La bajada de impuestos de PP y Vox a los grandes herederos deja un agujero de 290 millones de euros en Balears

La 'supresión' del Impuesto de Sucesiones y Donaciones en Balears, aprobada por el Govern de Marga Prohens (PP) con el apoyo de Vox nada más arrancar la actual legislatura, ha dejado en el último año un agujero de 460 millones de euros en las arcas públicas. De esa cantidad, 289 millones dejados de pagar corresponden a 15 herederos (el 0,1% de declarantes). A pesar de que el Ejecutivo autonómico presume, sobre todo, de beneficiar con esta medida a más de 20.000 familias, lo cierto es que son los ultrarricos quienes se han visto favorecidos por la reforma impulsada por los conservadores en su batalla por reducir al máximo la recaudación fiscal, lo que ha provocado que el dinero que las rentas más altas de las islas hayan dejado de contribuir al sostenimiento del Estado de bienestar.

En línea de otras Comunidades Autónomas gobernadas por el PP, el 18 de julio de 2023 el Govern aprobó de urgencia, apenas dos semanas después de que Prohens fuese investida presidenta, eliminar de facto la aplicación de este tributo -ya ampliamente bonificado en toda España- so pretexto de “ayudar a las familias con más dificultades”, amparándose, además, en la falacia de que, con la bonificación del 100% de este gravamen -que abarca a las herencias entre padres e hijos, nietos y abuelos y entre cónyuges-, se ha dejado de penalizar “el esfuerzo de toda una vida de las familias”. Un argumento que no atiende a la realidad, dado que este impuesto no se impone sobre el inmueble en cuestión, sino que recae en quien lo hereda al ver incrementada su riqueza sin haberla generado con su propio trabajo. Pese a los alegatos repetidos una y otra vez por PP y Vox, el Impuesto de Sucesiones no busca castigar el ahorro ni a las familias, sino equilibrar la concentración de patrimonio que se transmite de una generación a otra.

Se trata, de hecho, de uno de los pocos instrumentos fiscales diseñados para corregir la desigualdad hereditaria, que tiende a ir en aumento cuando los patrimonios más elevados se transmiten íntegros sin haber tributado apenas por ellos, consolidando de este modo la brecha entre quienes heredan y quienes no. El mensaje político del Govern convierte así un privilegio patrimonial en un derecho adquirido, reforzando la idea de que la riqueza heredada no debe contribuir al sostenimiento del gasto público. La bonificación del Impuesto de Sucesiones desplaza, de esta forma, la carga impositiva hacia quienes no heredan ni poseen bienes significativos -dado que la recaudación de este tributo, al dejarla sin efecto, deja destinarse a los servicios esenciales- y rompe con el principio de equidad vertical del sistema fiscal, según el cual quien más tiene debe aportar más.

La reducción y recorte de impuestos responde, además, a uno de los mantras más repetidos por los partidos conservadores y por la ultraderecha: que “el dinero está mejor en el bolsillo de los ciudadanos”. Sin embargo, esta afirmación omite que no todos los bolsillos son iguales: quien hereda un piso modesto apenas obtiene un ahorro simbólico, mientras que quien recibe varias propiedades evita pagar sumas que, en algunos casos, superaban los cientos de miles de euros. Una circunstancia, la reducción de la capacidad recaudatoria de Balears, que se agrava en un contexto en el que las islas afrontan importantes déficits estructurales, principalmente en materia de vivienda.

Los datos

En concreto, de acuerdo a los datos de la Agencia Tributaria en Balears (ATIB) a los que ha tenido acceso elDiario.es, entre julio de 2024 y mayo de 2025 se han acogido a las bonificaciones de este impuesto un total de 9.338 personas, lo que supone una cuantía de 460 millones de euros dejada de ingresar por el erario público. Frente al alegato esgrimido por el Govern de Prohens de que este tributo “ahogaba” a la población, los datos del último año muestran cómo gran parte de los ciudadanos (un 43%) se ha ahorrado menos de 1.000 euros. Esto es debido a que el tipo impositivo que se aplicaba a las herencias inferiores a los 700.000 euros era de tan solo un 1%, un porcentaje que se eleva gradualmente hasta el 20% para los patrimonios de más de 4 millones euros.

Frente a esos menos de 1.000 euros que se han ahorrado las clases medias y bajas, los 93 declarantes más ricos (el 1%) se han ahorrado 4 millones de euros cada uno, que de manera global supone una pérdida de recaudación de 372 millones de euros, poniendo en peligro el escudo social desplegado en los últimos años tanto a nivel estatal como regional y a riesgo de incumplir los objetivos de rebaja del déficit (el desequilibrio entre ingresos y gastos públicos) establecidos por la Unión Europea.

