se niegue a aplicar la ley de amnistía.

Es un esquema que ya han probado otras veces. Formalmente, lo que diga la Fiscalía no importa mucho. Es la versión de una de las partes, y el Tribunal no tiene la más mínima vinculación por ello. Aun así, si el Tribunal Supremo decide no aceptar la petición del fiscal de que aplique la ley tal y como ha sido aprobada, un argumento que podría usar para reforzar la disparatada decisión es que la junta de fiscales ha opinado públicamente que es mejor que no aplique la ley.

En definitiva, lo único que evita esta decisión de la junta de fiscales a favor de aplicar la ley es que, si nuestro más alto tribunal opta por el desatino de saltarse la ley, tenga el argumento de que la mayoría de fiscales opinan como él. Solo eso. De todas formas, no sería extraño que si finalmente el Supremo decide desafiar al Parlamento y pasarse por el forro el Estado de derecho, en su decisión incluya que los cuatro fiscales que más conocen del tema coinciden con su posición. Es muy burdo, pero todo ayuda para disimular un montaje cuyo único objetivo es revestir de argumentos pseudo-jurídicos lo que no es más que la negativa a acatar la ley.

No hace falta ser jurista para entender lo burdos que son los razonamientos de los fiscales díscolos y lo evidente que resulta su intento de saltarse la ley.

El artículo uno de la ley de amnistía dice que quedan amnistiados los delitos de malversación cometidos con el objetivo de conseguir la secesión de Cataluña pero sólo si no ha existido “propósito de enriquecimiento”. Más adelante, ese mismo artículo concreta qué significa propósito de enriquecimiento a efectos de esta ley: cuando quien haya usado delictivamente fondos públicos para promover la independencia “no haya tenido el propósito de obtener un beneficio personal de carácter patrimonial”. O sea, que no se perdona a quien se haya quedado personalmente con dinero, pero sí a quien lo haya usado para algo ilegal.  Eso es lo que dice la ley. Puede gustar o no, pero es la ley en vigor. Y es lo que todos, empezando por los tribunales de justicia, tenemos que aplicar.

Cuando la letra de la ley es clara, no hace falta interpretarla. Y desde luego, lo que no se puede es interpretarla para cambiar su sentido. Aun así, los cuatros fiscales del procés interpretan en el uso de dinero público para organizar el referéndum del 1 de octubre supuso “un indudable beneficio patrimonial” para los líderes del procés. Lo justifica en que estaban decididos a toda costa a celebrar el referéndum ilegal y conocían perfectamente la magnitud de gastos necesarios. Así que al usar dinero para eso de algún modo se enriqueció su causa, aunque ellos no se llevaran personalmente ningún dinero. Donde  la ley habla de beneficio patrimonial personal ellos creen que hay que leer cualquier beneficio para sus proyectos políticos. Y se quedan tan anchos.

A eso le suman un argumento que roza el infantilismo. El artículo dos de la ley especifica que no se pueden amnistiar los delitos  que afecten a los intereses financieros de la Unión Europea. Es una referencia clara a la malversación de fondos europeos. Sin embargo, nuestros fiscales activistas en su intento de tergiversar la ley interpretan que eso significa que no se puede amnistiar nada relacionado con la independencia porque el objetivo de los secesionistas es romper España y si España se rompe, las finanzas europeas irían mal. Es un razonamiento ridículo, pero no importa. A estas alturas la derecha judicial española ya ha renunciado a argumentar jurídicamente, les basta con aludir a la unidad de España para justificar cualquier cosa. Y tienen la seguridad de que su parroquia los apoya.

Ese mismo apoyo mediático, político y hasta académico está en estos momentos presionando a la sala segunda de nuestro Tribunal Supremo para que se sume a la tesis de los fiscales. Si es que manipular la ley pese a su claridad para hacer ver que dice lo contrario de lo que dice puede considerarse tesis. Si los magistrados presididos por el juez Marchena optan por esta opción nuestro país entrará en una peligrosa espiral. Se trata de un auténtico desafío a la legitimidad del Parlamento y con él a la sociedad democrática en su conjunto. La ley es la expresión de la voluntad popular y a ambas deben someterse los jueces. La justicia solo es democrática  si acata la ley. No hay mayor atentado contra el Estado de derecho que un juez que ignora la letra de la ley y la sustituye por sus propias ideas. Aunque sean ideas muy españolas y el juez en cuestión se sienta la reencarnación de los tercios de Flandes.

La amenaza es grave, pero probable. Si sucede, no tardaremos en ver a insignes juristas de derecha renunciando a todo lo estudiado y aprendido en años de carrera para defender estos argumentos extravagantes y sonrojantes. Pensarán que para parar la ley de amnistía no hace falta rigor jurídico, sino que basta con la desvergüenza. Supongo que a más de uno de los oponentes de la amnistía todo esto le causará un inmenso pudor pero veremos cuántos de ellos se atreven a expresarlo públicamente.

En un caso u otro, una nación democrática no puede permitir que los tribunales que aplican sus leyes y están sometidos a ellas, tengan la facultad de revisarlas según sus propios intereses y convicciones. No lo digo yo, lo decía en 1790 el diputado Thouret en la asamblea nacional revolucionaria. Se ve que algunos creen que la revolución francesa fue para nada.

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