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El PP sucumbe a las bajadas de impuestos para ricos que abandera Ayuso mientras reclama al Gobierno más dinero

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, saluda a la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, en la jornada inaugural de la XV Interparlamentaria del PP. A continuación, el presidente andaluz, Juan Manuel Moreno.

Aitor Riveiro / David Noriega

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“Estoy cansado de que muchos empresarios andaluces residan en Madrid”. Así ha justificado el presidente de Andalucía, Juan Manuel Moreno, la eliminación del Impuesto de Patrimonio que aprobará su Gobierno este martes y que eximirá de pagarlo a los 20.000 andaluces más ricos. Una frase que implica la asunción de la competencia desleal en fiscalidad que Madrid ejerce sobre el resto de las comunidades autónomas, gracias a la gran ventaja recaudatoria que le supone ser la capital. En el PP aseguran que, pese a las bajadas de impuestos, mejoran los servicios públicos porque aumentan la recaudación, aunque los datos desmienten este discurso. La confirmación llega cuando reclaman más financiación al Gobierno para competencias autonómicas sociales, como Sanidad, Educación o Dependencia.

Las denuncias por ese dumping fiscal que ejerce Madrid no son nuevas. El que las ha liderado habitualmente es el presidente de la Generalitat valenciana, Ximo Puig, quien ha reclamado en diferentes ocasiones una “armonización” que establezca unos mínimos impositivos uniformes para todas las comunidades del régimen común a los tributos que pagan los ricos.

La región que preside Isabel Díaz Ayuso percibe unos ingresos cautivos gracias a tener la capital: grandes empresas, ministerios, instituciones públicas en las que trabajan miles de altos funcionarios con los mejores sueldos, etcétera. Algo que desde el PP de Madrid se empeñan en negar, e incluso aseguran que para la región es contraproducente. Sin embargo, cuando el Gobierno de coalición ha expresado su intención de promover la deslocalización de entes estatales a otras comunidades, o que alberguen los nuevos, Ayuso se ha mostrado enfurecida y lo ha tildado de un ataque contra Madrid.

Esa recaudación fija, a través del IRPF, del IVA o de impuestos especiales como el de Hidrocarburos que se queda íntegramente cada autonomía, entre otros, ha permitido al PP reducir figuras tributarias en beneficio de las rentas más altas. Así, personas de gran capacidad adquisitiva, y de consumo, se inscriben como residentes en Madrid, aunque vivan efectivamente en otro lugar, lo que vacía las arcas públicas de otras regiones, que difícilmente pueden competir en igualdad de condiciones no ya con otras regiones europeas, sino siquiera dentro de su propio país.

Aunque esta agresiva política fiscal no es nueva en el PP de Madrid, Ayuso la ha llevado a su máxima expresión política al intentar establecer una relación directa entre el ser madrileño, la “libertad”, lo “tabernario” y los impuestos bajos. Todo es uno en la estrategia estatal de la presidenta madrileña. Tanto, que Moreno no ha hecho el anuncio en Andalucía. Ha viajado a Madrid para hacerlo delante de grandes empresarios y destacadas fortunas.

Ayuso, que exime a 18.000 millonarios de contribuir a las arcas públicas con cerca de 1.000 millones de euros al año, festejó su triunfo en Twitter casi de forma inmediata: “Bienvenidos al paraíso”.

Hasta ahora, Madrid era la única región con el 100% del Impuesto de Patrimonio bonificado. La medida la implantó Esperanza Aguirre en 2008, después de que el Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero abriera la puerta a que las autonomías hicieran con este tributo lo que quisieran.

Pese a la bonificación, quienes tengan más de dos millones de euros están obligados a registrar su declaración, aunque luego no tengan que pagar ni un euro, lo que permite saber que Madrid es la tercera región con más declarantes, por detrás de Catalunya y la Comunitat Valenciana, pero se sitúa a la cabeza en importe. En total, los millonarios con sede fiscal en la Comunidad de Madrid acumulan un patrimonio por valor de 201.825 millones de euros. 

Madrid logra así atraer a grandes fortunas. El propio presidente andaluz reconocía este lunes que 10 de los 20 contribuyentes con mayor patrimonio en 2019 “huyeron de Andalucía en 2020”. Sin embargo, desde la Consejería de Hacienda madrileña indican que no hay estadísticas que demuestren la fuga de contribuyentes de una comunidad autónoma a otra.

