Próximo objetivo: Begoña Gómez

En 2012, un jurado popular absolvió a Francisco Camps de un delito de cohecho pasivo impropio por haber aceptado trajes y otras prendas de vestir de la trama corrupta de la Gürtel. El veredicto estuvo reñido (cinco votos a cuatro) y tuvo algunas incongruencias curiosas: el jurado señaló, por ejemplo, que la relación entre Álvaro Pérez, El Bigotes, y Camps (que le llamaba “amiguito del alma”) había sido meramente “comercial”. No se tuvo en cuenta que dos de los imputados en su día en la causa, el exvicepresidente de la Generalitat Víctor Campos y el exjefe de gabinete en Turismo Rafael Betoret, fueron condenados tras aceptar que cometieron ese mismo delito. Tampoco que cinco empleados de las tiendas de las que salieron las prendas, aparte del sastre José Tomás, declararon que, sin lugar a dudas, se hacían prendas para Camps y Costa y que las pagaba el lugarteniente de la trama, Pablo Crespo, junto a las suyas propias, las de Álvaro Pérez y las del expresidente de Radio Televisió Valenciana Pedro García.

La absolución de Camps fue confirmada por el Tribunal Supremo de Marchena, y fue el inicio de una serie de absoluciones en todos los juicios en los que estaba acusado (Nóos, Fórmula 1, la visita del Papa Benedicto XVI, Valmor, Gürtel) por falta de pruebas o prescripción. En aquel 2012 y dado la sonrojante acumulación de pruebas en el caso de los trajes, se decía que era imposible que un jurado popular valenciano condenara a Camps, dado el abultado volumen de “campistas” entre la población de la comunidad.

Mientras los sesgos de los jueces se han dirigido solo a salvar a dirigentes del PP, nadie (del PSOE) ha protestado demasiado. La presunción de inocencia se imponía como relato y mejor 10 culpables del PP en libertad que un inocente de otra opción política en la cárcel. Sin embargo, la persecución judicial a Podemos, la condena rapidísima del Fiscal General del Estado, la más que problemática criminalización del nombramiento de David Sánchez en el país del enchufe y los contactos y la delirante instrucción del juez Peinado en el caso de Begoña Gómez han cambiado la percepción de la Justicia de una buena parte de los ciudadanos. Algunos lo llaman lawfare y otros, activismo judicial, y aquí también se encuadra la creatividad de los jueces para oponerse a la aplicación de la amnistía, las manifestaciones políticas de togados y la difícil digestión que está teniendo entre la alta magistratura (y entre los jueces tuiteros y televisivos) la resolución del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) avalando la ley de amnistía aprobada por el Congreso de los Diputados en mayo de 2024 y refrendada por el Tribunal Constitucional en junio de 2025.

Es evidente que muchos jueces de España tienden a ser conservadores y también que eso no les impide, en la mayoría de las ocasiones, hacer su trabajo de forma profesional e imparcial. Pero también es evidente que la alta magistratura ha pretendido hacer política con la amnistía y que los casos que afectan al entorno más cercano al presidente Pedro Sánchez no se sostienen fácilmente. La descarada falta de imparcialidad de Peinado hubiera merecido la anulación de toda la instrucción y, sin embargo, la Audiencia Provincial de Madrid ha bendecido en esencia la cacería a la esposa del presidente, limando los aspectos más llamativos y enviando a Begoña Gómez a juicio con jurado popular en Madrid, el kilómetro cero del fandom ayusista.

El acceso a la carrera judicial, la colonización política del CGPJ, la falta de independencia de la fiscalía, que la instrucción esté en manos de jueces y no de fiscales, la existencia de la acusación popular y, como consecuencia, de asociaciones ultra especializadas en interponer querellas en los juzgados, las diferentes velocidades en la resolución de las causas, los criterios distintos sobre lo que es o no punible respecto a la libertad de expresión y la aparente falta de control sobre jueces que no realizan bien su trabajo son temas que merecen un debate sin que los togados se pongan de uñas y se erijan en la última línea de defensa de la democracia. No solo se debe hablar de la politización de la justicia sino de la creciente tendencia a resolver en los tribunales las discrepancias y los problemas políticas. Y resolverlos siempre en una misma dirección, confundiendo independencia e imparcialidad. Podemos enorgullecernos de la que justicia actúe sin tener en cuenta los apellidos o el cargo de quien presuntamente ha cometido un delito, pero no es motivo de orgullo que actúe en función de los apellidos y el cargo a la hora de imputar delitos. La primera pregunta que debemos contestar con honestidad es: ¿Alguien cree que Begoña Gómez se enfrentaría a un jurado popular en Madrid si no fuera la esposa del presidente?