Protegido por la ley, abandonado por la realidad: el deterioro del patrimonio cultural del Alto Aragón

El patrimonio cultural del Alto Aragón plantea una paradoja que cuesta explicar. Hay iglesias románicas que han perdido su tejado. Castillos medievales donde la vegetación avanza más deprisa que las obras de conservación. Casas solariegas protegidas por la legislación, pero que continúan deteriorándose año tras año, mientras vecinos, propietarios y administración deciden qué hacer con ellas.

Muchos de estos edificios de la provincia de Huesca se encuentran en situación de riesgo y varios poseen la declaración de Bien de Interés Cultural (BIC). Sin embargo, esa protección jurídica no ha impedido que algunos se encuentren hoy en día más cerca del derrumbe que de la restauración.

Aragón dispone de uno de los sistemas de catalogación patrimonial más completos del país, articulado a través del Sistema de Información del Patrimonio Cultural Aragonés (SIPCA). Esta plataforma, en la que colaboran diversos organismos públicos aragoneses, documenta más de 15.000 fichas catalográficas de obras de arquitectura e ingeniería de todo tipo, una amplia selección del patrimonio inmaterial aragonés, documentos y archivos de Aragón.

Lista del SIPCA

Si bien es cierto que el SIPCA no tiene competencias para intervenir sobre los monumentos, sí es la mejor referencia para el conocimiento del patrimonio aragonés y una excelente fuente de consulta. Por ello, la lista elaborada por los técnicos del SIPCA dibuja un mapa preocupante repartido por toda la provincia de Huesca.

Fuentes del SIPCA explican a elDiario.es que existen una serie de edificios “de gran interés” en la provincia de Huesca que están en situación preocupante “y sangrante, en algunos casos”. Además, una buena parte gozan de algún grado de protección concedido por el Gobierno de Aragón.

Podemos hablar de la iglesia románica de Morcat, en un núcleo despoblado, y situaciones similares presentas la iglesia de San Pedro de Lavelilla, la de Villamana, la ermita de San Martín de Aguilar o el castillo de Berroy y otros ejemplos que aparecen en La Ribagorza como la ermita de la Virgen del Tozal, en San Esteban de Mall; San Martín de Lumbierres, en Aguinaliu; o la majestuosa iglesia de San Pedro en Castarlenas.

A ellos se suman edificios significativos declarados Bien de Interés Cultural como la iglesia de Santa Eulalia de Susín, cuyo estado preocupa desde hace años pese a su relevancia histórica, como el castillo y ermita de Esplubiello, en Hospitaled.

Asimismo, entre los inmuebles señalados por el SIPCA figuran el castillo de Falces, en Tolva; la torre medieval de La Llecina, en Mont de Roda; el palacio de los Gurrea en Argavieso; o el recinto fortificado de Lavelilla. No son casos aislados. Son parte de un patrón que se repite especialmente en pequeños núcleos afectados por décadas de despoblación.

Especialmente llamativo resulta el caso de Fanlo, donde Casa Ruba y Casa del Señor, son dos viviendas declaradas Bien de Interés Cultural, pero una de ellas ha protagonizado en los últimos años un enfrentamiento entre el Ayuntamiento del pueblo y el Gobierno de Aragón. El consistorio ha defendido la necesidad de eliminar los restos más deteriorados por motivos de seguridad, mientras Patrimonio ha impedido su derribo sin que, denuncian distintas voces, se haya ejecutado una intervención.

La existencia de una declaración como Bien de Interés Cultural suele asociarse a una garantía de protección, pero la realidad es bastante más diferente. La legislación obliga a preservar estos inmuebles, limita las intervenciones que pueden realizarse sobre ellos, pero no llevan una partida presupuestaria que garantice su conservación.

En Huesca existen 423 edificios catalogados como BIC y, según datos facilitados por la Dirección General de Patrimonio Cultural del Gobierno de Aragón, entre 2016 y 2026 se han realizado una treintena de intervenciones en bienes muebles declarados BIC en la provincia de Huesca por un valor cercano al millón de euros y se han acometido más de una veintena de intervenciones por casi 11.000.000 euros.

Indican que “la administración interviene en todos los casos” y que cada año se priorizan actuaciones “con el presupuesto ordinario de toda la comunidad”, pero también en situaciones extraordinarias de emergencia, como riadas o tormentas.