De acuerdo a la información consultada, en 79 de los casos, las bonificaciones han sido superiores a los 500.000 euros, que representan el 0,8 del total de contribuyentes y suponen un ahorro de 367 millones de euros. De todos ellos, 15 herederos se han ahorrado 289 millones de euros. Los datos ilustran, por tanto, que los grandes beneficiados no son las clases medias y trabajadoras de Balears, sino los ultrarricos.

“Migajas” para la mayor parte de la población

“Han ahorrado migajas a la inmensa mayoría de la población, pero han ahorrado muchos millones de euros a los que tienen un mayor patrimonio, lo que socialmente es un fracaso”, sostiene, en declaraciones a elDiario.es, el diputado del PSIB-PSOE y profesor de Economia Aplicada de la Universitat de les Illes Balears (UIB) Llorenç Pou, quien subraya, además, que uno de los aspectos más llamativos es el alud de declaraciones de herencias y donaciones que se están registrando en vida, con hasta 5.730 en el último año. Un dato que, asevera Pou, confirma que se está produciendo una “ingeniería financiera” por parte de quienes más tienen para aprovecharse de estas rebajas fiscales. La reforma ha incentivado así el uso de los pactos sucesorios, una figura muy extendida en Balears que permite transmitir bienes en vida y que, con la eliminación del impuesto, se ha convertido en una vía de planificación fiscal casi exclusiva para las rentas altas.

De acuerdo a los datos consultados por este periódico, las cifras contrastan, además, con las del primer año en el que comenzó a bonificarse el Impuesto de Sucesiones. Entre julio de 2023 y junio de 2024, las arcas públicas dejaron de ingresar 70,5 millones de euros frente a los 460 millones dejados de aportar entre julio de 2024 y mayo de 2025, multiplicándose por siete el perjuicio económico para el erario de los ciudadanos. Asimismo, en el primer año, dos personas se ahorraron cada una 5 millones de euros. En el segundo año, ya son 11 declarantes los que han dejado de abonar esta misma cantidad. Y también han entrado en juego los ultrarricos: en tres casos, cada uno se ha ahorrado 55 millones de euros, en dos casos, 27 millones, y dos, más de 10 millones.

Realizando una comparativa con el Impuesto de Turismo Sostenible (ITS), que grava las pernoctaciones hoteleras en los establecimientos reglados por ley en Balears, la recaudación de este último tributo en 2024 fue de 164 millones, lo que supone menos de una tercera parte de los 460 millones dejados de ingresar con el Impuesto de Sucesiones. Una cantidad que, asevera Pou, podría destinarse a construir tres centros sanitarios similares al nuevo Parque Sanitario de Son Dureta, presupuestado en 150 millones de euros. “Están vaciando la capacidad fiscal del Govern de los próximos 20 años”, afirma.

El socialista llama la atención, asimismo, sobre el hecho de que, en 2.325 casos (el 20% de las declaraciones), no se han aprovechado las bonificaciones fiscales y que incluso hay contribuyentes que han preferido pagar 800.000 euros, un hecho que, en su opinión, “demuestra que una parte importante de los ciudadanos continúa dando la espalda a la chapuza fiscal” del actual equipo de gobierno.

El Govern: “Es un impuesto injusto”

Desde el Govern, sin embargo, defienden como justa la reforma fiscal implantada. “Siempre hemos defendido que nadie debe pagar por el impuesto de sucesiones y donaciones porque es un impuesto injusto, grava el esfuerzo de las familias, y además su eliminación permite mantener el patrimonio dentro de la familia”, señalan a elDiario.es fuentes de la Conselleria de Economía, Hacienda e Innovación. Subrayan, además, que 20.646 familias se han beneficiado de la eliminación del tributo y que el 94% de las herencias bonificadas al 100% son inferiores al millón de euros, lo que ha permitido un ahorro de 758 millones. Un dato, sin embargo, que se extrae de los dos años de aplicación de la medida y no del último ejercicio. “Entonces, ¿estas 20.646 familias de las Illes Balears son grandes fortunas?”, recalcan.