No solo Patrimonio. Madrid bonifica también el Impuesto de Donaciones, lo que ha aumentado las declaraciones de donaciones en la región. Desde el PP de Madrid lo venden como una prueba de que su modelo funciona. Otra lectura es que antes eran incapaces de perseguir el fraude fiscal. O que no lo hacían, por el motivo que fuera.

Los datos: caída de la recaudación

Andalucía sigue así los pasos de Madrid, pese a que las rebajas fiscales acometidas por el Gobierno de Juan Manuel Moreno desde 2019 no han tenido el resultado que el PP se empeña en vender. En la primera legislatura de Moreno subió la recaudación fiscal en Andalucía, sí. Pero como en toda España, gracias a la mejora económica tras comenzar a superar la crisis de una década antes.

De hecho, en Andalucía la recaudación creció por debajo de la media nacional. En el caso del IRPF, de hecho, experimentó un descenso entre 2019 y 2020, según los datos oficiales, frente a un crecimiento medio del 0,43% en todo el país.

En el PP andaluz también se felicitan de que con la bajada de impuestos que puso en marcha Moreno en su primera legislatura ha aumentado el número de contribuyentes. Pero los mismos números corresponden a los andaluces que lograron empezar a trabajar, según los datos de la Agencia Tributaria. La “bajada masiva de impuestos” del primer Gobierno de Moreno, que se cerró la pasada primavera, acabó con un saldo de menos de cien euros para la mayoría y beneficio para las rentas altas

Moreno es ahora el alumno más aventajado de la fiscalidad de Ayuso. Pero antes que él, otros siguieron la misma senda. En Galicia, Alberto Núñez Feijóo ya bonificó el Impuesto de Patrimonio a las rentas por encima de los 700.000 euros.

Bajar impuestos... para pedir dinero al Gobierno

Como las cuentas no salen, o salen diferentes, el presupuesto se resiente. En el PP aseguran que otra clave de su proyecto económico y fiscal pasa por mejorar la eficiencia del gasto público, lo que deriva en que reducir la recaudación no supone automáticamente que se reduzca la asignación a los servicios sociales.

Pero la realidad vuelve a chocar con el relato de la derecha. En Galicia, por ejemplo, a la vez que se bonificaba el Impuesto de Patrimonio se anunció una reducción del presupuesto para la Atención Primaria. En Madrid, laboratorio neoliberal, el Gobierno de Ayuso mantiene cerradas la mayoría de las urgencias de este servicio sanitario, esencial para no colapsar los hospitales, y ha reducido en un 10% los trenes de metro.

Y es que este mismo lunes tras la habitual reunión del Comité de Dirección del PP, presidido por Núñez Feijóo, ha ofrecido una rueda de prensa el número tres del partido, Elías Bendodo, quien fuera hasta hace unos meses mano derecha de Moreno en Andalucía.

Bendodo ha sacado pecho de la gestión económica de la Junta. Para, a continuación, reclamar al Gobierno central más dinero para los servicios sociales que son de competencia exclusiva de las comunidades autónomas. Expresamente, el coordinador general del PP ha reclamado fondos a Pedro Sánchez para Sanidad, Educación y Dependencia.

La financiación de esta última, por ejemplo, se fue a 0 durante los gobiernos de Mariano Rajoy. En los Presupuestos de 2021, el Ejecutivo de coalición inyectó 600 millones. En los de 2022, 1.200. Al final de la legislatura se llegará, si se cumplen los planes, a un desembolso total de 6.000 millones para Dependencia.

No es la primera vez que el PP presume de bajar impuestos para, a renglón seguido, reclamar dinero al Estado. Fue la lideresa madrileña quien, una vez más, marca la senda. Este mismo verano reclamó al Gobierno un rescate para el Metro de Madrid. También ha pedido que el dinero destinado a políticas de Igualdad vaya a “servicios públicos”. O ha clamado por una supuesta preferencia por Catalunya, en detrimento de Madrid, cuando no llegó a la mitad de la inversión prevista en Catalunya y Andalucía, mientras casi se dobló en Madrid.

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