La principal amenaza, la despoblación

Para los técnicos del SIPCA, el principal problema no empieza en las grietas de los edificios, sino cuando desaparecen los vecinos, ya que una parte una parte importante de los inmuebles más deteriorados se encuentra en pueblos deshabitados. En muchos casos, pertenecen además a administraciones públicas, como la Confederación Hidrográfica del Ebro o el propio Gobierno de Aragón.

Desde el SIPCA también apuntan a un progresivo “desinterés institucional” y social hacia edificios que hace décadas dejaron de cumplir la función para la que fueron construidos. “La despoblación es una de las principales amenazas”, explican, al tiempo que confiesan que “en algunos pueblos habitados tampoco existe un interés especial por conservar determinados inmuebles”. Por lo que estos edificios dejan de mantenerse, aumentan los riesgos estructurales y se limitan a impedir el derribo sin encontrar financiación para restaurarlos.

A la pregunta de si hacen falta más recursos, las propias fuentes del SIPCA reconocen que sería lo ideal, pero dudan de las posibilidades reales de incrementar el presupuesto porque compiten, dicen, con servicios esenciales como la sanidad o la educación. Además, rehúyen un planteamiento que permita salvarlo todo, porque consideran que “restaurar por restaurar” no tiene sentido.

En su opinión, cualquier intervención debería ir acompañada de un proyecto que garantice la utilización del inmueble. Restaurar una iglesia situada en un pueblo completamente abandonado resulta difícil de justificar si después carece de cualquier uso cultural, turístico o social que permita mantenerla.

Bien de Interés Cultural

Hispania Nostra es una asociación sin ánimo de lucro declarada de utilidad pública, que trabaja desde el año 1976 en la defensa, promoción del patrimonio cultural y natural. Comparten el diagnóstico sobre la delicada situación del patrimonio altoaragonés, aunque rechazan reducir el debate a una cuestión exclusivamente presupuestaria.

El portavoz de la Lista Roja de Hispania Nostra, Víctor Antona, considera que disponer de más recursos siempre facilitaría la conservación, pero sostiene que el origen del problema es mucho más profundo. “No es solo el dinero, sino la distribución del patrimonio en zonas de baja densidad de población. El modelo económico que durante años las ha sustentado ya ha desaparecido. Y, por otro lado, una parte importante de ese patrimonio está en manos privadas. Creo que el 30 % de los elementos que hay en la Lista Roja están en despoblados y otro 30 % deben estar en poblaciones con menos de 100 habitantes”, explica.

El portavoz indica que recuperar iglesias, castillos o edificios históricos solo tendrá sentido si esas actuaciones se integran en una estrategia más amplia de desarrollo territorial y no le vale la idea de que los migrantes están repoblando las zonas deshabitadas, “si cuando sus hijos deban estudiar se irán y no querrán volver”. En ese contexto, defiende que el patrimonio puede convertirse en un motor económico a través del turismo, la restauración o la generación de nuevas actividades vinculadas a estos bienes, contribuyendo así a fijar población.

Antona evita establecer comparaciones entre comunidades autónomas, pero señala que Huesca presenta un porcentaje de rehabilitaciones “superior a la media nacional”, aunque Aragón comparte problemática similar con Castilla y León o Castilla-La Mancha sobre la baja densidad de población. El portavoz recuerda que desde la aprobación de la Ley de Patrimonio Histórico Español se ha realizado un enorme esfuerzo de protección legal, aunque advierte que conservar un patrimonio tan extenso exige algo más que restauraciones puntuales. Según el portavoz, las administraciones deberían trabajar con una planificación a décadas vista. “Hay que pensar qué patrimonio queremos conservar dentro de treinta años”, concluye.

Casos revertidos

Pero no todo es gris. Existen ejemplos que demuestran que el deterioro no siempre es irreversible. En Alcalá de Gurrea, la consolidación de la Atalaya de Tormos ha permitido frenar el avance de los daños sobre una destacada torre islámica. En Morrano, se ha intervenido para asegurar la estructura exterior de la iglesia mientras continúan previstas nuevas fases de restauración. La iglesia de la Asunción de Castejón de Sobrarbe consiguió abandonar una situación crítica tras una intervención desarrollada hace unos años.

También en Puibolea se reconstruyó la cubierta de la iglesia después del hundimiento de su tejado, evitando que el edificio continuara degradándose, y la misma suerte ha corrido la torre de la iglesia de Nueno que ha sido igualmente consolidada. En el Alto Aragón, un territorio profundamente marcado por la despoblación, iglesias, castillos o casas solariegas constituyen el vínculo con pueblos donde ya no vive nadie y mantienen viva una parte de la memoria de la zona.