Las mismas fuentes recalcan, además, que el balance del cumplimiento de los dos años del inicio de la reforma fiscal, aglutinando el ahorro de las bonificaciones del Impuesto sobre sucesiones, el de transmisiones patrimoniales y las deducciones fiscales aplicadas en la campaña de la renta del pasado ejercicio, asciende a un toal de 835 millones de euros. Unas medidas que se han conjugado con un incremento del gasto no financiero de 615 millones de euros en esos dos años y con una reducción de aproximadamente 500 millones de euros de deuda viva. “Demostramos que el equilibrio era más que posible”, subrayaba recientemente el vicepresidente primero del Govern, Antoni Costa.

El Ejecutivo del PP sostiene, además, que la bajada de impuestos no compromete la estabilidad financiera de Balears, alegando que las islas son actualmente una de las regiones que más crecen económicamente en España -al cierre de 2024, el Producto Interior Bruto (PIB) del archipiélago aumentó un 4,2 %, según el Instituto Nacional de Estadística-. Asimismo, desde la Conselleria de Economía, Hacienda e Innovación, encabezada por Antoni Costa, subrayan que las agencias de calificación crediticia han mejorado en dos ocasiones la nota de la Comunidad Autónoma durante esta legislatura. En concreto, estas firmas de calificación de riesgo se encargan de evaluar la solvencia de las administraciones públicas -aunque no la sostenibilidad social ni la calidad del gasto público- y determinar en qué condiciones pueden éstas endeudarse en los mercados financieros-.

Con todo, que una administración pueda financiarse en los mercados, incluso a tipos más bajos de interés, le permite responder a necesidades financieras a corto plazo, pero no implica la inexistencia de un riesgo fiscal ni evita que el dinero dejado de obtener vía impuestos deje de destinarse a los servicios básicos de la población o a amortiguar futuras crisis.

Advertencias de los organismos nacionales e internacionales

En este sentido, son varias las advertencias lanzadas a Balears por la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), ente estatal encargado de evaluar las cuentas públicas. En varios de sus informes, el organismo carga contra las medidas adoptadas por el PP en Balears por fiar su política económica al incremento de gastos y a la reducción y eliminación de impuestos. En este sentido, el organismo amonesta especialmente a las islas por el hecho de disminuir el mínimo exento en el Impuesto de Patrimonio mientras se encomienda a ingresos de menor cuantía, como los derivados del aumento de las tarifas del canon de saneamiento de aguas.

Del mismo modo, instituciones como el Banco de España, el Banco Central Europeo (BCE) y el Fondo Monetario Internacional (FMI) han advertido del riesgo de bajar impuestos y abogan, además, por incrementar los gravámenes a las grandes fortunas y a las empresas que más se han beneficiado de la inflación -principalmente, los bancos y las energéticas-. Por su parte, la OCDE, que engloba las grandes economías del mundo, respalda especialmente el mantenimiento e incremento del Impuesto de Sucesiones al considerarlo una herramienta primordial para mejorar la equidad económica, promover la justicia social y reducir las desigualdades estructurales de la sociedad. “Este impuesto ensalza la igualdad de oportunidades”, defiende la organización en uno de sus informes, en el que asevera que la riqueza mundial es, en una gran parte, heredada, por lo que su fiscalidad puede ayudar a corregir desigualdades que se arrastran. Sin ello, estas desigualdades pueden prolongarse a lo largo de futuras generaciones.

La supresión del Impuesto de Sucesiones en Balears se suma, además, a la rebaja parcial del Impuesto de Patrimonio, que ha supuesto una importante merma de ingresos -entre 60 y 70 millones de euros anuales- para la Comunidad Autónoma, favoreciendo con ello a las fortunas más elevadas. Pese a que ni PP ni Vox hablan de eliminación de este gravamen, en la práctica sí supone la supresión de su aplicación en las islas, dado que la práctica totalidad de los contribuyentes están exentos de su pago: los populares decidieron eximir del pago de este tributo a quienes posean un patrimonio inferior de tres millones de euros -excluida la vivienda habitual-, cuando hasta entonces el límite se situaba en los 700.000 euros. 

Si el Ejecutivo hubiera eliminado también el tributo para las fortunas superiores a los tres millones de euros, el efecto sería nulo en el archipiélago, dado que esos patrimonios pasarían a tributar al Gobierno central a través del 'impuesto de solidaridad de las grandes fortunas', cuyo tipo impositivo se sitúa en el 1,7% para los patrimonios de entre 3 y 5 millones de euros; del 2,1% para quienes posean un conjunto de bienes de entre 5 millones y 10 millones, y del 3,5% para aquellos que superen los 10 millones de euros. Las arcas de las islas, por tanto, no recibirían nada de esta recaudación.