Feijóo deja al PP canario con el culo al aire

Tuvo que ser apoteósica la reunión que la semana pasada se celebró en la sede madrileña del Partido Popular. Los llamados barones, los líderes y lideresas en los territorios autonómicos, alertaron a la dirección nacional del peligro de pactar con el Estado una reubicación entre todas las comunidades autónomas de una buena parte de los casi 6.000 menores que en estos momentos tutela Canarias. Esos barones no quieren asumir esa responsabilidad porque creen que les originaría problemas con sus votantes, a los que el PP lleva semanas excitando con el mismo discurso plagado de bulos que suelta cada día la ultraderecha, el que dice que menores migrantes y delincuencia son la misma cosa.

Los barones han impuesto su criterio y el del socio preferente del Partido Popular, Vox, frente a los problemas que sufren Canarias, Ceuta y Melilla, donde los recursos sociales se han agotado y empiezan a ser incapaces de asumir la responsabilidad constitucional de atender a los menores.

La última excusa esgrimida es que no se conoce la ficha financiera, es decir, la cantidad que el Estado transferirá a las comunidades autónomas para que hagan frente a esta eventualidad. Cualquier cosa parece valerle al PP para no asumir que Canarias, Ceuta y Melilla, donde el PP gobierna o cogobierna, necesitan la solidaridad interterritorial para poder hacer frente a este problema humanitario por una manifiesta falta de recursos ante el fuerte repunte de llegadas de personas desde África.

En una entrevista concedida este domingo a Canarias7, el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, de Coalición Canaria, dijo cosas muy interesantes. De entrada, que este no es un problema político sino un problema humanitario, lo que equivale a un golpe de timón importante desde sus primeros posicionamientos cuando regresó al poder hace ahora exactamente un año. Entonces se dedicó durante meses a utilizar este asunto como arma arrojadiza contra el Gobierno de España y contra su reciente adversario en las urnas, Ángel Víctor Torres. 

Ahora, Clavijo es más prudente y carga las tintas contra los que se oponen al frente común que su Gobierno y el central están tratando de sacar adelante, es decir, contra el PP, al que tiene como socio en el Gobierno canario. “Desgraciadamente es más fácil ponerse de acuerdo para repartirse sillones del Consejo General del Poder Judicial que para salvar la vida de niños y niñas. Así y todo, a pesar de declaraciones desafortunadas como las de la Armada y a pesar de las amenazas de Vox, creo que el sentido común va a acabar imperando”, vaticinó el presidente en esa entrevista a Canarias7.

Asegura Clavijo que su vicepresidente y presidente del PP canario, Manuel Domínguez, se está partiendo la cara por convencer a su partido. Algo que evidencia dos cosas: la primera, que Domínguez cumple con sus compromisos: se comprometió ante Clavijo a trabajar la reforma de la Ley de Extranjería para que el PP la apoye en las Cortes y las autonomías ayuden a aplicarla, y parece que lo ha hecho. El resultado, sin embargo, parece no haber sido el esperado, y el PP, al menos hasta el momento, ha preferido utilizar este asunto como nuevo elemento de confrontación contra el Gobierno de Pedro Sánchez aunque por el camino deje con el culo al aire a su barón territorial canario.

A Feijóo lo apoyan en Canarias unos cuantos correligionarios muy cercanos a la corriente criminalizadora de la inmigración y al uso de la Armada, con diez cañones por banda, contra las personas migrantes en general y los menores solos, en particular. Es el caso, por ejemplo, del senador y vicealcalde de Telde, Sergio Ramos, que en varias ocasiones ha traspasado públicamente la línea roja (con perdón) que separa la búsqueda de una solución a un problema del populismo más racista.

El miércoles se reunirá en Santa Cruz de Tenerife la Conferencia Sectorial de Infancia y Juventud, y allí sabremos dónde se sitúa este PP del moderado Feijóo: si en la responsabilidad que le piden las regiones más afectadas por este asunto o si en la confrontación con el Gobierno de Sánchez y la pugna por el electorado ultra que un día perdió y quiere recuperar a toda costa, olvidando que esos votantes preferirán siempre el original a una mala copia.