El Constitucional mantiene suspendido el aumento salarial a medida del actual director del Servicio Canario de Salud
El pleno del Tribunal Constitucional mantiene en suspenso el blindaje salarial que el Gobierno de Coalición Canaria (CC) y el Partido Popular (PP) coló en los presupuestos autonómicos de 2025 para permitir que los altos cargos sanitarios pudieran mantener las retribuciones que percibían en el sector privado. Dos fueron los gerentes beneficiados de esa reforma y uno de ellos es el actual director del Servicio Canario de Salud (SCS), Adasat Goya, que en la actualidad cobra 111.649 euros, 38.000 más que su antecesor en el cargo.
El presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, presentó un recurso de inconstitucionalidad contra la disposición final cuarta de los presupuestos canarios, la que incluía esa reforma legislativa para directores y gerentes de la sanidad pública.
Hasta ese momento, la Ley de Ordenación Sanitaria de Canarias, vigente desde 1994, garantizaba que los empleados públicos que eran nombrados gerentes no percibieran retribuciones inferiores a las que tuvieran en el puesto que desempeñaban con anterioridad.
La reforma incorporada por CC y PP vía presupuestos extendía esa garantía a quienes provinieran de una actividad privada, tanto por cuenta propia como por cuenta ajena.
El Gobierno central entiende que esa medida es contraria a la congelación de retribuciones prevista en las cuentas estatales (prorrogadas) de 2025 y al incremento general del 2,5% fijado para todo el personal del sector público.
También alega que con ese blindaje salarial para los gerentes sanitarios de las Islas “se quiebra el principio de legalidad presupuestaria”, puesto que “no se concreta la cuantía” de esa subida, sino que “queda al arbitrio del puesto que -incluyendo el sector privado- haya podido ostentar el que posteriormente sea nombrado gerente”.
Según el abogado del Estado, esa “incertidumbre” acerca de cuál puede ser el incremento retributivo para los gerentes sanitarios en Canarias, sin establecer máximos, “pone en jaque todo el sistema de gastos e ingresos contenido en la norma presupuestaria autonómica”. Esos sueldos podrían incluso “ser superiores a los de los altos cargos, lo que resultaría incongruente en términos absolutos”, exponía la representación estatal en este litigio.
El Constitucional admitió a trámite el recurso en noviembre del año pasado y decidió dejar en suspenso la reforma legislativa aprobada por el Gobierno de Canarias hasta analizar el fondo del asunto. Esa medida cautelar tenía un plazo de cinco meses. Ahora, el alto tribunal ha decidido prorrogarla tras escuchar a las partes. Sostiene que levantar la suspensión podría generar “un grave quebranto” para los propios gerentes si al final la norma se declara inconstitucional, puesto que se enfrentarían al deber de restituir lo cobrado en exceso.
El pleno del Constitucional señala que mantener esa suspensión tiene efectos “más fácilmente reparables”, ya que si la reforma legislativa es avalada en el futuro sólo hay que abonar a los gerentes afectados las cantidades atrasadas.
Tanto el Parlamento de Canarias como el Gobierno regional habían solicitado levantar esa suspensión del incremento retributivo para los directores sanitarios. Entre otras razones, argumentaban que en la actualidad sólo hay una persona que se beneficia de ese cambio. Se trata de Pablo Eguía del Río, gerente de los servicios sanitarios de Lanzarote, que aumentó sus emolumentos en 43.700 euros (de los 95.316,25 a los 138.993,92) para equipararlos a los que percibía en su actividad anterior como neurólogo.
Sin embargo, el Gobierno no incluye en su respuesta a Adasat Goya, que antes de asumir la dirección del SCS ocupó la gerencia del Hospital Universitario de Canarias (HUC) y vio cómo su retribución se incrementó de los 92.037,75 a los 109.663,38 euros en aplicación de esa norma incorporada en los presupuestos de 2025, según la propia administración informó a este periódico en respuesta a una solicitud de información cursada a través del Portal de Transparencia.
Antes de asumir funciones de gestión sanitaria, Goya ejerció en el sector portuario, primero como estibador y después coordinador de la terminal de contenedores. Además, fue concejal del municipio tinerfeño de El Sauzal (por Coalición Canaria) durante 16 años.
En la actualidad, ya como director del SCS, cobra 111.649 euros, la tercera mayor retribución de entre los cargos públicos de la administración canaria. Entre medias, la Consejería de Sanidad le ha pagado, a través de la Fundación Canaria Instituto de Investigación Sanitaria (FIISC), adscrita a la Consejería de Sanidad, un curso de alta dirección en salud de la Fundación San Telmo, por importe de 13.592 euros.
La suspensión de la norma se mantendrá hasta que el Tribunal Constitucional se pronuncie sobre el fondo del asunto.
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